La sección 23 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE), encabezada por Alejandro Ariza Alonso, se manifiesta en contra de la iniciativa que pretende sancionar con hasta dos años de cárcel a maestros y directivos que sean omisos ante casos de bullying.
En un comunicado de prensa, criticó la propuesta presentada por las diputadas Laura Ivonne Zapata Martínez y María Ruth Zárate Domínguez, del PRI y Morena, respectivamente; al considerar que no tiene un carácter formativo y solo pretende establecer penas de prisión y criminalizar la labor educativa de la organización magisterial.
“Porque va en contra de los derechos humanos de los estudiantes, así como de la revalorización del magisterio que hoy día recobra la política educativa actual implementada por el gobierno federal, dejando de lado el papel transformador de las maestras y maestros en la sociedad”.
En ese contexto, el 22 del mes en curso el SNTE 23 envió un oficio al presidente de la LXI legislatura del Congreso del Estado, Sergio Salomón Céspedes Peregrina, en el cual le argumentó que ya existen ordenamientos expedidos y vigentes a nivel local y federal, de exacta aplicación para atención y, en su caso, sanción, por hecho de violencia, maltrato y acoso, que tengan lugar en escuelas oficiales.
Por lo cual, la representación sindical expuso que es innecesario y redundante legislar respecto a responsabilidades de profesores, directivos y demás trabajadores de la educación.
En el mismo documento resaltó que en la iniciativa se nota un sesgo de estigmatización al grado de criminalizar a los docentes.
La organización sindical refirió que también se estigmatiza a los niños, niñas y adolescentes al emplear el término “acosador” a quienes incurren en conductas impropias al interior de las instituciones educativas, contraviniendo disposiciones normativas previstas en tratados internacionales sobre derechos humanos de los menores de edad.
Por esa razón, el SNTE calificó como contradictoria la postura de las legisladoras, al subrayar que su deber es privilegiar el interés superior de la niñez.
“De la exposición de motivos de la iniciativa se hace evidente la confusión de los términos de bullying y/o acoso y/o maltrato escolar, además de que es punitiva y no preventiva”.
El sindicato sostuvo que los trabajadores de la educación no están en contra de que se expidan nuevos documentos, medidas o procedimientos que favorezcan la erradicación del acoso escolar en las escuelas.
Por el contrario, refirió, diariamente laboran para generar entornos escolares seguros y libres de violencia, destacando siempre el principio del interés superior de los estudiantes, para que las instituciones educativas sean entornos más armónicos y de convivencia.