Castigo que se pide vs. grafiteros es similar al de delitos de corrupción de menores y tortura

Los 12 años de cárcel que el diputado local del PAN Eukid Castañón Herrera propone al Congreso local para grafiteros o cualquier ciudadano que altere o deteriore la infraestructura urbana del estado es equiparable con las sanciones que el Código Penal de Puebla impone a un adulto que incurre en los delitos de corrupción de menores, tortura y peculado.

Abogados y defensores de derechos humanos reprobaron esta medida en entrevistas por separado con La Jornada de Oriente, pues argumentaron que se trata de reprimir la protesta social con sanciones desproporcionadas.

En el caso de la corrupción de menores, el Código Penal de estado fija una sanción que puede ir de los siete a los 12 años de cárcel, mientras el peculado se castiga con seis meses hasta 12 años de prisión, y la tortura con una pena corporal que puede ir de los tres a los 12 años.


“El destinatario de la reforma es el movimiento popular, campesino, indígena, amas de casa, estudiantes (…) porque se ha visto un incremento en las protestas y las marchas, donde ciudadanos han pintado consignas políticas (…) lo que hace el gobierno es criminalizar ese acto y la forma fácil de hacerlo es a través de nuevas disposiciones”, expresó Israel Sampedro, representante de la Red de Defensa de los Derechos Humanos (REDDH).

La iniciativa, que se presentó al Congreso el miércoles pasado y actualmente se encuentra en comisiones para su revisión, sugiere cambios al Código Penal con el fin de incrementar las sanciones a aquellos que “sin consentimiento de quien deba darlo, causare daño, destrucción o deterioro de bien ajeno por medio de pintar signos, leyendas, dibujos, imágenes o cualquiera otra manifestación gráfica”.

Además, considera la adhesión del artículo 413 Ter para sancionar con seis a 12 años de prisión “a quien o a quienes de forma ilícita y dolosa, causare o causaren alteración, daño, destrucción o deterioro al equipamiento o infraestructura urbana, a algún bien destinado o utilizado para la prestación de servicios públicos, o del patrimonio artístico o arquitectónico del Estado”.

Israel Sampedro calificó la reforma como una medida “fascista” propia de una “política policiaco–militar” que el gobierno poblano pretende iponer en marcha en la entidad.

“A quien lleguen a encontrar escribiendo una consigna política va a ser encarcelado y será el pretexto idóneo para mostrar las consecuencias a todos aquellos que intenten o pretendan hacer lo mismo (…) porque escribir algo para el Estado mexicano es deteriorarlo, ya que tiene que volverlo a pintar”, alertó.

En tanto, el abogado René Sánchez Galindo, integrante del Movimiento Regeneración Nacional (Morena), calificó de “excesivas” las sanciones propuestas, y aseguró que el objetivo de las mismas es coartar la libertad de expresión.

En caso de que la reforma sea aprobada, anunció que convocará a los diputados y senadores de Morena para realizar una pinta en el muro que rodea la residencia oficial del gobernador, Casa Puebla.

 

Sanciones propuestas

 

La reforma al Código Penal propone derogar los tres párrafos finales del artículo 413 bis, en los que se instruye a la autoridad a procurar una mediación para sustituir la acción penal que genera la pinta y deterioro de propiedad ajena con trabajo a favor de la comunidad, por lo que las personas que sean sorprendidas incurriendo en esas actividades tendrán dificultades para eludir la cárcel.

Si los daños se realizan en bienes de propiedad privada, la iniciativa sugiere de uno a tres años de prisión, cuando el marco normativo vigente determina “de 30 días a tres años de prisión y multa de 10 a 250 días de salario”

En el caso de los bienes de dominio público, el proyecto legislativo plantea una pena corporal de dos a cuatro años, que contrasta con la sanción actual de “cuarenta días a cuatro años de prisión y multa de 20 a 300 días de salario”.