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La iniciativa privada continúa con su presión en contra de los libros de texto gratuitos. Ahora es el Consejo Coordinador Empresarial (CCE) el que pide que se replantee el contenido de los mismos “a través de una reflexión profunda con los distintos sectores y actores involucrados en la pedagogía infantil”.
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En un comunicado de prensa que emitió la tarde de ayer, el organismo encabezado por Héctor Alberto Sánchez Morales demandó que docentes y especialistas corrijan errores, sin señalar específicamente cuáles son.
También pidió que se consideren directrices educativas de expertos y que se aplique “lo que corresponda” para cumplir los procesos marcados por la ley y hacer valer el Estado de Derecho.
El Consejo refirió que desde los 24 organismos que lo integran, se ha dado seguimiento a la situación que se deriva de los libros de texto gratuitos y hay “preocupación e interés en la revisión y corrección de los mismos de manera seria y legal”.
De igual forma se señaló que desde esa agrupación de empresarios, conciben a la educación como el cimiento para la construcción y crecimiento de un país, como un pilar en el desarrollo de los estudiantes y un espacio que permite la formación de habilidades necesarias para lograr una sociedad armoniosa, justa y próspera.
En el boletín se indicó que están conscientes de que la educación debe ser revisada y evaluada continuamente para garantizar el interés superior de la niñez, por el bien del país, pero insistieron en que debe haber correcciones.
“A pesar de que se han justificado oficialmente los cambios anteriores, no se ha definido un proceso de corrección de los errores, omisiones y distorsiones presentes en los textos educativos”, manifestó.
La iniciativa privada de Puebla ha estado sumándose a los pronunciamientos que han hecho sus dirigencias nacionales en contra de los libros de texto.
El pasado lunes fue la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex) la que pidió, en una carta dirigida al gobernador Sergio Salomón Céspedes Peregrina que no se distribuyan los libros de texto, con el argumento de que se debe esperar a que los tribunales definan si se deben entregar o reponer el proceso, es decir hacerles adecuaciones y volver a imprimirlos.
A decir del dirigente del sindicato patronal, Rubén Furlong, la postura que tienen no los convierte automáticamente en oposición del gobierno.
Por su parte el Consejo Nacional de Organismos Empresariales (COE) se ha mantenido al margen. Su presidente, César Bonilla Yunes, externó que no han revisado el contenido de los libros, pero además resaltó no son expertos en el tema, por lo tanto no tienen bases para pronunciarse a favor o en contra de los mismos.
Aunque dijo respetar que la Coparmex haya pedido que se suspenda la entrega de los libros, señaló que el COE no se sumaría a esa petición y que lo mejor es atender las opiniones de gente especializada en temas educativos.
