Dos días antes de la brutal detención de los cinco pobladores de San Bernardino Chalchihuapan estaba anunciado que la Policía Ministerial de Puebla entraría por ellos.
Un comando de agentes estatales y ministeriales, a bordo de 14 vehículos sin logotipos ni placas incursionó finalmente a las 3:55 horas del sábado 18 de octubre, armados hasta los dientes, como si fueran detrás de un capo de una organización criminal.
Una camioneta se quedó en la entrada del pueblo, bloqueando su acceso principal. Otras dos unidades se atravesaron frente a la capilla de la virgen de Guadalupe, y las demás ingresaron a la comunidad.
Vestidos de negro, con pasamontañas y armas largas, los policías derribaron todo a su paso: rompieron puertas, chapas, ventanas y mobiliario. Abrieron comercios, pero no robaron nada.
En medio de golpes, patadas y empujones, encañonaron a sus habitantes –ancianos, mujeres y niños– y se llevaron en cueros a Florentino Tamayo Ponce, de 39 años de edad; Raúl Contreras Montes, de 36 años de edad; Fausto Montes García, de 29 años de edad; Vicente Juárez Valera, de 57 años de edad, y Álvaro García Xelhua, de 32 años de edad. Este último policía municipal de Santa Clara Ocoyucan.
El operativo, en el que intervino el grupo Antimotines de la Secretaría de Seguridad Pública del estado (SSP), se efectuó sin cortapisas. En menos de 15 minutos allanaron seis domicilios de manera simultánea.
Con el rostro cubierto, un policía fue señalando a quién se iba a aprehender en cada una de las casas. No hubo cabida para la confusión, sabían hasta la recámara en la que dormían.
El jueves 16 de octubre se corrió el rumor entre el pueblo de que habría una detención masiva de pobladores de Chalchihuapan. Incluso se alertó en las redes sociales como twitter y facebook.
Se habló de hasta 37 aprehensiones contra lugareños vinculados al bloqueo carretero de la autopista Puebla–Atlixco, sucedido el pasado 9 de julio, donde la Policía Estatal hirió de muerte en la cabeza al niño José Luis Tehuatlie Tamayo, fallecido 10 días después, tras una larga agonía.
Se advirtió que los agentes irían contra vecinos que presuntamente participaron en la manifestación, en la que además resultaron más de 100 personas lesionadas, entre policías y habitantes. Cuatro de ellos quedaron con daños irreversibles: la pérdida del ojo izquierdo, del habla, de las falanges de la mano de derecha, así como de la memoria.
La noche del jueves la Policía Ministerial entró al pueblo, a tan solo 15 minutos de distancia de la ciudad de Puebla, a ubicar físicamente las seis viviendas que después allanó.
La alerta infiltrada por los mismos agentes, en apoyo a la comunidad, permitió que el alcalde de Chalchihuapan, Jairo Javier Montes Bautista, y otro grupo de pobladores le diera tiempo de refugiarse fuera de la localidad.
Al día siguiente, el viernes, personal de la Secretaría General de Gobierno (SGG) estatal se presentó en la presidencia de Chalchihuapan para entregar a las 16 horas oficios a las personas consideradas víctimas, de acuerdo con la recomendación emitida por la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), sobre los hechos ocurridos en ese lugar el 9 de julio.
En una de las misivas entregadas se invitó a Elia Tamayo Montes, madre del menor asesinado, a acudir a un acto público el mismo día a las 19 horas, es decir tres horas después, en el Centro de Convenciones de Puebla. El motivo: dar cumplimiento a la recomendación del organismo federal número 2VG/2014.
Al “acto público” donde el gobierno de Rafael Moreno Valle daría disculpas a Elia y a los pobladores de la comunidad, por la brutal embestida policiaca ocurrida tres meses atrás, no se convocó a los medios de comunicación.
Las disculpas públicas del gobierno estatal a la comunidad se ofrecerían en el Salón Oriental 1 del Centro de Convenciones, pero el pueblo acordó desairar a Moreno Valle. Nadie acudió a la cita.
En la invitación, firmada por el encargado de despacho de la Subsecretaría Jurídica de la Secretaría General de Gobierno del estado, José Montiel Rodríguez, también se anexó el oficio de la Procuraduría General de Justicia de Puebla (PGJ), donde se informó que habrá un pago económico “por las violaciones graves a los derechos humanos” a los pobladores de Chalchihuapan.
