No hacía falta ser experto en el tema para pronosticar que cualquier proyecto de intervención sobre la zona arqueológica de Cholula que implicara una afectación al santuario de la virgen de los Remedios, ubicado en el basamento de la Gran Pirámide, suponía necesariamente un ejercicio previo de participación y consenso.
Tampoco para saber que dicho ejercicio debía discurrir, no por la vía de la representación política institucional, defensora de intereses coyunturales de índole partidista; ni siquiera por la vía de la sociedad civil cholulteca, cuya agenda ciudadana reivindica desde hace ya varios años la protección del patrimonio histórico; sino por el canal que históricamente ha sido utilizado por los habitantes de Cholula para dirimir los asuntos que involucran la autoridad, el prestigio, la fama, el respeto: el sistema de cargos tradicionales.
En el caso de Cholula, como en el de gran parte de comunidades indígenas y mestizas de México y Latinoamérica, la vida ceremonial –que tiene su expresión más visible en las festividades locales– descansa sobre el sistema de cargos religiosos. Esta institución, instaurada en época de la Colonia con la intención de descargar sobre los propios indios el costo de su evangelización y administración local, supone un complejo sistema de relaciones sociales con obligaciones y derechos tradicionalmente establecidos, formalmente estructurados y ritualizados, donde la existencia de jerarquías bien definidas es la norma.
La estratificación social, derivada del sistema de cargos tradicional que impera en el territorio cholulteca establece categorías sociales jerarquizadas, entre las cuales existen relaciones ritualizadas de cooperación y subordinación. En el nivel más alto se encuentran los tiaxcas y los principales, seguidos de los fiscales o mayordomos, y en un nivel más abajo –en un orden jerárquico estrictamente definido– quienes ocupan el resto de los cargos tradicionales. A cada nivel se asocia un grado mayor de respetabilidad y prestigio. También de autoridad moral en los asuntos religiosos y hasta civiles.
Tiaxcas, principales y mayordomos forman el grupo de autoridad máxima. A ellos corresponde vigilar que las ceremonias religiosas se realicen apegadas a la tradición y que el resto de los cargos se desempeñen de manera correcta. Quienes ostentan estos cargos reciben un tratamiento distinto al del resto de los habitantes. En todo momento son escuchados con atención, sin que se les interrumpa; por regla general no se les contradice, salvo por excepción y de la forma más respetuosa; y cuando son invitados a las comidas –incluso aquellas que no son de carácter ceremonial– se les reserva un lugar de privilegio y se les ofrece la comida y la bebida más fina. Su presencia es requerida en todas las ceremonias importantes y son ellos quienes designan a las personas que se desempeñarán en ellas o en otros cargos.
Quienes desempeñan un cargo tradicional actúan sin recompensa económica, y por lo regular, están compelidos a hacer gastos sumamente altos durante el periodo en el que se encuentran en funciones.
En la región de Cholula, ostentar una mayordomía constituye la culminación de una larga trayectoria de servicio que supone un inversión considerable de capital económico y social, ya que para ocupar esta investidura se debe transitar por una larga serie de cargos menores, que implican la adopción de diversas responsabilidades de índole comunitaria, así como del desembolso, más o menos constante, de recursos financieros. Durante el año que dura el cargo, los mayordomos se apoyan en sus auxiliares y en el apoyo de su familia –tanto extensa como nuclear– para cumplir con sus obligaciones económicas. Se trata de un cargo oneroso en cuanto implica una erogación importante de tiempo y recursos, de manera que quien solicita o acepta desempeñar una mayordomía debe estar plenamente consciente del sacrificio que implica. Pese a lo anterior, los candidatos para este cargo nunca faltan.
El volumen de tiempo y de dinero que invierten los agentes en la acumulación de capital simbólico, evidencia la importancia de la economía del prestigio. Es tal el arraigo de esta economía que incluso quienes se han visto forzados a emigrar a los Estados Unidos, se reúnen cada año en las fechas más significativas para reproducir no sólo las festividades típicas de sus localidades de origen, sino toda la estructura organizativa y jerárquica que conlleva su realización. Además de reproducir en sus nuevos espacios de interacción las prácticas religiosas locales, algunos migrantes suelen organizarse para canalizar una parte significativa de sus recursos económicos a las festividades que se llevan a cabo en sus localidades de origen.
Esta situación, que se repite prácticamente en toda la región de Cholula, es un indicador claro de la importancia que reviste para los agentes sociales que pertenecen a este espacio social la participación dentro del sistema de cargos, en tanto mecanismo que garantiza no sólo la pertenencia a la comunidad, sino el reconocimiento y el prestigio social del cual dependen las posiciones de poder y autoridad a nivel local.
Para un agente externo, puede resultar complicado entender la suma de dinero, tiempo y esfuerzo que los habitantes de Cholula destinan al desarrollo de las festividades religiosas y al cumplimiento de las obligaciones inherentes al sistema de cargos tradicionales. A final de cuentas, el interés por acumular capital simbólico bajo esta modalidad tiene que ver con la existencia de esquemas de percepción, valoración y de acción que son compartidos por un grupo de agentes que, al ocupar posiciones similares en el espacio social, reconocen la lógica específica de esta forma de capital, o si se prefiere ver de otra manera, desconocen lo arbitrario de su posesión y su acumulación.
Por otro lado, no está de más recuperar la propuesta de Bonfil (1988) quien concibe el apego a las formas tradicionales en toda la región de Cholula como una forma de resistencia a la penetración por parte de la sociedad global, lo que obliga a vislumbrar al sistema de cargos tradicionales como algo más que una forma de organización social cuya intención manifiesta se encuadra dentro de ese campo de la cultura que definimos como religión. Bajo esta óptica, el sistema de cargos no es un hecho aislado, ni puede entenderse como el único elemento que se niega a morir frente a la modernización y el crecimiento urbano; es, ante todo, una forma de vida –la vida agraria– que está presente como parte de las contradicciones contenidas en el proceso de desarrollo.
Por eso no resulta aventurado afirmar que lo que está en juego en el conflicto actual que se mantiene con la administración municipal, no es la expropiación de terrenos para la construcción de un parque turístico, sino la posibilidad de mantener vigente la vida indígena y campesina, con sus formas organizativas y su modo particular de habitar el territorio. La ceremonia de Rogación que tuvo lugar el pasado 3 de octubre, y que supuso la bajada de la virgen de los Remedios en procesión, junto con los santos patronos de la región, por las calles de San Pedro y San Andrés, fue un ejemplo claro de que el campo en el cual se libra la batalla por el territorio cholulteca no es político, ni civil, sino simbólico.
Desde esta perspectiva, la ausencia de los tiaxcas, principales y mayordomos cholultecas, en la elaboración, discusión, diseño, socialización del proyecto denominado parque de las siete culturas –también llamado Parque Intermunicipal– resulta incomprensible. Más aún cuando dicho proyecto contempla una intervención sobre el Santuario de la virgen de los Remedios, centro neurálgico de la vida religiosa, social, simbólica e identitaria de los pueblos cholultecas. Dicha exclusión sólo se puede entender desde el desprecio o de la ignorancia, actitudes que sumadas a la incapacidad política de los presidentes municipales de San Pedro y San Andrés, mantienen en pie de guerra a toda la región de Cholula.