Viernes, agosto 19, 2022

Castillo Montemayor y el lado oscuro de la Fiscalia

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El desencanto social hacia las instituciones encargadas de procurar e impartir justicia deviene del doble lenguaje utilizado para caracterizarlas. Caminan entre las bondades retóricas del discurso legislado del derecho a la justicia y las desvergüenzas prácticas del mismo que hacen algunos funcionarios públicos encomendados a tales tareas, evidenciando la existencia de un trecho enorme entre decir y hacer, dejando al descubierto el mal manejo de esa institucionalidad cuya expresión más patética por el gravísimo daño personal, familiar y social que causa entre la población, es la ausencia de castigo para quienes por acción u omisión cometen conductas delictivas en perjuicio de otros. La eficiencia de gobierno es cuestionada por esta falla que da lugar al fenómeno de la impunidad que por su magnitud, estadísticamente medida, alcanza rango de una “legalidad alterna” aunque las conductas que debieran ser reprochadas admitan, en el discurso del derecho, el calificativo de ilícitas; calificación que por sí sola no impide la continuación de su consumación cotidiana, terminando por convertirse en el modo imperante de organización de nuestra vida social desde hace muchas décadas. 

El problema social de la impunidad podrá hallar diversas explicaciones en los ámbitos de la política, sin embargo, la más difícil de aceptar y comprender es la que encuentra que tal fenómeno es un acto de voluntad política mediante el cual, los encargados de combatir los delitos, toman la decisión de no castigarlos, haciendo de lado lo que digan las leyes, para imponer su decisión de dejarlos impunes escudándose en “la interpretación” de la ley, exhibiendo perversidad de intenciones. El trajinar al que, en búsqueda de justicia, está siendo sometido el ambientalista Francisco Castillo Montemayor por la Fiscalía General del Estado (FGE), acredita la malsana y grotesca diferencia entre la “procuración” de justicia y su obtención. Durante el gobierno del extinto Rafael Moreno Valle, a Castillo le tocó vivir la desagradable experiencia de haber sido encerrado en prisión sin haber cometido delito alguno, como quedó acreditado en las resoluciones judiciales que sus defensores obtuvieron de la justicia federal. 

A sus 71 años se convirtió en uno de los cientos de presos políticos que pagaron con cárcel la osadía de haber externado posturas públicas, en temas de gobierno, contrarias a las del gobernador en ejercicio del cargo. Por este motivo la “procuración de justicia” trabajó arduamente en la fabricación del delito de peculado de que lo acusó la Procuraduría General de Justicia a cargo de Víctor Carrancá -el más abusivo e ignorante de los procuradores habidos en Puebla, guardaespaldas de la corrupción, la delincuencia y la impunidad- para que una denuncia surgida de la Contraloría del Estado, ratificada ante el ministerio público el siete de octubre de 2016, fuese consignada el diez de noviembre ante el juzgado penal y, al día siguiente, la juez sexto dictara la orden de aprehensión en su contra, y enviara oficio al “Fiscal General de Justicia del Estado” (sic) -el propio Carrancá- a fin de que la policía hiciera efectiva su captura e internamiento en la prisión. El día 21 de noviembre, ya en prisión, la juez penal le dictó auto de formal prisión teniéndolo por presunto responsable de la comisión del delito de peculado. 

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En la cárcel los mayores problemas para Castillo fueron, aparte del hecho mismo de verse ahí y sus implicaciones sicológicas, los sufrimientos de su familia; el menoscabo de su fama pública como ambientalista; su edad -a cualquier edad es complicado ir a prisión, pero a los 71 años, es más- no respetada para obtener el beneficio de enfrentar el proceso en libertad; y los enormes gastos para pagar su defensa. Pero había uno que, como a cualquiera, le resultaba inadmisible: estar preso con plena conciencia de no haber cometido delito alguno. La sentencia de amparo pronunciada por un juez de distrito lo confirmaría al establecer: “… desde la construcción de los elementos para el cuerpo del delito, se realizó una delimitación ilegal”. Catorce meses de reclusión sin existir motivo. Estas situaciones que lastiman la integridad física, moral, y patrimonial de los poblanos, en los ámbitos del corredor político de la procuración e impartición de justicia parecen querer conservarse como forma “normal” de las relaciones autoridad-sociedad manteniendo ciertas políticas de impunidad. Sin embargo, en la medida que son una calamidad social, ya no deben ser toleradas. El delito en todas sus formas y en todos los estratos sociales y gubernamentales, es degradante de la condición humana. Por ser un problema social, es también un problema político, y la ciudadanía debe tomar cartas en el asunto para encontrarle remedio en la democratización de las instituciones públicas, considerando que la estructura vertical concentradora de poder que las caracteriza hasta hoy, se ha convertido en un cruel y pesado lastre para la población. 

