El proceso para la adquisición de franquicias por parte del gobierno de Rafael Moreno Valle Rosas se realizó con total opacidad, por lo cual es acertado que la actual administración estatal investigue al respecto.
Así lo consideró Francisco Lobato Galindo, presidente de la Red Mexicana de Franquicias (RMF), quien sostuvo que nunca se les dio la oportunidad de participar a las marcas poblanas.
En cambio, añadió, las autoridades de ese entonces optaron por comprar algunas como Café Punta del Cielo, de la cual comentó tiene litigios pendientes; o Coffee York, que no era una franquicia.
“Denunciamos en ese entonces que se dieron en completa opacidad, no hubo piso parejo, que no se dio oportunidad a las marcas poblanas que representa la Red Mexicana de Franquicias y que en todo caso pedíamos que se abrieran los expedientes para tener opinión de cómo se estaban gestionando”.
Apuntó que sistemáticamente fue blindada la información sobre la compra de las franquicias, vedada e inaccesible, de manera incluso ilegal.
Lobato Galindo añadió que las firmas agremiadas a la RMF cuentan con registro ante el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (IMPI), no así algunas de las adquiridas por la administración morenovallista.
Aclaró que ninguna de estas últimas forma parte de la asociación que representa en el estado de Puebla.
Asimismo, lamentó que el prestigio del sector franquicias haya sido utilizado para hacer negocios turbios y “en lo oscurito”.
El lunes de la presente semana, el gobernador Luis Miguel Barbosa Huerta denunció que los gobiernos panistas pasados de Puebla adquirieron franquicias de cafés y otros negocios en parques e inmuebles del estado -como Los Fuertes de Guadalupe y Victoria, amén de la explanada del Centro Integral de Servicios (CIS)-, que fueron arrendadas a empresarios entre los que están familiares de exfuncionarios.
Refirió que se desconoce cuánto pagan de arrendamiento e incluso si se encuentran al corriente.
El titular del Poder Ejecutivo reveló también que hay litigios de “sobrinos” de un exsecretario de Gobernación, sin precisar a quién se refería ni qué tipo de juicio se está librando.
Detalló que ya pidió un informe de todos los espacios públicos existentes con estos negocios, por lo que aún falta por ser analizado el documento para conocer la relación jurídica que se tiene al respecto.
Añadió que con base en este, se tomará una decisión sobre dichos establecimientos, ya que el recurso generado por concepto de rentas tiene que ser utilizado para el mantenimiento de los parques o auditorios donde están instalados, de lo cual no se tiene en este momento la certeza de que se esté cumpliendo.