Francisco Castillo Montemayor, extitular del Sistema Operador de Agua Potable y Alcantarillado de Puebla (SOAPAP), propuso que el gobierno del estado compre 75 por ciento de las acciones de Concesiones Integrales que pretende adquirir la empresa filipina Manila Water Company, al considerar que esta vía sería menos onerosa que pagar una indemnización para cancelar la concesión del servicio de agua potable en Puebla. El exfuncionario sostuvo que la operación permitiría al gobierno recuperar el control del servicio y frenar los abusos contra los usuarios.
Tras participar en el 12 aniversario de la Asamblea Social del Agua (ASA), Castillo Montemayor explicó que, si el paquete accionario de Concesiones Integrales tiene un valor de 5 mil millones de pesos, resultaría más barato para la administración estatal adquirirlo que desembolsar 10 mil millones de pesos por la rescisión del contrato de concesión. Aseguró que, desde una perspectiva financiera, la compra de acciones representa una alternativa menos costosa y más efectiva para modificar el modelo de gestión del agua.
Detalló que, si el gobierno estatal se hace del 75 por ciento de las acciones, Concesiones Integrales —comercialmente Agua de Puebla— quedaría bajo control público, lo que permitiría nombrar a un nuevo director y tomar las decisiones más importantes sobre la operación y la política tarifaria del servicio. A su juicio, con este esquema se reducirían los abusos en contra de los usuarios y se abriría la posibilidad de reorientar las inversiones hacia infraestructura hidráulica pendiente.
De manera paralela, Castillo Montemayor señaló que el SOAPAP debe vigilar que, en caso de concretarse la venta de acciones a Manila Water Company, Concesiones Integrales liquide sus deudas con la banca privada, contraídas para la supuesta inversión en obras de infraestructura. Recordó que la empresa obtuvo 5 mil millones de pesos por la venta de acciones y subrayó que es indispensable aclarar en qué se utilizaron esos recursos.
“Se tiene que saber qué hizo Agua de Puebla con los 5 mil millones de pesos que cobró por la venta de las acciones; debió usarlos para concluir obras o pagar sus deudas”, expuso el exdirector del organismo operador. Consideró “extraño” que Concesiones Integrales intente desprenderse de su participación, pues ello evidenciaría que el negocio financiero del agua en Puebla no resultó tan rentable como se planteó originalmente.
En ese contexto, sostuvo que “en este momento debe de ser ventajoso adquirir el 75 por ciento de las acciones”, frente a la exigencia de 10 mil millones de pesos por la rescisión del contrato. Argumentó que, si el estado compra la mayoría accionaria, podrá controlar a la empresa concesionaria y definir directamente las decisiones clave, en lugar de entregar el negocio a una corporación transnacional.
Castillo Montemayor advirtió que, de concretarse la venta a la firma filipina, sería esta la que se beneficiaría del cobro de las tarifas del agua en Puebla. En cambio, planteó que la adquisición del paquete mayoritario por parte del gobierno impediría que una compañía extranjera se apropie del negocio y permitiría orientar el servicio a criterios de interés público más que de rentabilidad financiera.
Puedes leer: Multas del SOAPAP impuestas a Concesiones Integrales no superan ni el 1% de sus ingresos anuales