Castillo Montemayor consideró necesario ayudar a combatir a los funcionarios venales -de la procuración e impartición de justicia- que envilecen el quehacer público. Dos sucesos políticos le inquietaban: uno, el fiscal general fue designado -con desaseados procedimientos legislativos- por su socialmente repudiado antecesor y, luego, ratificado por la nueva legislatura; dos, en la pasada elección de gobernador cambió el titular del Ejecutivo y los ocupantes del Legislativo, pero el poder judicial se mantuvo intacto. Se le presentaba una paradoja: tener que pedir justicia en las mismas oficinas donde trabajan quienes lo encarcelaron tramposamente. No tuvo alternativa. Pensar en que permanecen en sus puestos después de lo que le hicieron le pareció una invitación a que, coludidos como banda criminal, puedan volver a encarcelar a otras personas inocentes. El 19 de marzo de 2020 acudió a presentar ante la FGE, denuncia por delitos de abuso de autoridad y contra la administración de justicia cometidos por funcionarios, ministerios públicos, y jueces que intervinieron para encarcelarlo sin existir delito. 

Pasaron dos años en los que puntualmente acudió a las citas que espaciadamente le daba la joven agente del ministerio público encargada de su denuncia, sin que viera algún resultado concreto de la investigación. El doce de abril pasado decidió pedir, por escrito y sujetándose al trámite interno, una audiencia con el Fiscal Gilberto Higuera Bernal <<…para el efecto de plantearle las inquietudes que me causa, en mi situación jurídica de víctima de delito, la dilación extrema que se le viene dando al manejo de la denuncia que presenté ante la Fiscalía a su digno cargo, desde el pasado 19 de marzo de 2020…Estará de acuerdo conmigo en que el retraso, lentitud o inmovilidad de la investigación del delito denunciado, contribuye a generar el deplorable fenómeno jurídico de la impunidad que tanto lastima a nuestra sociedad…>>. Hasta la fecha la audiencia no ha sido concedida. Sin embargo, el 4 de mayo, Castillo fue citado para notificarle la determinación de la fiscalía, dictada a las <<11:11 horas del 25 de abril de 2022>> que decreta el <<NO ejercicio de la acción penal persecutoria toda vez que el hecho cometido no constituye delito>>, en la que una selección tendenciosa de fragmentos de la denuncia, invocación de normas derogadas, y confusas conceptualizaciones son el marco de una argumentación reiterativa, de estructura lógica irregular y deforme, útil para ocultar la ausencia de investigación del delito y decidir su impunidad. 