El documento –en poder de esta casa editorial– notificó de la creación de un fideicomiso público revocable de administración e inversión para reparar el daño, al que denominaron “Fondo para el Cumplimiento de la Recomendación 2VG/2014. Emitida por la CNDH”.
En uno de los párrafos se precisó que a partir del 24 de octubre los agraviados podrán acudir a las oficinas de la Dirección de Víctimas del Delito en Puebla para realizar el trámite correspondiente.
“Pero los dejamos como ‘novia de rancho’, vestidos y alborotados, porque la invitación es una burla para nuestra gente; nos escupe en la cara”, refutó Marcos, a secas, sin apellidos.
Cuando los policías ingresaron en la madrugada del sábado a Chalchihuapan por Javier, su madre, Araceli Bautista, los esperaba despierta y con las puertas abiertas de su casa.
“Ya se chingó el asunto”, exclamó uno de los uniformados, según relataron los propios testigos de los hechos.
El comando policíaco se enfiló a las siguientes cinco viviendas humildes que catearon al mismo tiempo, sin una orden judicial de por medio. Por lo menos dos camionetas pick up doble cabina y de color blanco se destinaron para cada una de las moradas.
Sin embargo, ninguno de los cinco pobladores detenidos participó en la fatídica protesta del 9 de julio.
En el mapa de la reconstrucción de los hechos, se constató –según declaración de los agraviados– que de los cinco pobladores, tres están afiliados a la agrupación Antorcha Campesina, adherida al Partido Revolucionario Institucional (PRI).
Esta organización que igual agremia a campesinos que a comerciantes, mantuvo el poder en Chalchihuapan por 15 años, hasta que lo perdió en 2014 con Javier Montes Bautista.
“Los sacrificaron”, fue la hipótesis del abogado Alejandro del Castillo, uno de los defensores legales de los agraviados.
Pero en esa conjetura no encuadra la aprehensión del policía de Santa Clara Ocoyucan, Álvaro García Xelhua.
Los cabos se ataron poco a poco, y resultó que García Xelhua participó una semana antes en la toma de la alcaldía de Ocoyucan. La protesta estuvo encabezada por Antorcha Campesina, que reclamó al alcalde Francisco Cimarrón Ocotoxtle el pago de 250 mil pesos por concepto de participaciones económicas a las cinco juntas auxiliares del municipio.
Siembran el terror
en los pobladores
En la casa de la calle Insurgentes sin número, a unos pasos de la presidencia auxiliar de Chalchihuapan, vive Bárbara Ponce, de 77 años de edad, con su nieto de seis años, quienes sufrieron el terror en carne propia.
Según relató la anciana, quien no puede escuchar con el oído derecho, unos hombres vestidos de negro, bien armados y con el rostro oculto abrieron a cachazos la puerta de herrería de su vivienda de adobe.
La diminuta mujer, con los años caídos sobre el rostro, explicó paso a paso los hechos, mientras se sostenía del hombro de su nieto.
“El niño estaba durmiendo conmigo, cuando entraron esos infelices”, narró.
La madre de Florentino Tamayo Ponce, uno de los detenidos, dijo que “la Policía abrió a chingadazos la puerta, hasta que oímos muy lejos el ruido y nos paramos”.
“Aunque ya estoy vieja me espanté. Me pusieron el arma en la cabeza y al niño también”, contó entre sollozos.
“Me dijeron que no chillara y me aguanté”, expuso la septuagenaria.
Esta declaración fue secundada por su nuera Margarita Pérez Núñez, esposa de Florentino.
“Mi marido escuchó que los ruidos venían de la casa de mi suegra, porque nosotros vivimos al lado, y se vino corriendo pensando en ella y en el niño, pero lo agarraron a golpes en la escalera”, reveló.
Margarita, de unos 30 años de edad, explicó que de inmediato pidieron el auxilio de los vecinos y se fueron caminando a la casa del presidente auxiliar Javier Montes Bautista, para avisarle de los hechos.
