La cantidad de coliformes fecales en las cinco plantas de tratamiento que Concesiones Integrales opera en Puebla capital superó en más de mil por ciento los límites permitidos por las normas ambientales, durante el primer trimestre del año, habría reconocido Concesiones Integrales ante la juez quinto de Distrito.
En conferencia de medios, René Sánchez Galindo, uno de los promotores de la denuncia colectiva contra la firma, manifestó que esta confesión la hizo la firma en los informes correspondientes a los meses de enero, febrero y marzo que la togada la requirió como parte del juicio que promovió un grupo de activistas.
Sánchez Galindo mostró los informes que envió la firma en los que se observa la presencia en las cinco plantas de tratamiento de coliformes fecales (bacterias presentes en los intestinos de humanos y animales) en una proporción de 24 mil por cada 100 mililitros cuando el límite permitido es de 2 mil por cada 100 mililitros.
Lo anterior evidencia que la presencia se estas bacterias supera más de mil por ciento los límites establecidos en las normas ambientales y por ende que la empresa sigue sin sanear las aguas residuales.
Sánchez Galindo sostuvo que esto representa un grave problema ambiental y de salud pública, confesado por la propia empresa por lo que el grupo de ciudadanos que promovió la demanda colectiva pedirá a la juez qué inicien las multas contra la firma por no sanear los ríos.
El activista recordó que en un informe previo, correspondiente a los últimos meses de 2022, la concesionaria había admitido que los coliformes superaban 12 veces la norma permitida, lo que evidencia que es recurrente en el incumplimiento de la ley.
Subrayó que ahora que en el Congreso del estado hay consenso para solicitar la comparecencia del director del SOAPAP, Gustavo Gaytán Alcaraz, se le debe cuestionar cuánto ha cobrado la concesionaria desde 2014 por concepto de saneamiento, un servicio que a todas luces no ha dado.
Asimismo, confió que en un periodo de un mes la juez podría determinar si emprende o no sanciones contra la concesionaria por no sanear las aguas residuales de la capital del estado y la zona conurbada o si la obliga a realizar esta tarea.