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El primer golpe para este hombre fue la lentitud del trámite de su denuncia, contrastante con la celeridad con que a él, la procuración de justicia lo encerró en la cárcel; el segundo, que a él, la procuración e impartición de justicia lo encarcelaron sin delito, a diferencia del trato que, ahora, la procuración de justicia brinda a los funcionarios que lo llevaron a prisión a pesar que “desde la construcción de los elementos para el cuerpo del delito, se realizó una delimitación ilegal” como estableció y sentenció el juez federal que ordenó su liberación; Castillo pasó 14 meses preso sin motivo y para la fiscalía, en ello no hay delito; el tercero, es el golpe más demoledor porque trasciende a sus derechos al fijar, en la determinación, el rasero ministerial de medida para calificar las conductas ilícitas: <<En primer término, se entrará al estudio lógico jurídico del actuar por parte del investigado, consistente en el ejercer acción penal en contra del C. Francisco Eduardo Castillo Montemayor…en el que se precisó que bajo su criterio advirtió que de los datos que arrojó la Averiguación Previa…se desprendían  elementos de prueba suficientes para tener por acreditado el cuerpo de delito de PECULADO, es decir su actuar del investigado es meramente un ejercicio de la independencia ministerial con la que cuenta el servidor público investigado, por lo que a criterio de esta Representación Social no se presentó una conducta posiblemente constitutiva de delito, por el contrario se trata únicamente de un ejercicio discrecional de un análisis jurídico que realizan los servidores públicos en ejercicio de su facultades de acuerdo a su criterio y ningún servidor público puede ser imputado únicamente por hacer uso de su ejercicio discrecional y menos aún por su criterio al momento de determinar pues esto vulnera el “libre árbitro del juzgador”>>. (Sic). ¡No distinguen la función ministerial de la judicial!                                                                                                                           

Frente a esta actuación práctica de la Fiscalía que reduce, de manera alarmante, la aplicación de la ley penal al subjetivismo del criterio sin sujeción a norma; al ejercicio discrecional del análisis jurídico; a la “independencia ministerial”; ¿Qué sentido tienen las bondades retóricas de su Ley, cuyo artículo 4 impone: <<…sus servidores públicos se regirán por principios: De Legalidad: observancia estricta de las disposiciones legales … Objetividad: actuación basada en elementos que puedan acreditar plenamente el cumplimiento de los supuestos previstos en las leyes, sin prejuzgar o atender a apreciaciones particulares carentes de sustento;. Eficiencia… Profesionalismo: que permite…desarrollar al máximo sus competencias, capacidades y habilidades; Honradez: cualidad con la que se designa a aquella persona que se muestra, tanto en su obrar como en su manera de pensar, como justa, recta e íntegra, con la cual procede en todos sus actos; los integrantes de las instituciones se apegarán en todo a la verdad y rechazarán todo acto que signifique corrupción y cualquier tipo de desvío en el cumplimiento de sus funciones; Respeto a los derechos humanos: El aprecio…a los derechos establecidos o reconocidos en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, los Tratados Internacionales de los que México forme parte y en la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Puebla, por lo que no ejecutarán ni tolerarán que se ejecuten actos que los trasgredan en modo alguno, aun cuando provengan de órdenes superiores; (…)? Aquí está la diferencia entre el lenguaje de la ley y el ejercicio de su aplicación real. 

Si bien la determinación ministerial golpea al interés personal de Castillo Montemayor, esta concepción pseudofilosófica de la procuración de justicia que pretende dejar la calificación de las conductas humanas “a criterio” del ministerio público para decidir si son delitos o no, (¿puede imaginarse el mundo de corrupción que genera?) revela que el fantasma de la arbitrariedad y el autoritarismo merodea de nuevo nuestra entidad. La responsabilidad institucional de este gran lado oscuro de la Fiscalía recae en el Dr. Higuera quien tiene la obligación política y moral de aclarar y corregir. El pasado reciente de cientos de personas perseguidas, procesadas y presas por motivos políticos, que fue método de gobierno, parece perdido en la bruma de las nuevas rencillas políticas, pero es imposible olvidar que la concepción sobre aplicación de la ley penal fue esta misma. Francisco Castillo es, por ahora, el ciudadano cuyos derechos humanos a la certeza y seguridad jurídicas son atropellados por partida doble: ir a prisión sin delito y topar con impunidad para los perpetradores. Jurídicamente, el fundamento teórico que esgrime la Fiscalía demuestra que las formas de ejercer autoridad apartándose de la ley subsisten, trascendieron el sexenio, y cuestionan la vigencia del Estado de derecho desde el perfil político que define la perspectiva social de quienes, con estas formas, métodos y contenidos, procuran e imparten la justicia en Puebla.  

Heroica Puebla de Zaragoza, a 9 de mayo de 2022.

JOSÉ SAMUEL PORRAS RUGERIO

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