“Ya estaba afuera doña Araceli –madre de Javier. Nos dijo asustada: ‘también se llevaron a tu esposo’; nos sorprendimos, pensamos que Florentino era el único detenido en el pueblo, pero fueron varios”, precisó.
La mujer confió que desde el jueves se sabía a quiénes iban a agarrar; por eso se fueron de Chalchihuapan.
En la vivienda número 161 de la calle Vicente Guerrero habita la familia de Raúl Contreras Montes, de 36 años de edad, el segundo aprehendido a la misma hora del sábado.
Al llegar al lugar se observó que había vidrios rotos donde quiera.
“La gente vino con saña, tumbaron las chapas a culatazos cuando estaba metida la llave de la puerta; no había necesidad”, contó uno de los moradores del domicilio.
La persona que expuso los hechos señaló hacia el piso, donde todavía estaba tirado un pedazo de cadena con candado, que la Policía Ministerial rompió.
“A la casa vinieron dos carros, una camioneta marca Chevrolet color roja, y un Jetta Clásico gris. Eran como 15 policías”, señaló uno de los afectados.
Después de hacer destrozos, romper puertas y ventanas, sin ingresar a los cuartos, dijo que los agentes se dirigieron directamente a la recámara que se ubica en el segundo piso de la casa.
“Ahí estaba mi cuñado, durmiendo con mi hermana y sus hijos. Uno de nueve años, otro de seis y otro más de cuatro. A la hora que los policías abrieron la puerta, los vidrios cayeron en la carita del más chiquito, que tiene seis meses, con el riesgo de que se cortara”, explicó.
A Raúl lo sacaron sólo en calzoncillos, descalzo, caminando entre vidrios.
“Pensamos que eran secuestradores, pero nunca policías. Me fui detrás de ellos rumbo a la salida de la comunidad hasta que me detuvo una camioneta blanca. A mentadas de madre, la persona, que iba vestida de negro y con un pasamontañas, me pidió las llaves del carro, me dijo: ‘Si no me las das, te las voy a quitar a chingadazos; te vas a morir, para que aprendas’”.
Relató que se acercó un hombre vestido de la misma manera, quien dio la orden de que me moviera.
“El otro policía le ordenó que me moviera de la entrada porque ya llevaban a todos los detenidos”, precisó en la entrevista.
El informante fue claro al señalar que ningún miembro de su familia participó en la protesta del 9 de julio. “Todos somos comerciantes, y ese día nos encontrábamos trabajando”.
El caso más grave se vivió
en la casa de Fausto Montes
A pesar de la barbarie de los hechos antes narrados, el caso más grave se presentó en una de las casas de la calle Benito Juárez, donde un grupo de ocho policías ingresó con tal brutalidad que derribó el portón de la vivienda con una camioneta pick up color blanca doble cabina.
Los agraviados relataron que los agentes utilizaron un mazo para romper la puerta de metal, que después dejaron olvidado en el patio. Al ingresar a la vivienda hicieron todo tipo de destrozos.
Precisaron que cuando vieron a Fausto Montes García, los policías exclamaron: “Ahí está ese hijo de su puta madre”.
El joven de 29 años de edad es el único varón de la casa donde habita toda la familia; una anciana de 76 años que es su madre; la esposa Petra López Tecalero y dos niños, uno de seis meses y otro de año y nueve meses de edad.
Petra es casi una niña, la delata el rostro de unos 20 años de edad. Cuando relató los hechos a La Jornada de Oriente se le cerró la voz, a punto del llanto.
Describió que cuando vieron que los agentes venían sobre ellos movieron un clóset para tapar la puerta de la recámara donde dormían, mueble que quedó destrozado por los golpes del mazo.
Primero escucharon los marrazos en la puerta y se metieron al cuarto. “Atravesamos el ropero para detener la puerta, pero entraron y nos dijeron: “Ahí está… ¡Hijos de su puta madre!”.
“Esos hombres me tiraron el clóset encima, vieron a mi esposo y lo jalaron. Yo me quedé atrapada debajo con mis hijitos, abrazándolos, no quería que los fueran a matar; solo alcancé a ver que se llevaban a Fausto; hasta dejó tirado uno de sus tenis”, narró.
La mujer comentó que pensaron que se trataban de secuestradores, pero nunca creyeron que fueran policías.
