La Comisión Federal de Electricidad (CFE) firmó un Acuerdo de Entendimiento con la empresa TC Energía, antes TransCanadá, para “resolver conflictos sociales y culminar el Gasoducto Tuxpan-Tula”, que atraviesa por la Sierra Norte de Puebla.
En un comunicado el director de la CFE, Manuel Bartlett Díaz, dijo que el acuerdo fue firmado por la presidente de TC Energía, Jennifer Pierce, y busca desarrollar un sistema de transporte de gas natural desde el Golfo de México hasta el centro del país.
Esto ocurre dos semanas después de que el Consejo de Administración de la paraestatal aprobó alianzas estratégicas para concluir un tramo de 100 kilómetros del gasoducto que pasa por la entidad poblana.
La paraestatal precisó que este acuerdo busca “resolver las problemáticas heredadas por la administración anterior, que han costado cientos de millones de dólares al Estado mexicano y han provocado problemas a los pobladores indígenas de la Sierra de Puebla”.
Manuel Bartlett dijo que, con la conclusión del gasoducto además se resolverá la falta de suministro de gas natural al sureste mexicano y a la península de Yucatán, mediante la construcción de un sistema marino que irá desde Tuxpan, Veracruz, y se conectará con el gasoducto Mayakán, en los estados de Campeche y Tabasco.
Asimismo, informó que la CFE y TC Energía buscarán unificar todos los contratos de servicio de transporte en el centro del país en uno solo, lo cual implicará ahorros en los compromisos de pago de la paraestatal a la empresa canadiense.
El pasado 5 de enero, el presidente Andrés Manuel López Obrador dijo a los pobladores de Pahuatlán que el proyecto del Gasoducto Tuxpan “no atravesará los cerros sagrados”, ubicados en la localidad, aunque esto implique cambiar la traza.
El compromiso lo hizo el titular del Poder Ejecutivo en un acto oficial denominado Diálogo con los Pueblos Otomí, Náhuatl, Totonaco y Tepéhuatl, en el cual varios asistentes exhibieron mantas y cartulinas con consignas de repudio al transportador del combustible.
López Obrador expresó que su régimen ha prohibido el fracking y señaló que desde el gobierno de Carlos Salinas de Gortari hasta el de Enrique Peña Nieto se concesionaron 90 millones de hectáreas para minas y otros llamados “proyectos de muerte”.
Lo anterior, comparó, equivale haber entregado a compañías privadas 40 por ciento del territorio nacional, pero que en su gobierno no se ha entregado ninguna concesión.
Al final, informó que desde el inicio de su mandato se revisaron los contratos de gasoductos y se lograron disminuir las tarifas pactadas sin necesidad de litigarlas en tribunales, lo cual permitió un ahorro de cuatro mil 500 millones de pesos al erario.