La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) pidió al Gobierno de Puebla revisar el artículo 480 del Código Penal del estado que tipifica de manera “poco clara” el delito de ciberasedio, a fin de garantizar el pleno respeto a la libertad de expresión.
El organismo nacional emitió este domingo el pronunciamiento número DGDDH/006/2025, en el que reconoce la necesidad de que las entidades federativas adopten medidas legales que contribuyan a prevenir y sancionar la violencia digital.
Sin embargo, manifestó su preocupación por la reciente adhesión del artículo 480 al Código Penal del Estado Libre y Soberano de Puebla, publicada este mes, por la falta de claridad al tipificar como delito el ciberasedio.
Además, anunció que trabaja una Acción de Inconstitucionalidad que en su momento dará a conocer, para que este tipo de legislaciones se conciban, redacten y emitan con estricto apego a los derechos humanos.
En un comunicado, la CDNH informó que este precepto penal impone sanciones de prisión de hasta tres años de cárcel y multa de hasta 300 días del valor diario de la Unidad de Medida (UMA), a quien, a través de medios digitales, redes sociales o cualquier espacio virtual, “insulte, injurie, ofenda, agravie o veje a otra persona con la insistencia necesaria para causarle un daño o menoscabo en su integridad física o emocional” que, además de su falta de claridad pueden, potencialmente, prestarse a un uso contrario a lo que se busca.
“Sin menoscabo de la importancia de proteger la integridad emocional de las personas, especialmente de niñas, niños y adolescentes, la CNDH considera que el texto del artículo 480 presenta ambigüedades que podrían dar lugar a restricciones indebidas al derecho a la libertad de expresión, particularmente cuando se trate de opiniones, críticas o manifestaciones en contextos de interés público”, argumentó.
Por tal motivo, exhortó de manera respetuosa a las autoridades del estado de Puebla a revisar la redacción del citado artículo, a fin de que se garantice el cumplimiento del principio de legalidad y prevenir el uso del derecho penal como medio indirecto de censura o inhibición del ejercicio del derecho a manifestar ideas, pensamientos y opiniones por cualquier medio.
Expuso que la libertad de expresión es un pilar en toda sociedad democrática y debe ser protegida frente a cualquier forma de censura, ya sea directa o indirecta.
Tampoco consideró válido el uso de la mentira y la calumnia como forma normalizada de ejercer el periodismo”.
No obstante, dijo que “el derecho penal no debe utilizarse como medio para castigar el disenso, la crítica o el ejercicio libre de la palabra, tal como lo establecen tanto el artículo 6 Constitucional como los estándares internacionales en la materia, entre ellos el artículo 13 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos”.
Al final, la CNDH resaltó su compromiso con la defensa y promoción de los derechos humanos y dijo que continuará vigilando que los marcos normativos locales se ajusten a los principios constitucionales y convencionales que rigen en un Estado democrático de derecho.
“Este Organismo Nacional ha venido dando seguimiento puntual a este y otros casos similares, y en ejercicio de sus funciones está trabajando ya una Acción de Inconstitucionalidad que en su momento dará a conocer, pero que sin duda recoge el clamor de numerosos grupos de comunicadores y ciudadanos de manera que este tipo de legislaciones se conciban, redacten y emitan con estricto apego a los derechos humanos”, concluyó.
