CDH emite recomendaciones contra edil de Coxcatlán por privar de agua a una persona

Coxcatlán. Por vulnerar los derechos humanos a la seguridad jurídica y al agua, el presidente municipal Aldo Rogelio Arvizu Robles, recibió una recomendación por parte de la Comisión de Derechos Humanos del Estado (CDH), que encontró elementos suficientes para determinar que se cometieron violaciones a las garantías individuales de una persona y su familia en la población Tequexpalco.

La recomendación se emitió con el número 16/2019 dentro de la cual se especifica que en asamblea se decidió, sin justificación, privar a esa persona del derecho al agua, acción que aplicó de inmediato el inspector y pese a saber que se trataba de un acto ilícito el ayuntamiento no impidió ese atropello.

La Comisión de Derechos Humanos del Estado pidió al alcalde girar instrucciones precisas para que se reinstale de inmediato el servicio a la persona agraviada, al tiempo de emitir la orden para que la Contraloría Municipal inicie procedimiento administrativo en contra de los servidores públicos que fueron omisos sobre el caso.


Tocará a la misma Contraloría determinar si se aplican sanciones a esos funcionarios, lo cual dependerá del resultado del proceso administrativo; mientras tanto, también se determinó la necesidad de que el presidente brinde capacitación a todo su personal sobre el respeto y protección de los derechos humanos, para poder evitar que se incurra nuevamente en acciones como la ocurrida en Tequexpalco.

Otro aspecto a atender es la implementación de mecanismos para que el servicio de agua potable, en Tequexpalco, sea proporcionado por el municipio, tal como lo establece la Ley Orgánica Municipal.

El cumplimiento de cada punto enumerado en el documento se le indicó a Arvizu Robles, lo deberá acreditar ante la CDH, por el momento el alcalde no ha indicado si aceptará la recomendación

La argumentación más fuerte que se dio al momento de privar de ese derecho a la persona afectada fue que se trató de una decisión de la asamblea comunitaria, que se basa en los usos y costumbres de la población.

En ese sentido la recomendación específica que ninguna medida que tenga sus bases en usos y costumbres puede ser aceptable si es en agravio de los derechos humanos, por lo que la autoridad debió actuar en concordancia con lo establecido en la legislación mexicana.