Los integrantes del Comité de Participación Ciudadana (CPC) del Sistema Estatal Anticorrupción se presentaron en el Congreso de Puebla para proponer que el próximo fiscal general de estado surja de una propuesta ciudadana y no del Poder Legislativo.
Daniel Valdés Amaro, presidente del organismo, explicó que la terna que votaría el Congreso sería integrada por una comisión de ciudadanos especialistas en procuración de justicia.
Indicó que el mismo método de selección sugieren para el resto de los organismos constitucionalmente autónomos: la Comisión de Derechos Humanos (CDH) del estado, el Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales (Itaipue) y el Tribunal de Justicia Administrativa (TJA).
A su vez, la integrante del comité María del Carmen Leyva Báthory dijo que se acercaron al Congreso un día después de que admitió la renuncia de Víctor Antonio Carrancá Bourget como fiscal, para determinar si existe la posibilidad de modificar el método de selección del nuevo ocupante del cargo.
En el marco normativo vigente, el proceso de selección del titular de la Fiscalía General del Estado (FGE) involucra al Congreso local y al gobernador del estado.
El Congreso es el facultado de integrar una lista de al menos 10 personas que es remitida al titular del Poder Ejecutivo local, con el fin de que éste la depure y devuelva a los diputados una terna que debe ser votada por el pleno para determinar al perfil ganador.
El lunes pasado, la Comisión de Procuración y Administración de Justicia del Congreso pidió a la Junta de Gobierno y Coordinación Política emitir una convocatoria para iniciar con el proceso de selección.
La propuesta del Comité de Participación Ciudadana la recibieron los diputados Mónica Lara Chávez del Partido Encuentro Social (PES) y Raymundo Anatacio Luna del Partido del Trabajo (PT).
En entrevista posterior al encuentro con los legisladores, Daniel Valdés defendió el trabajo del organismo que encabeza al señalar que éste se encuentra orientado a mejorar la operación del Sistema Estatal Anticorrupción.