“Nosotros no le hemos hecho daño a nadie, somos gente de paz, le dije a uno de los hombres, que me respondió con una cachetada; me contestó: ‘Cállate, pendeja que también a ti te levantamos’”, contó.
Al igual que en los casos anteriores, a Petra y a sus hijos les apuntaron con armas largas, mientras sacaron a su esposo con solo los calzones puestos.
Petra y Fausto se dedican al entelado, a elaborar productos a base de hilo de cáñamo; por eso se levantan a las 3 horas. Cuando es temporada de siembra, se dedican a la milpa, y cuando hay sequía a vender estropajos de plástico.
Al salir de casa de Petra, afuera de la vivienda estaba estacionada una patrulla del municipio de Ocoyucan, con el número de servicio 032, que supuestamente había llegado para ponerse a las órdenes de la familia.
En la cuarta casa, ubicada en la calle Privada Fidencio Juárez, se detuvo a Vicente Juárez Valera, de 57 años de edad.
“Mi marido padece de los nervios; cuando se espanta su corazón empieza latir muy fuerte”, fue lo primero que dijo Mónica Varela Flores, esposa del aprehendido, cuando se le preguntó de cómo ocurrieron los hechos.
Relató que eran aproximadamente las 4 de la mañana del sábado cuando escucharon unos pasos en el interior de la vivienda.
“Eran cuatro personas vestidas de negro que traían lamparitas en la mano y nos apuntaron a la cara, casi no pudimos ver nada”, expuso la mujer notoriamente cansada, agotada, sin recuperarse de lo acontecido.
“Yo estaba muy atontada por el sueño, y me decían ‘somos policías’. Después, jalaron de la cama a Vicente, se lo llevaron desnudo, no traía nada con tanto frío que hace”, precisó la declarante.
El relato de Mónica fue similar al de las familias que le precedieron, a diferencia que en esta casa se agredió con empujones a Magnolia Juárez, de 19 años, hija del detenido, y a su nieta de tres años, quienes también fueron encañonadas.
“A mi hija y a mi nieta les apuntaron con armas en la cabeza, las empujaron, hasta que vieron a mi marido y dijeron: ‘Ahí está ese pendejo’. Las niñas estaban muy asustadas, nos trataron como si fuéramos criminales”, dijo con tono de preocupación durante la entrevista.
La sexagenaria comparó que el miedo que sintió en en ese momento fue como si le hubieran aventado un puño de tierra en la boca. Se le secó toda.
“Me estuvieron jalando del brazo; nos trataron como animales”, recordó la mujer, quien también cuenta con 57 años de edad y quien comparte la vivienda con su suegra Cruz Valera Contreras, de 78.
Sin ser menos grave el caso, la Policía Ministerial ingresó por la fuerza a una de las casas de la calle Bernardino de Sahagún, donde vive el policía de Ocoyucan, Álvaro García Xelhua.
Fue tal la resistencia que enfrentó Álvaro a su detención, que dejó las huellas de su arrastre en su patio, de manos de los agentes.
“Mire ahí están las pisadas que dejó mi hijo con sus talones, a la hora que la gente se lo llevó”, informó su madre, María Juana Genoveva Xelhua Juárez, de 57 años de edad.
Genoveva y Julia Ototl García, esposa de Álvaro, lloraron sin consuelo, como si acabara de ocurrir.
“Abrieron la puerta del cuarto a patadas, ni tiempo le dio a mi esposo de cambiarse. Lo peor es que mi hijo, el mayorcito, Marco Antonio, de 12 años, se enfrentó a la Policía para que no se llevaran a su papá”, contó Julia, con la mirada perdida entre el llanto.
“Nos apuntaron con el arma en la cabeza, y a mí me dijeron ‘hija de tu puta madre, si te mueves te mato’”, comentó, mientras estaba sentada en la punta de la cama desvencijada que comparte con Álvaro y sus hijos.
La joven destacó que su esposo no participó en la protesta del 9 de julio, pero fue a ver qué ocurría ese día en la entrada a Chalchihuapan, pues cerca de su casa habían pasado muchos niños llorando y contaron que había balazos en el puente.
“Álvaro se fue rápido para allá, porque era la hora de la salida de los niños de la escuela; estaba muy preocupado, y después regresó con ellos”, expuso.
