El Congreso del estado aceptó aprobar la Ley de Declaración Especial de Ausencia antes de que cierre la legislatura el 14 de septiembre próximo, ante la presión que ejerció el colectivo Voz de los Desaparecidos en Puebla en el último mes y medio, para destrabar esa propuesta que se mantuvo en la congeladora durante casi un año.
La iniciativa busca garantizar a las víctimas directas e indirectas de desaparición su derecho al reconocimiento y protección de la personalidad jurídica, vida digna, integridad y libertad personal, así como acceso a la justicia, garantizando, por ejemplo, la afiliación de menores de edad a instituciones de seguridad social, pese a la ausencia de sus padres.
El Congreso inició el proceso legislativo para aprobar la ley pendiente con la presentación de una iniciativa que es respaldada por la Junta de Gobierno y Coordinación Política, de la que forman parte todos los líderes parlamentarios, situación que garantiza los votos necesarios al proyecto para que sea aprobado.
La iniciativa se turnó a Comisiones Unidas de Gobernación y Puntos Constitucionales y de Administración y Procuración de Justicia, para que sea dictaminado.
La iniciativa se turnó a Comisiones Unidas de Gobernación y Puntos Constitucionales y de Administración y Procuración de Justicia, para que sea dictaminada, luego de varias de semanas de evasivas por parte del grupo parlamentario de Morena, cuya mayoría define el destino de cada proyecto que ingresa al Poder Legislativo local.
Voz de los Desaparecidos exhibe las omisiones
El colectivo Voz de los Desaparecidos emprendió una campaña para visibilizar la omisión del Congreso ante la Ley de Declaración Especial de Ausencia desde el 15 de julio pasado, debido a que los diputados concluyeron en esa fecha el último periodo ordinario de sesiones de la LXI Legislastura sin aprobar la iniciativa.
Mediante publicaciones en sus redes sociales, la organización más importante de parientes buscadores en la entidad federativa exhibió a los diputados por no atender esa demanda social de primer nivel.
Además, María Luisa Núñez Barojas, vocera del colectivo, y otras madres buscadoras intentaron manifestar su preocupación al gobernador electo, Alejandro Armenta Mier, en el marco de una rueda de prensa que éste encabezó el 13 de agosto pasado, pero denunciaron que el equipo del próximo mandatario les negó el acceso, bajo el argumento de que el acto se programó sólo para medios de comunicación.
Las críticas de María Luisa Núñez datan del 7 de noviembre de 2023, cuando acusó al Congreso de actuar de forma contradictoria, porque por un lado la diputada del PT Mónica Silva Ruiz presentó una iniciativa de ley desde el 1 de octubre pasado, pero por el otro la Dirección Jurídica litigó para evitar que se legisle en la materia.
