Domingo, mayo 19, 2024

Colombia: más allá del plebiscito

Parece que a Colombia se le olvidó quién determina su política. Guerrilla y Estado firmaron un acuerdo que finalmente no refrendó la sociedad civil el pasado dos de octubre. Pero, ¿Qué sucede más allá de los resultados? El país gastó en guerra 27.7 billones de pesos colombianos en 2014, es decir, cerca de mil millones de dólares. Dinero que paró en quienes proveen los insumos y la arquitectura de la guerra. Estos gastos contemplan más de 500 mil combatientes en servicio (capital militar experimentado, ¿qué se ‘desmovilizará’?). El negocio del narcotráfico, del cual se favorece guerrilla y paramilitarismo, se calcula en las FARC–EP entre mil 800 y tres mil 800 millones de dólares anuales; cifras que varían según especificidades técnicas que no vienen al caso. Para el economista colombiano Salomón Kalmanovitz en “El impacto económico del conflicto interno colombiano y un escenario de paz”, citado por Nelson M. Colorado en su artículo Inventario de las armas de las FARC una duda peligrosa, las FARC–EP invierten 5.25 billones de pesos colombianos al año en importar, adecuar, reparar o reemplazar armamento. ¿Se dejarán tales súper negocios en pro del desarrollo? ¿Quién los continuará?

Colombia, denominada la ‘Israel latinoamericana’, tiene siete bases militares estadounidenses; es clave por tener salida a dos mares, ser colindante con Brasil (que pese a ir de la mano del golpista Michel Termer, aún hace parte de los BRICS), Venezuela y Ecuador. Países que divergen de las recetas del Fondo Monetario y el Banco Mundial. Se suma la lucrativa continuidad de la Iniciativa para la Integración de la Infraestructura Regional IIRSA–COSIPLAN, punta de lanza de la inversión desde el sur de América hasta Mesoamérica (producción de espacios para la producción). Los proyectos de infraestructura requieren de la ausencia de conflictos sociales de índole armada, protestas campesinas, minería doméstica o reclamos de territorios indígenas, entre otros. No se trata de proponer aquí la tesis de que las FARC–EP eran los defensores de tales comunidades u opositores tenaces a la extracción de recursos. Se trata de exponer que el conflicto tiene muchos intereses que se omitieron al público y se redujeron a una consulta innecesaria, en tanto no tenía carácter vinculante. Es deseable para los intereses económicos, mantener la guerra y permitir la inversión. Ecuación en la que el bienestar social es apenas un hecho colateral y no el eje de una paz, imperfecta, pero real.

En las guerras que ha patrocinado o participado Estados Unidos, vendiendo armas o incentivado la producción de cultivos ilícitos, (por acción u omisión) poco se ha interesado en estabilizar la región intervenida, pero sí por controlar la inestabilidad. La regla de oro: o balcanizar la zona y actores en conflicto o dificultar que existan acuerdos y cohesiones que lesionen los negocios y el control geopolítico. A esa lógica ayuda el triunfo del No: prolonga la inestabilidad. Ojalá me equivoque y pase el gasto militar a inversión en salud y educación. Se olvida, quién determina las políticas en Colombia mediante sus élites. Solo la soberanía es capaz de resolverse a sí misma. Colombia necesita que sus comunidades y sus fuerzas progresistas construyan transparencia, autonomía y el cambio de modelo socioeconómico que las FARC–EP no lograron en 52 años, ni el bipartidismo en dos siglos.

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