La Unión de Ejidos y Comunidades en Defensa de la Tierra, el Agua y la Vida Atcolhua y 15 organizaciones más solicitaron que en el juicio interpuesto para Almaden Minerals para demandar al gobierno mexicano más de 3 mil 850 millones de pesos por la cancelación de su proyecto de extracción de oro y plata en Ixtacamaxtitlán, se consideren los daños que la empresa canadiense causó al medio ambiente y derechos humanos del pueblo náhuatl que vive en dicho municipio poblano.
En un comunicado dado a conocer este jueves, las asociaciones establecen:
“Solicitamos a las autoridades competentes (Secretaría de Economía, Dirección General de Consultoría Jurídica de Comercio Internacional, Subsecretaría de Comercio Exterior, y al presidente Andrés Manuel López Obrador) con base en el Convenio sobre la Solución de Controversias del el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias relativas a Inversiones -un mecanismo del Banco Mundial- (CIADI), que atiendan la presentación de pruebas y el testimonio de las comunidades indígenas que fueron afectadas por el proyecto minero mientras estuvo en su etapa de exploración, así como la documentación recopilada sobre las afectaciones generadas al medio ambiente y los derechos humanos durante todo el tiempo que la empresa minera intentó establecerse en su territorio.
“Por otro lado, solicitamos al Tribunal de Arbitraje del CIADI facilite que la Unión de Ejidos presente su opinión escrita (amicus curiae) como población afectada por el proyecto minero y en calidad de parte no contendiente. Consideramos que estos procesos de arbitraje no deberían ser usados por las corporaciones para iniciar demandas en donde no se considera vinculante la opinión de las comunidades afectadas por proyectos de inversión, poniendo en riesgo la protección a los derechos humanos.
“Exigimos que nunca más un proyecto de extracción se imponga en nuestro territorio. Decimos ¡Fuera a la minería tóxica en Ixtacamaxtitlán. Reiteramos que nuestro derecho humano a la libre determinación y el consentimiento debe estar por encima de los intereses de las corporaciones. Alzamos la voz para exigir que todos los daños que provocó Almaden Minerlas Ltd. en el municipio de Ixtacamaxtitlán sean reparados y que las comunidades indígenas sean quienes reciban una indemnización y no las corporaciones millonarias”.
El documento es firmado también por Servicios Ambientales Amelatzinhualahtoc A.C., Unidad Indígena Totonaca Náhuatl (Unitona), la Brigada de Defensa del Territorio Xochilteca, Cambiemos Ya la Ley Minera, el Centro de Estudios Ecuménicos, el Centro de Estudios para el Desarrollo Rural (Cesder), el Colectivo Regional en Defensa de los Bosques y Territorio de la Sierra Norte de Puebla, el Consejo Maseual Altepetajpianij el Consejo Tiyat Tlali, la Unión de Cooperativas Tosepan Titataniske, Poder, la Organización Independiente Totonaca, el Movimiento Atzin, el Instituto Mexicano para el Desarrollo Comunitario y Fundar.
Dichas organizaciones recuerdan que el pasado 27 de junio, la empresa minera canadiense Almaden Minerals Ltd. solicitó un proceso de arbitraje contra el Estado mexicano ante el CIADI. La empresa invocó el Acuerdo Amplio y Progresista de Asociación Transpacífico (CPTPP por sus siglas en inglés) del cual México y Canadá son parte, denunciando afectaciones económicas por la suspensión de sus actividades.
En 2022 la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), en un acto de reparación y defensa de derechos de las comunidades indígenas, revocó las concesiones mineras otorgadas por la Secretaría de Economía que habían afectado el derecho humano al territorio, a la consulta previa, libre e informada y al consentimiento de la comunidad nahua y ejido de Tecoltemi, en el municipio de Ixtacamaxtitlán en el estado de Puebla, México. Es por ello que Almaden Minerals Ltd. exige al gobierno mexicano una indemnización económica y ha anunciado que cuenta con un financiamiento de 9.5 millones de dólares para sostener el proceso de arbitraje a través de la firma de abogados Boies Schiller Flexner.
“Hasta este momento, las actividades de Almaden Minerals Ltd. en Ixtacamaxtitlán generaron daños a la población, impactos a la salud y al medioambiente, opacidad, criminalización y estigmatización de personas defensoras, ruptura del tejido social y captura corporativa.
En su comunicado, la empresa minera sigue invisibilizando los derechos de las comunidades y las afectaciones que ya dejó en el territorio y que han sido documentadas por la Unión de Ejidos a lo largo de estos diez años de lucha, como se puede observar en la Evaluación de Impactos en Derechos Humanos (EIDH) realizada por las comunidades. Asimismo, autoridades federales ambientales y de pueblos indígenas han realizado estudios en torno a los impactos ambientales y sociales en Ixtacamaxtitlán por la minería, concluyendo que esta actividad económica no es factible de realizarse en la región, debido a los múltiples factores impactados que potencialmente desencadenarían la pérdida del ecosistema”, apuntan los firmantes.
