En los últimos cuatro años, el titular de la Comisión de Búsqueda de Personas del estado de Puebla, Luis Javier Cervantes Gómez, reveló que por subejercicio se reintegraron 24 millones 770 mil 840 pesos al gobierno federal, y que en algunos años, como en 2019 y 2022, la no ejecución del recurso representó hasta el 50 por ciento del presupuesto total anual.
Así lo dio a conocer este martes en conferencia de prensa, efectuada en Casa Aguayo, donde dio a conocer un diagnóstico de la situación que guarda dicho organismo que depende de la Secretaría de Gobernación del estado.
Tras la salida de María del Carmen Carabarin Trujillo de la titularidad del organismo, Cervantes Gómez asumió el cargo a mitad del año pasado, y desde entonces reconoció que ha existo un nulo avance en los resultados debido a su poca confiabilidad y la falta de metodología para la búsqueda de desaparecidos, pues algunas áreas laboran con licencias caducas de los programas informáticos para recabar datos forenses.
De 2019 a la fecha, el estado registró una cifra de 2 mil 98 personas desaparecidas, 1 mil 290 localizadas y 808 sin localizar.
Además de las carencias de la dependencia, como la falta de actualización de equipamiento y capacitación del personal, expuso la estadística donde destacó que entre los años 2019 y 2022 se presentó un subejercicio de 50 y 33 por ciento, respectivamente.
El funcionario afirmó que esta situación se debió esencialmente a la exigua planeación del presupuesto.
De acuerdo con la información, de 2019 a 2023 se contó con un presupuesto de 178 millones 894 mil 753 pesos, de los cuales 117 millones 410 mil 410 se ejercieron.
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Precisó que de los 117 millones 410 mil pesos se destinaron en los últimos cuatro años al estado, 15.1 millones de pesos fueron utilizados para la capacitación del personal.
De manera desglosada, llamó la atención que de 2019 a 2022, todos los años, se ha regresado recursos por subejercicio a la Federación.
En 2019 se contó con un presupuesto de 20.3 millones de pesos, de los cuales solo se ejerció 1.1 millones, y se reintegraron 10 millones de pesos al gobierno federal.
Para 2020, el presupuesto fue de 42.5 millones de pesos, 28.8 millones de pesos se gastaron y 1.7 millones de pesos fueron regresados a la Federación.
Esta misma situación se repitió en 2021 con un presupuesto de 55.3 millones de pesos, de los cuales se ejercieron 55.1 millones de pesos, y se reintegraron 108 mil 822 pesos a la autoridad federal.
Mientras que en 2022 el recurso que recibió la Comisión de Búsqueda fue de 36.9 millones de pesos, 24 millones 73 mil pesos fueron ejercidos, y 12.9 millones de pesos regresados al gobierno federal.
En 2023, el organismo recibió 23.5 millones de pesos, 7.7 millones de pesos procedentes del gobierno federal y 15.8 millones de pesos, del estado.
Del total, se ejercieron 8 millones 100 mil pesos, y se desconoce el monto que se reintegrará a la Federación, debido a que solo se gastó la tercera parte del presupuesto anual.
Deficiencias, desconfianza y falta de resultados
En Casa Aguayo, el titular Luis Javier Cervantes Gómez informó, a manera de conclusión, que encontró una Comisión de Búsqueda que labora con rezago y deficiencias, lo que permite que la ciudadanía tenga desconfianza en el organismo.
Como ejemplo de ello, citó que la Dirección de Acciones de Búsqueda, que es la encargada de ejecutar las tareas de localización de personas en campo, “acarreó improductividad y desconfianza y distanciamiento de las familias buscadoras”.
Dijo que en la gestión de Carabarin Trujillo hubo “limitaciones en cuestión de efectividad, planeación y ejecución y resultados limitados en la localización e identificación de personas desaparecidas”.
Al respecto, agregó que en los primeros cuatro meses del año pasado, cuando Carabarin Trujillo era comisionada, 435 personas fueron registradas como desaparecidas. De ellas, 142 fueron encontradas, es decir, hubo una efectividad de 33.1 por ciento.
Señaló que esto se debe a que hay improductividad y poca confiabilidad del organismo, pues la Dirección de Análisis de Contexto, que es la que se encarga de realizar los trabajos de inteligencia y preparación de búsqueda, se encontró que no existía una metodología sustentada para crear planes de localización de personas.
Reveló que se utilizaba un mismo modelo para todos los casos, a tal grado que se “copiaba y pegaba” la información, pese a que los contextos eran distintos.
A esto sumó que laboran con las licencias caducas de los programas informáticos para recabar datos forenses, como Hunter, Identity, 3D Human, Phone Log, entre otros.
Para rematar, Cervantes Gómez dijo que en Puebla no se ha actualizado un solo registro de desaparición, desde que el gobierno federal aprobó una nueva metodología para localizar a las personas en el país, lo que implica una depuración de los registros en la entidad.