Recientemente fue publicado el resultado del examen de admisión a la Universidad Autónoma de Puebla (UAP, pues no me gusta anteponer el calificativo de Benemérita), con varias circunstancias que llaman poderosamente la atención.
En el primer minuto del sábado 10 de agosto se pudieron saber por internet los números de matrícula con que fueron aceptados 20 mil aspirantes y alrededor de 28 mil muchachos rechazados, lo que refleja que aproximadamente solamente dos de cada cinco solicitantes podrán continuar estudios profesionales en la denominada “máxima casa de estudios del estado”.
Todos en Puebla hemos percibido los rostros de tristeza, frustración, desolación y coraje que ambientan nuestra cotidianidad, mientras en una forma paralela, se dan manifestaciones y plantones de los no aceptados, que provocan un caos que sobrepasa nuestra ya enmarañada ciudad. Pero una cosa es la percepción política del problema en la discriminación de estudiantes a quienes se les ha planteado como opción la elección de otra carrera a la que desean dedicarse; supuestas “becas” para estudios en universidades particulares incorporadas a la universidad pública, y lo que nosotros como individuos comunes y corrientes podemos sentir en el ámbito social. Hasta ahora no he conocido personas que decidan presentar el examen de admisión sin pensar en una opción de auxilio paralelo, con la búsqueda de apoyos de una índole tan diversa que van desde recomendaciones entre amigos o familiares vinculados con la universidad o la oferta de pagar una elevada cantidad de dinero por asegurar un lugar en una carrera específica.
Esto es algo por todos conocido, tan público y notorio que da pena y hasta vergüenza, pues hay un temor generalizado, independientemente de la calidad académica de un preparatoriano, que garantice el ingreso a una universidad de calidad. Se mencionan tantos fenómenos que hacen sospechar actos de corrupción, que es muy poco lo que puede aportar como para señalar puntualmente lo que está sucediendo.
A final de cuentas, todos sabemos que marginar estudiantes para ofrecer estudios en universidades particulares, redunda en un negocio multimillonario que lleva en sí un verdadero atentado en contra de la educación que se debe ofrecer constitucionalmente, en una forma gratuita, por parte del gobierno municipal, estatal y nacional.
Pero siendo médico, veo con suma preocupación un fenómeno. La carrera con más aspirantes fue Medicina (más de 6 mil interesados y solamente 700 aceptados). Tomando como base el XXVIII Examen Nacional de Aspirantes a Residencias Médicas (ENARM) que marca la opción de hacer una especialidad, desde hace ya varios años, los médicos titulados por la UAP han logrado calificaciones por debajo del promedio nacional y es todavía más doloroso saber que los egresados de la Universidad Popular Autónoma del Estado de Puebla (UPAEP), han tenido calificaciones por arriba de la UAP, lo que refleja que la educación privada que se ha privilegiado, está señalando una insultante opción educativa extremadamente cara y excluyente, para todos los que desean llevar a cabo estudios de licenciatura.
De hecho, si una pequeña universidad con mil alumnos cobrase mil pesos de colegiatura mensual (cantidad risible pues las cuotas son mucho más altas), hablamos de un millón de pesos al mes, sin contar inscripciones, cooperaciones, materiales de enseñanza y otros gastos que mantienen a las familias en un verdadero sangrado crónico de la economía. Queda entonces la certeza de que universidades como la de las américas, tecnológicos como el de Monterrey e incluso la misma UPAEP captan ganancias impresionantes de un carácter que no podemos imaginar.
Necesitamos defender la educación pública a toda costa pues de otro modo, continuaremos provocando esta catástrofe en la educación pública y sobre todo, la profesional.