Cero Rechazo

Cartas a Gracia 

La Secretaría de Educación Pública dedica un boletín (No. 260) a la difusión de Cero Rechazo, Gracia, programa que formaría parte de la estrategia: inclusión educativa que promueve la administración pública. Y, en efecto, una lectura somera del Programa Sectorial de Educación (PSE), publicado el 6 de julio del año que transcurre, permitiría conocer la importancia que la inclusión tendría para la administración 2019-2024; término que a lo largo de este texto se repetiría en por lo menos 27 ocasiones, con diferentes connotaciones. El glosario del PSE, definiría al término inclusiva como un “criterio de la educación” que tomaría en cuenta “capacidades, circunstancias, necesidades, estilos y ritmos de aprendizaje de los educandos” y la eliminación de barreras de ingreso, distintas al aprendizaje, entendiendo Gracia, que el Estado desarrollaría políticas que favorecieran el acceso “a la educación de excelencia con inclusión y equidad”. Otros conceptos ligados al término inclusión -definidos en el glosario aludido- serían por orden de aparición: “abandono escolar, absorción, acciones afirmativas, igualdad de género, e igualdad sustantiva”; vocablos cuyo significado deben tener en consideración tanto quienes definen las políticas públicas como quienes las operan. 

   La referencia es obligada. El documento de lectura remite a la 13ª reforma que sufriera el Artículo 3º de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (15 de mayo de 2019). lo mismo que a las leyes secundarias generadas o modificadas a partir del día y el mes, en el que se rinde tributo a las y los docentes que laboran en México; y, a la normatividad aplicable a los derechos humanos de los diferentes grupos vulnerables como sustento de la “definición de los objetivos y estrategias prioritarias del PSE 2020-2024 […] cuyo propósito común es garantizar el derecho a la educación de excelencia con inclusión y equidad”.   


   La exclusión del sistema educativo obedecería -de acuerdo al diagnóstico del PSE-, a medidas de política económica y educativa tomadas por quienes se han hecho cargo de la administración; decisiones que han beneficiado a un centro hegemónico -regiones y ciudades- a partir de expoliaciones realizadas en la periferia -zonas rurales-, que propiciarían un desarrollo desigual y que se podría corregir a partir de las medidas que adopte la administración en turno, articuladas en 6 ejes; incluso si emanan de la tan cuestionada administración anterior y de recomendaciones que realizan organismos internacionales. 

   La estrategia Cero Rechazo se enmarcaría en el eje Educación para todas y todos, sin dejar a nadie atrás, y, tendría a su vez “dos rasgos constitutivos del derecho humano a la educación y representan obligaciones del Estado […] la accesibilidad y la disponibilidad”. Como platicamos anteriormente Gracia, el diagnóstico identifica causas económicas que limitan el acceso; refiriéndose entre ellas, a las económicas como las aportaciones voluntario-obligatoria que deben realizar madres y padres de familia que desean inscribir a sus hijos en cualquier institución, incluidas las que cubren la educación inicial pero que, o no tienen disponibilidad de recursos o deben trabajar para sobrevivir. Costos a los que se suma la adquisición de útiles escolares, uniformes, transporte, rezago educativo y “el cupo insuficiente en los planteles de educación media superior y educación superior para cubrir la demanda”, lo mismo que la carencia de instituciones públicas que atiendan “la diversidad de características físicas, intelectuales, culturales y lingüísticas de las y los alumnos, entre otros” (DOF, pág. 203, 6-01-69).  

   Las autoridades educativas federales y locales conocen las limitaciones de acceso (cupo) a las instituciones públicas de educación superior y los costos que tendrían que erogar para ampliar la infraestructura educativa, por un lado y, por otro, para adquirir nuevos recursos humanos que requiere la atención cálida, eficiente y eficaz, a un alumnado creciente. Razón que les obligaría a buscar caminos para que quienes así lo demandan, tengan una alternativa viable que les permita el ingreso a las instituciones públicas y privadas de educación superior y lograr -a posteriori- mejores condiciones para la vida y su desarrollo personal.

   A fin de lograr la equidad y el acceso universal a la educación superior, cita la fuente de referencia, las autoridades educativas federales recurrirían a alternativas de corto plazo y que necesariamente deberán asumir las autoridades educativas locales, destacando la concertación con 454 IES públicas y privadas “en todo el país”, alianza cuyo resultado permitiría crear “123 mil 843 espacios para aspirantes que deseen continuar con sus estudios de nivel Superior y que no lograron ingresar a otras instituciones educativas”; oferta educativa que, las y los interesados podrían consultar en el portal rechazocero.sep.gob.mx y que, de acuerdo a las autoridades, habría logrado en el ciclo escolar 2019-2020, un incremento del 11% en la matrícula en la Universidad Autónoma de Puebla (BUAP) y del 10% en el Instituto Politécnico Nacional (IPN).    

   Hasta ahí todo bien. Sin embargo, aun en las medidas acertadas, resaltan las inequidades propias de un sistema excluyente; entre ellas, la marginación en la asignación de becas de las que se priva a la mayoría del millón trecientos mil estudiantes de los que, una buena parte asisten a universidades de bajo costo, discriminándolos de los programas de becas y de seguridad social, solo por el delito de pagar su colegiatura. Sucede lo mismo con las universidades privadas “elegidas” para participar en un programa especial de becas que costearían la colegiatura de algunos privilegiados, elegidas sin criterios de transparencia, a pesar de una propuesta de alianza público-privada que realizara la Asociación de Universidades e Instituciones de Educación Media Superior y Superior, registrada como ponencia en el foro de consulta realizado en la Ciudad de Puebla y, entregado a la Subsecretaría de Educación Superior federal en tiempo y forma; lo mismo que a las presidencias de las comisiones de educación de las cámaras de diputados y senadores, respectivamente. Ni todos coludos, ni todos rabones Gracia.