Álvaro y Julia tienen tres hijos de 12, 10 y cuatro años de edad, que la madrugada del sábado presenciaron la extrema violencia de la Policía Estatal sin que pudieran hacer nada.
Tocan campanas para
pedir auxilio del pueblo
Tras las cinco aprehensiones, los pobladores tocaron las campanas de la iglesia de la comunidad para pedir el auxilio del pueblo que se reunió en menos de 10 minutos en la explanada de la presidencia local.
Esto ocurrió alrededor de las 4:40 horas de la mañana, cuando las esposas y madres de los detenidos, entre el llanto y los rostros desencajados por la rabia, comenzaron a relatar a los vecinos la brutalidad que vivieran minutos antes.
Por más de siete horas los detenidos estuvieron en calidad de desaparecidos hasta que la defensa legal logró ubicarlos en el penal de San Miguel, en la ciudad de Puebla, por una orden que liberó el Juzgado Tercero de lo Penal.
Después del mediodía, precisaron que los pobladores de Chalchihuapan rindieron su declaración ante el Ministerio Público sin la presencia de sus abogados.
Paralelamente, el gobierno del estado detuvo la tarde del viernes a cinco mandos medios policíacos, que presuntamente participaron en el operativo de desalojo en Chalchihuapan.
La aprehensión estuvo a cargo de agentes de la Policía Ministerial mediante una orden de aprehensión.
El 9 de julio, durante el choque entre los agentes y los vecinos de la comunidad, fueron aprehendidos cuatro pobladores, Sergio Clemente Jiménez Tecalero, Félix Xelhua Montes, Antonio Víctor Montes Contreras y Santiago Pérez Tamayo, quienes recuperaron su libertad bajo caución un mes después.
Se les acusó de presuntamente incurrir en ocho delitos, entre ellos ataques a las vías de comunicación y a la seguridad en los medios de transporte, lesiones, daño en propiedad ajena doloso, motín, privación ilegal de la libertad, homicidio en grado de tentativa y robo, que representan más de medio siglo de cárcel.
Por tal razón, es muy probable que a los cinco detenidos del sábado se les acuse de los mismos delitos.
Respuesta oficial
La detención de los vecinos sucedió a pesar de que la Comisión Nacional de Derechos Humanos señaló únicamente a los policías del gobierno de Rafael Moreno Valle como los responsables de la trifulca y la muerte del niño José Luis Tehuatlie Tamayo.
Sobre los hechos ocurridos en Chalchihuapan, el gobierno estatal emitió al siguiente día el boletín número 2005, que se transcribe íntegro a continuación: “El día de ayer –sábado– el Gobierno del Estado de Puebla realizó el evento de cumplimiento a la recomendación 2VG/2014 emitida por la CNDH el pasado 11 de septiembre, en el que informó las siguientes acciones:
“La creación de la Fiscalía especial de investigación para el caso de San Bernardino Chalchihuapan y como titular de dicha fiscalía se nombró a José Antonio Pérez Bravo”.
“Capacitación en Derechos Humanos a todos los servidores públicos encargados de hacer cumplir la ley en el Estado, haciendo especial énfasis en el uso legítimo de la fuerza pública”.
“La Secretaría de la Contraloría inició los procedimientos de responsabilidad y dio trámite y seguimiento a las quejas y denuncias presentadas por la CNDH en contra de los Servidores Públicos responsables. Con motivo de dichos procedimientos, la Contraloría determinó sancionar al Secretario de Seguridad Pública con una amonestación y una multa”.
“Por otra parte, esta misma dependencia determinó la destitución del cargo y sanciones económicas para la Subsecretaria de Coordinación y Operación Policial y a dos mandos operativos”.
“Asimismo, se destituyó e inhabilitó hasta por cuatro años a seis elementos de la Secretaría de Seguridad Pública responsables en el operativo del 9 de julio”.
“La Fiscalía Especial del Caso Chalchihuapan resolvió la averiguación previa, ejercitando acción penal en contra de probables responsables de distintos delitos, por lo que en cumplimiento de 12 órdenes de aprehensión y de cateo, libradas por un juez penal, fueron detenidos seis elementos de la Policía Estatal y cinco personas civiles, quienes han sido puestos a disposición del mismo juez”.