Viernes, junio 14, 2024

Coloca el INAH sellos de clausura en el teleférico; el gobierno no frenó la obra

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Este jueves por la mañana la institución pudo colocar los sellos, pero dentro de la obra continuaron los más de 300 trabajadores que laboran en tres turnos las 24 horas del día / Foto José Castañares
Este jueves por la mañana la institución pudo colocar los sellos, pero dentro de la obra continuaron los más de 300 trabajadores que laboran en tres turnos las 24 horas del día / Foto José Castañares

La mañana de ayer el Centro Puebla del Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH) clausuró el centro de transferencia del teleférico que el gobierno del estado edifica a un costado del Centro Expositor, en la zona monumental de Los Fuertes de Loreto y Guadalupe.

A pesar de la clausura, el gobierno poblano hizo caso omiso y dejó a los obreros y albañiles dentro de la obra, los cuales tuvieron indicaciones de continuar trabajando con normalidad.

Desde el pasado fin de semana la administración del gobernador Rafael Moreno Valle y la institución federal se enfrascaron en una discusión por esta obra, pues mientras la primera asegura que el INAH cometió yerros legales en un juicio de amparo, el INAH respondió que la obra carece de permisos y daña al patrimonio edificado de la capital poblana.

El teleférico de Puebla tiene casi dos kilómetros de largo y un costo de 400 millones de pesos. El gobierno estatal lo adjudicó directamente a la compañía de un empresario local ligado a la administración bajo el pretexto de unir al Centro Expositor de Los Fuertes y al Centro de Convenciones, y con ello atraer más turistas a la capital.

El Centro INAH Puebla, a través de su delegado José Francisco Ortiz Pedraza, denunció este miércoles que el gobierno del estado utilizó a la fuerza pública para impedir la colocación de los sellos correspondientes.

Este jueves por la mañana la institución pudo colocar los sellos, pero dentro de la obra continuaron los más de 300 trabajadores que laboran en tres turnos las 24 horas del día.

Ayer por la tarde el abogado del Consejo de Defensa del Patrimonio, Lucio Ramírez Luna, señaló que tanto el INAH como el gobierno del estado se equivocaron al llevar este conflicto a los tribunales, y nunca debió haber llegado al juicio de amparo, pues la administración estatal debió haber agotado en primera instancia un procedimiento administrativo, el cual está previsto por la ley.

Señaló que genera dudas que el Juzgado Noveno de Distrito haya aceptado el juicio de amparo que presentó la administración estatal, ya que “el juez se vio comprometido a aceptar un amparo cuando es legalmente improcedente y deja entrever una resolución que permite al gobierno del estado continuar con la obra del teleférico. Por ello voy a presentar una queja ante la Judicatura Federal”.

Adelantó que impugnará la suspensión definitiva que este juzgado emitió este fin de semana a favor del gobierno estatal, a través de un recurso de revisión como terceros interesados en el conflicto.

También criticó que el INAH reaccionó ocho meses tarde, pues debió haber clausurado inmediatamente que comenzó la construcción de las torres del teleférico en la zona monumental, en noviembre pasado. La institución tenía facultad de acuerdo al propio reglamento interno, señaló el abogado.

Agregó que el gobierno del estado “mintió al sostener que cumplió con la ley. Eso no es cierto, y el INAH así lo demostró con la clausura de esta torre”. Dijo que, según su interpretación, que el gobierno de Rafael Moreno Valle está aprovechando “el momento político y va a continuar con las obras para favorecer a algún candidato. Eso no se vale”.

El abogado, que se hizo acompañar de los vecinos de Rincón Arboledas y de los opositores de Tlaxcalancingo al sistema de transporte estatal RUTA, a quienes también representa, señaló que hay abusos que no pueden continuar permitiéndose, “y aquí reunidos les decimos al gobierno estatal y municipal que los poblanos no nos vamos a dejar, vamos a defender los monumentos históricos y el derecho de la gente”.

Acompañado de las investigadoras Rosalva Loreto López, Ana maría Ashwell, Lidia Gómez Aguirre y demás integrantes del Comité Defensor del Patrimonio Histórico, Cultural y Ambiental de Puebla, se pronunciaron en contra de la obra y reconocieron la labor que está realizando el actual delegado del INAH.

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