Después de la Navidad y en vísperas a que el panista Rafael Moreno Valle deje la gubernatura de Puebla, la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) dictaminó el pasado 26 de diciembre que el gobierno del estado de Puebla cumplió el total de los 11 puntos de la recomendación número 2VG/2014, emitida por las graves violaciones al pueblo de Chalchihuapan.
Con esta determinación, el organismo se suma a las instituciones que han brindado impunidad al gobierno estatal de Puebla en el caso de la agresión a los habitantes de San Bernardino Chalchihuapan, la cual derivó en el asesinato del niño José Luis Alberto Tehuatlíe Tamayo a manos de agentes de la Policía Estatal, y en secuelas severas de salud para varios vecinos, quienes perdieron parcial pero definitivamente facultades como la vista y el habla.
Y no es que la administración morenovallista no haya podido cubrir los 11 puntos de la recomendación en comento, porque esa era una posibilidad –habría que revisar de qué manera lo hizo-; sino que los autores materiales, pero sobre todo, intelectuales de este acto zafio gozan de perfecta impunidad.
La gente de San Bernardino Chalchihuapan y en general todos los agraviados por el régimen de Moreno Valle, que está a punto de culminar, difícilmente podrán tener reparación a los daños que se les perpetraron desde el Poder Ejecutivo y la mácula para el morenovallismo de ser el gobierno más represor y violador de los derechos humanos será muy poco probable de superar en Puebla.