Esta semana la señora Elia Tamayo pidió al gobernador, Luis Miguel Barbosa Huerta, su intervención para que el caso de su hijo, José Luis Alberto Tehuatlie Tamayo –asesinado por policías estatales que reprimieron al pueblo de San Bernardino Chalchihuapan el 9 de julio de 2014– no quede impune.
El mandatario estatal respondió ayer en su habitual rueda de medios que considera el asunto como “un pendiente”.
Uno de los actos más brutales cometidos durante el gobierno del hoy fallecido panista, Rafael Moreno Valle Rosas, fue la acción policiaca contra pobladores de la junta auxiliar de Santa Clara Ocoyucan, quienes junto a otra centena de comunidades en diferentes regiones del estado, tomaron carreteras como una forma de protesta debido a que les habían arrebatado el Registro Civil y trámites tan indispensables como la emisión de actas de defunción y nacimiento, para lo cual los habitantes debían trasladarse a la capital estatal para poder realizarlos.
Como consecuencia del operativo y la violencia de los uniformados, para liberar la autopista Puebla–Atlixco, que estaba tomada por pobladores, el niño Tehuatlie resultó muerto por recibir en la cabeza el golpe de un contenedor de gas lacrimógeno, además más de 100 personas fueron lesionadas, algunas por las balas de goma, perdiendo facultades de vista y expresión verbal, y otros murieron de depresión por las secuelas.
Por si hubiera sido poco, Moreno Valle instruyó que se simularan investigaciones para culpar a la gente de Chalchihuapan del homicidio del menor, pero una intervención de la Comisión Nacional de Derechos Humanos exhibió la falacia y se emitió una recomendación.
No obstante, el cumplimiento del recurso demandado por el organismo defensor de las garantías universales, en los hechos la impunidad sigue campando, porque los responsables de la represión gozan de libertad y jamás han sido sometidos a proceso, a pesar de que las evidencias de su actuación criminal son conocidas y están a la vista después de ocho años.