Lunes, agosto 15, 2022
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Caso Chalchihuapan genera la mayor presión política recibida en la CNDH

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La recomendación que la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) emitirá sobre la represión contra el pueblo de Chalchihuapan y la muerte del niño José Luis Alberto Tehuatlie Tamayo no se dará a conocer esta semana, como originalmente se prometió, sino hasta después del 8 de septiembre. Será una investigación concluyente, de un fuerte peso político y que en mucho definirá el futuro de dos figuras: el ombudsman Raúl Plascencia Villanueva y el gobernador Rafael Moreno Valle.

Como pocas veces una recomendación ha generado tanta expectativa y presión sobre el ombudsman nacional, pues mientras senadores del PRI y principalmente de izquierda han advertido que no quedarán satisfechos con una investigación parcial y que no fije su atención en el gobierno morenovallista, los legisladores federales del PAN han filtrado mensajes entre líneas de que no van a apoyar la reelección de Plascencia Villanueva si éste emite un documento severo contra el jefe del Poder Ejecutivo de Puebla.

La mayor presión no ha venido de las fuerzas políticas, sino de diversas organizaciones no gubernamentales que han cuestionado severamente a Plascencia Villanueva al acusarlo de actuar siempre con corrección hacia la clase gobernante, de privilegiar la agenda política por encima de la agenda de los derechos humanos y que busca no provocar estridencia con sus recomendaciones, para de esa manera mantenerse en el cargo de presidente de la CNDH.

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El agravio que ha dejado el ombudsman fue su gris actuación en los casos de la francesa Florence Marie Louise Cassez Crepin, quien fue acusada de secuestro, nunca se supo si fue culpable o inocente, y cuyo encarcelamiento provocó un conflicto diplomático entre México y Francia; en la matanza de docenas de migrantes centroamericanos en San Fernando, Tamaulipas, y en varias acusaciones contra Genaro García Luna, quien fue secretario de Seguridad Pública en el sexenio pasado y se caracterizaba por hacer montajes mediáticos para fabricar delitos, lo mismo a ciudadanos comunes como a altos mandos del Ejército y del propio gobierno federal.

Por lo que en el asunto de Chalchihuapan, si la recomendación no entra al fondo de la actuación del gobierno morenovallista, podría ser la gota que derrame el vaso para que el ombudsman pierda toda credibilidad y deje de ser una figura confiable para proteger las garantías individuales de los ciudadanos, sin importar que tenga de su lado el respaldo político.

Se sabe que la recomendación podría tomar dos rumbos:

1. Que la CNDH se vaya al fondo del asunto y establezca que las violaciones contra los pobladores de Chalchihuapan iniciaron con el retiro del registro civil de la comunidad y la negativa de Luis Maldonado Venegas, el titular de la Secretaría General de Gobierno, buscar solucionar la inconformidad por medio del dialogo y la negociación.

Y que esa actitud se extendió antes del enfrentamiento entre la gente de Chalchihuapan y la Policía, así como el mismo día de los hechos de violencia, el 9 de julio, ya que cuando los habitantes de esa comunidad bloqueaban la autopista Puebla– Atlixco no hubo ningún ofrecimiento para dialogar, sino únicamente se produjo la advertencia de un jefe policiaco de que si no se quitaban les iban “a romper la madre”.

Para concluir que la muerte de José Luis Alberto Tehuatlie Tamayo sí habría sido producto de un artefacto lanzado por la Policía.

Una hipótesis que se está analizando es que los granaderos que intervinieron estaban mal organizados y no tenían la debida capacitación,  por lo que lanzaron gas que regresó a ellos con el viento y que al verse acorralados por las piedras que les lanzaban los manifestantes –para defenderse– empezaron a disparar los proyectiles y latas de gas en línea recta, en lugar de buscar que hicieran una parábola en el aire para estallar en el piso.

Esa situación es la que habría provocado que el niño Tehuatlie y otras personas recibieran impactos de la cadera para arriba.

Otra hipótesis es la ya muy difundida versión de que una bala de goma, similar a las que han sido prohibidas en muchas partes del mundo por ser letales, fue la que dio en el cráneo del infante de 13 años y que le provocó una lesión mortal.

Si prevalece esta versión, el principal señalado por la recomendación sin duda será Facundo Rosas, el titular de la Secretaría de Seguridad Pública, quien ya es cliente de la CNDH, luego de que su nombre ha aparecido en varias quejas e investigaciones que han llegado a la comisión desde el sexenio de Felipe Calderón.

2. Que prevalezca la versión del gobierno del estado en el sentido de que la muerte del infante no la provocó la Policía, sino que es resultado de una explosión que generó una onda expansiva y lesionó el cráneo del menor. Y que los autores de esa “explosión” podrían haber sido los manifestantes que se enfrentaban a los granaderos.

Dicha posibilidad se basa en un peritaje que supuestamente no encontró rastros de pólvora, esquirlas o un golpe uniforme en el cráneo del niño Tehuatlie Tamayo. Esta presunción estaría siendo avalada por la División Científica de la Policía Federal, sin que hasta ahora exista una explicación de a qué se debe la intervención de dicha instancia oficial.

Y que al final la CNDH considere que sí hubo excesos de mandos intermedios de la Policía Auxiliar y Estatal, pero no del gobernador Rafael Moreno Valle Rosas, de Luis Maldonado Venegas o de Facundo Rosas.

Si prevalece esta segunda versión, va a arder Roma en la CNDH.

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