Jueves, mayo 23, 2024

Carta de familiares de luchadores sociales desaparecidos

Señora Directora del periódico La Jornada

Mucho agradeceremos sea publicada esta carta de los familiares y compañeros de los profesores Austreberta Hilda Escobedo Ocaña y Juan Carlos Mendoza Galoz, quienes desgraciadamente cumplen 42 años de haber sido desaparecidos forzadamente por los agentes de la Dirección Federal de Seguridad y la División de Investigaciones para La Prevención de la Delincuencia el 30 y 31 de diciembre de 1981.

Los profesores trabajaron durante años honradamente impartiendo clases en las escuelas Telesecundaria del Molinito; Maestro Rafael Ramírez; Francisco Villa; Niños Héroes, además de participar socialmente en la UCEZ (Unión Campesina Emiliano Zapata de Michoacán); en la OCEZ (Organización de Comuneros Emiliano Zapata de Chiapas). Ambos cofundadores de la CNPA (Coordinadora Nacional Plan de Ayala) y participantes activos del CLMVM (Comité de lucha Magisterial del Valle de México) organización antecesora de la actual CNTE. Seguimos sin perder la fe hasta encontrarlos, denunciando y responsabilizando al Estado Mexicano del pasado y presente para que entreguen con vida a nuestros compañeros y a los miles de desaparecidos por motivos políticos en México.

Responsable Yolanda Calixto

Poder Militar / Conclusión*

Centro Prodh

La existencia reiterada de violaciones a derechos humanos ha motivado que, por décadas, los organismos de derechos humanos hayamos rechazado la militarización de la seguridad pública. Hemos argumentado que aumentar la presencia del Ejército y de la Marina es una política pública inefectiva porque no reducía la violencia y sí generaba riesgos de derechos humanos, por la propensión del abuso de la fuerza letal característico de los castrenses, porque arriesgaba el equilibrio que debe prevalecer en las relaciones cívico-militares y porque era inconstitucional.

La creación de la Guardia Nacional en este sexenio pretendió atender esto último dando a las Fuerzas Armadas el marco legal que por tanto tiempo demandaron el Ejército y la Marina, en términos muy similares a los que en su momento se pretendió conceder con la reforma a la Ley de Seguridad Nacional en el sexenio de Felipe Calderón o con la ley de Seguridad Interior en el sexenio de Enrique Peña Nieto, (además) el despliegue autorizado por el Acuerdo Presidencial de mayo de 2020 es más generalizado y amplio que el que los dos antecedentes legislativos preveían.

Pero ese marco jurídico es endeble y se encuentra hoy impugnado. Habiéndose obtenido una reforma constitucional −con el acuerdo de todas las fuerzas políticas− que aseguraba el carácter civil de la Guardia Nacional y que acotaba a las Fuerzas Armadas, hemos mostrado cómo el desarrollo del marco jurídico de la Guardia Nacional supuso el desdibujamiento de las salvaguardas para entregar más poder a las Fuerzas Armadas, eludiendo el contenido y el sentido de la reforma.

Esto sucede en un contexto en el que se amplió la presencia y la participación de las Fuerzas Armadas en múltiples áreas de la vida pública nacional. (Hoy) subsiste el riesgo de que ocurran violaciones a derechos humanos, además de que la violencia continúa.

A esto se añade el trastocamiento de la relación cívico-militar por la preeminencia castrense. La posibilidad, real y tangible en el presente, de que la debida subordinación militar al mando civil se erosione, agravada por la posibilidad de que no estemos ante medidas transitorias, sino que éstas generen tal dependencia del estamento castrense como para después no ser reversibles.

Es imprescindible trazar la ruta de las acciones y modificaciones imprescindibles para reestablecer los límites constitucionales a los que debe acotarse la intervención de las Fuerzas Armadas en la seguridad y en la vida pública del país. Entre estas medidas  destacamos las siguientes: Diez acciones indispensables para la desmilitarización

1. Mantener la actual redacción del artículo 21 constitucional que indica que las corporaciones de seguridad pública, incluyendo a la Guardia Nacional, serán de carácter civil: El anuncio de que el partido en el poder buscará hacer campaña para que en 2024 cuente con la mayoría legislativa que le permita reformar la Constitución para entregar a la Sedena la Guardia Nacional es preocupante. Claramente debe señalarse que una reforma de esta naturaleza sería regresiva y contraproducente.

2. Revisar el Acuerdo Presidencial por el que el Titular del Ejecutivo dispuso de la Fuerza Armada Permanente para la realización de labores de seguridad pública: Es deseable que la o el Titular del Ejecutivo en el siguiente sexenio deje sin efectos el Acuerdo Presidencial de mayo de 2020, o bien lo acote específicamente a aquellas entidades que lo requieran o a una temporalidad más acotada que la actual, lo que sería legal pues la disposición de la Fuerza Armada Permanente es potestativa conforme al ya citado Quinto Transitorio de la reforma constitucional de 2019.

