La Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) dio por concluido el caso Chalchihuapan, tras afirmar que el gobierno del estado de Puebla dio “cumplimiento total” a los 11 puntos de la recomendación emitida 2VG/2014 por las violaciones graves a sus habitantes.
Es pertinente señalar que a pesar de la proyección mediática y condena pública que tuvo la agresión al pueblo de San Bernardino Chalchihuapan por parte de la administración del entonces mandatario estatal, Rafael Moreno Valle Rosas, y que el organismo tuvo conocimiento oficial de los hechos casi de inmediato, tuvieron que pasar tres años y medio para que el gobierno cumpliera los 11 puntos del recurso en comento.
No hay, por supuesto, justicia para nadie: para el niño Alberto Tehuatlíe Tamayo, víctima de un proyectil lanzado por la Policía Estatal durante la represión del 9 de julio de 2014. Tampoco para su madre, Elia Tamayo, quien desde que su hijo cayó herido hasta ahora fue víctima de presiones, humillaciones y otras vejaciones por parte de las autoridades para que cejara en su demanda de castigo para los culpables de los asesinos materiales e intelectuales.
Asimismo, no hay justicia para cientos de pobladores de San Bernardino que resultaron heridos por la refriega que ordenó Moreno Valle, algunas de esas víctimas perdieron parcialmente, pero para siempre, la facultad del habla y la vista.
No sale sobrando recordar que el gobierno de Moreno Valle, con Víctor Antonio Carrancá –entonces procurador estatal- al frente, falseó investigaciones ministeriales para encubrir a los policías y culpar a los pobladores por el homicidio del infante, pero ese hecho, que sin duda constituye un delito, también quedó en la impunidad.