Por la fabricación de delitos que lo confinaron a prisión por un año y tres meses y siete días, sin una sola prueba de por medio, el ex secretario del Medio Ambiente, Francisco Castillo Montemayor, denunció penalmente este jueves a nueve ex funcionarios morenovallista, de los cuales algunos continúan laborando en el actual gobierno estatal.
La denuncia quedó asentada con el número de carpeta de investigación 4033/2020/UAT–04 por Abuso de autoridad, Delitos cometidos en la procuración y administración de la justicia, Tráfico de influencia y lo que resulte.
Los nueve imputados son: Jorge Dustano Reyes Santos, el ex subcontralor Eugenio Mora Salgado, Francisco Eduardo Dueñas Zambrano, el exsecretario de Desarrollo Rural y Ordenamiento Territorial, Rodrigo Riestra Piña, así como el exfiscal Víctor Antonio Carrancá Bourget.
Además del agente del Ministerio Público, Roberto Armando Meneses Bonifaz, la jueza Idalia Arciniega Arias, Leonardo Jiménez Burgos y el ex presidente del Poder Judicial del estado, Roberto Flores Toledano.
Al mediodía de este jueves, el ambientalista arribó a la Fiscalía General del Estado de Puebla acompañado de una veintena de luchadores sociales, expresos y procesados políticos, así como de defensores de los derechos humanos.
Entre ellos estuvieron los abogados Samuel Porras y Tonatiuh Sarabia, de la Unión Popular de Vendedores Ambulantes (UPVA) 28 de Octubre que tuvo a cinco presos políticos y el mismo número de procesados; además de Lucina Quintero, hija de la ex comisariada ejidal de San Felipe Xonacayucan y opositora al gasoducto Morelos, Enedina Rosas Vélez; y el procesado político Miguel López Vega, defensor del río Metlapanapa.
También hizo acto de presencia Gerardo Pérez Muñoz, del Colectivo Hermanos Serdán; y los académicos del Centro Universitario para la Prevención de Desastres Regionales (Cupreder), Aurelio Fernández, Alejandra López y Samuel Contreras.
A la par, un grupo de comerciantes de la UPVA mantuvo una protesta pacífica afuera del edificio público, quienes lanzaron la consigna: “Barbosa decía que todo cambiaría; mentira, mentira, la misma porquería”.
Los delincuentes son los que imparten la justicia en Puebla
Previamente, Castillo Montemayor declaró que la denuncia la interpone dos años después de su liberación –a falta de elementos que acreditara el delito– porque no hubo cambios del sistema de justicia en Puebla.
Incluso, reconoció que habría sido “ocioso” presentar la denuncia antes, cuando Víctor Carrancá seguía al frente de la Fiscalía General del Estado.
En entrevista, dijo que la denuncia van en contra de ex funcionarios del sexenio morenovallista, desde la Fiscalía y la Contraloría hasta el agente ministerial, que sin tener pruebas lo culparon del delito de peculado por 38 millones de pesos.
“Fue una instrucción porque todos presentaron los mismos expedientes, con los mismos errores ortográficos, y los trámites lo hicieron con una velocidad que no se observa en el país; en un día integraron todo el expediente, giraron la orden de aprehensión y me encarcelaron por un año y tres meses”, relató.
El ambientalista dijo que con toda seguridad estos nueve exfuncionarios tenían la intensión de coartarle la libertad, acusándolo de peculado cuando no tenían pruebas en su contra.
“Actuaron en una totalidad ilegalidad y eso me obliga a denunciarlos, porque estos delincuentes siguen ejerciendo la justicia en Puebla”, acusó.
Francisco Castillo advirtió que su denuncia es la primera de decenas podrían interponerse en los próximos días por ex presos políticos del morenovallismo, quien no solo reclaman disculpas públicas, sino también el resarcimiento del daño moral y cárcel a los responsables.
Lamentó que los defensores de los derechos humanos y del patrimonio en Puebla sean tratados como delincuentes, cuando son aliados de las autoridades.
Explicó que su detención fue porque denunció públicamente a Rafael Moreno Valle Rosas, cuando era gobernador de Puebla, por lo que hizo en el Parque Flor del Bosque y las zonas forestales, y porque convirtió a la verificación vehicular en un negocio cuando era una medida para garantizar la calidad del aire de la ciudad.
–¿Existen condiciones para que esta vez haya justicia? –le inquirió esta reportera.
–Siempre tuve confianza que esto cambiaría, que al sector judicial llegaría gente nueva y limpia, pero nos vieron la cara. La juez y el ministerio público que ordenaron mi detención siguen trabajando en el Tribunal. Entonces, cómo quieren que se acabe la impunidad, si son los mismos delincuentes quienes imparten la justicia.
“Como vi que no cambiaba esto, mí obligación ética y moral como ciudadano fue denunciar a los delincuentes”, afirmó.
Finalmente, hizo un llamado al gobernador Luis Miguel Barbosa Huerta a que proteja a los defensores de derechos humanos, en lugar de perseguirlos, porque son sus aliados porque están ayudando a que se conserve este planeta.
“Los activistas no son delincuentes, es gente que quiere a su pueblo, a su ciudad y a su estado, son lo más valioso porque están protegiendo la vida y el bienestar de todos”, concluyó.