Representantes de los comités de los planteles educativos indígenas de Tepatlaxco de Hidalgo acusaron que el edil morenista Julio González Bonilla entregó a la Federación tres hectáreas pertenecientes al Bachillerato “Calmécac” para la construcción de “viviendas populares” gestionadas a través de la Comisión Nacional de Vivienda (Conavi).
Sin embargo, señalaron que, al solicitar información sobre los requisitos para acceder a una de estas viviendas, las autoridades les indicaron que se necesitaba un ingreso mensual mínimo de 18 mil pesos para cubrir las mensualidades derivadas de la adquisición. A su consideración, esta condición excluye de manera directa a la mayoría de la población del municipio.
Cabe destacar que pese a que se promete una oferta de precios “asequibles” para sectores vulnerables, incluidas personas con discapacidad, las mensualidades oscilarían entre 2 mil 500 y 3 mil pesos.
“Madres de familia se acercaron a la Conavi para solicitar información sobre una vivienda popular (como las que se pretenden construir en las tres hectáreas del Bachillerato ‘Calmécac’) y de entrada les pidieron como requisito tener un salario de 18 mil pesos; mientras que para personas discapacitadas, no discrimino a nadie, se solicita una mensualidad de 2 mil 500 a 3 mil pesos. ¿Qué persona con discapacidad puede pagar eso?”, expuso Esmeralda Flores, representante del comité del Bachillerato “Calmécac”, durante una conferencia de prensa.
Sobre la entrega de las tres hectáreas, Esmeralda Flores aseguró que el gobierno municipal cedió estos terrenos a cambio de un apoyo de 300 millones de pesos para la administración de González Bonilla.
Además, afirmó que el ayuntamiento avaló esta donación mediante un acuerdo de cabildo, lo cual consideran insuficiente, ya que las tierras fueron expropiadas en la década de los noventa mediante un decreto que, publicado en el Diario Oficial de la Federación (DOF), establecía que el predio debía destinarse exclusivamente a espacios y obras de beneficio social, como escuelas, unidades deportivas o canchas para la práctica de diversos deportes.
Para ella y el resto de los representantes presentes en la rueda de prensa de este viernes en la capital poblana, estos terrenos deberían utilizarse para el proyecto que han impulsado durante años: la construcción de una universidad.
Explicaron que una parte importante de la población de Tepatlaxco de Hidalgo es indígena o de ascendencia indígena, por lo que sus jóvenes enfrentan grandes dificultades para trasladarse diariamente hasta la capital poblana para cursar una carrera, lo que limita el desarrollo equitativo de las comunidades.
“Es triste ver a los jóvenes trasladarse desde las cuatro o cinco de la madrugada para llegar a sus centros educativos, a dos horas de distancia, cada ida y vuelta. Y es que aquí en Tepatlaxco tenemos la capacidad de formar buenos profesionistas: doctores, abogados, reporteros”, señalaron.
En este sentido, insistieron en que el municipio debe priorizar la educación y destinar esos terrenos al fortalecimiento del desarrollo académico de las juventudes indígenas.
“Somos indígenas, pero no veo el delito ahí. Todos somos iguales; el hecho de que alguien tenga una buena profesión no le quita su origen, porque de ahí somos, de esas raíces venimos. Pedimos apoyo porque hay niños que no tienen oportunidad de ir a la escuela, mientras se beneficia a instituciones de centros urbanos destinados a personas con mayor poder adquisitivo”, afirmó Roberta Ramírez, representante de la Primaria Bilingüe “José María Calderón y Tapia”.
El edil no cumple lo señalado por el gobernador Alejandro Armenta
Los representantes de los centros educativos bilingües señalaron que el edil Julio González Bonilla no ha atendido lo indicado por el gobernador Alejandro Armenta, quien en una conferencia matutina advirtió que no debían ejecutarse obras de vivienda en terrenos con problemas legales o de posesión.
Por ello, solicitaron al titular del Ejecutivo visitar el municipio para constatar personalmente las acciones emprendidas presuntamente por el presidente municipal en contra de los intereses educativos de la población indígena.
Para ilustrar la situación, Esmeralda Flores recordó que los actuales planteles para población indígena carecen de drenaje, suministro de agua potable y domos que protejan a los estudiantes de la exposición prolongada al sol y a daños en la piel.
Además, exigieron directamente la intervención del gobernador, luego de que el director de la administración estatal, Isauro Rendón Vargas, citó a madres de familia para dialogar en instalaciones de la Fiscalía General del Estado (FGE), lo que consideraron un acto de criminalización de sus manifestaciones.
“¿Qué facultad tiene Isauro Rendón Vargas para enviarnos a la FGE cuando solo estamos exigiendo nuestros derechos y el respeto a los planteles de educación de la población indígena?”, cuestionó Flores, calificando el hecho de discriminatorio.
Finalmente, responsabilizaron a la administración municipal de cualquier daño físico o atentado contra la integridad de los miembros de los comités.