3. Restablecer la redacción de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal para acotar el papel de las Fuerzas Armadas a lo previsto en la Constitución: Debe restringirse la posibilidad de que el Ejército pueda realizar cualquier tarea civil que el Ejecutivo le encargue, pues esta ampliación de atribuciones es excesiva y peligrosa.

4. Establecer controles civiles sobre el nombramiento del Comandante del Ejército Mexicano: Por la trascendencia de los poderes entregados a esta nueva figura, es relevante revisar la Ley Orgánica del Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos para introducir controles civiles en la designación del Comandante del Ejército.

5. Fortalecer el diseño de los controles internos de la Guardia Nacional, incluyendo el de la Unidad de Asuntos Internos: La Ley de la Guardia Nacional establece con claridad que compete al Presidente de la República designar al titular de la Unidad de Asuntos Internos de la Guardia Nacional. Esta facultad debe ejercerse con decisión para que esta figura sea un efectivo control interno, lo que tiene que traducirse en la designación de personas provenientes del ámbito civil y con trayectoria intachable, a efecto de que no prevalezcan los patrones de encubrimiento inherentes al espíritu de cuerpo que caracteriza al Ejército.

6. Robustecer el control parlamentario que realiza la Comisión Bicameral: debe realizar un monitoreo más estrecho y exigente sobre el despliegue de la Fuerza Armada Permanente, retomando las propuestas de indicadores en materia de reducción de la violencia y respeto a los derechos humanos que le fueron propuestos por especialistas.

7. Asegurar el cumplimiento cabal de la Ley Nacional de Uso de la Fuerza: que el Ejecutivo informe con especial detalle los casos en que la Fuerza Armada Permanente haya hecho uso de la fuerza letal, publicitando para su análisis los reportes pormenorizados sobre uso de la fuerza a los que se refieren los artículos 32 y 33 de la Ley Nacional del Uso de la Fuerza, los que en la práctica las Fuerzas Armadas han estimado que no están obligados a elaborar o que corporaciones como la Guardia Nacional los mantienen en la reserva cuando se requieren vía solicitudes de acceso a la información pública, impidiendo un escrutinio externo del uso de la fuerza letal.

8. Continuar limitando los alcances legales y fácticos del fuero militar: Al permitir que en los hechos sean las propias Fuerzas Armadas las que investiguen de forma primigenia lo casos de abusos militares y al tolerar la aplicación expansiva del artículo 37 del Código de Justicia Militar para que los castrenses sean primeros respondientes (manteniendo el control de escenas criminales, testigos, evidencias y víctimas), se está facilitando la ampliación fáctica del fuero militar. Esta tendencia debe revertirse fortaleciendo la investigación de abusos militares por parte de la FGR y modificando el citado artículo del Código castrense. No es poco lo que en este sexenio se ha dado a las Fuerzas Armadas, que no sólo han obtenido blindaje jurídico para intervenir en seguridad pública, sino que también participan en otras actividades. A cambio, los castrenses han dado muy poco en derechos humanos y lucha contra la corrupción. Ni siquiera han modificado su rechazo a reconocer su implicación en graves violaciones a derechos humanos durante la “Guerra Sucia” y la reciente “Guerra contra el Narcotráfico”; su reticencia a la transparencia en el caso Ayotzinapa es otra confirmación. Por este contexto de creciente protagonismo militar, más que nunca es necesario reivindicar la alternativa civil. Seguir militarizando la seguridad no reducirá la persistente violencia y sí generará riesgos para los derechos humanos. En su informe del primer trimestre de 2021, el Presidente de la República afirmó que las voces que alertan por la creciente militarización del país: […] carecen de toda lógica, y en su mayoría de la más elemental buena fe; no se ha ordenado a las fuerzas armadas que hagan la guerra a nadie, o que se involucren en acciones represivas o violatorias de los derechos humanos, por el contrario, en esta nueva etapa, la generosa y decisiva participación de nuestros soldados y marinos en acciones de desarrollo bienestar y paz, es refrendo de su lealtad a las instituciones civiles […]

9. Garantizar que el despliegue operativo de la Guardia Nacional y la Fuerza Armada Permanente realmente obedezca a la priorización de las entidades y regiones con mayores problemas de violencia: La imposición de cuarteles de la Guardia Nacional en donde la población rechaza esta presencia porque las autoridades civiles cumplen su función de resguardar la seguridad pública, como acontece en la Ciudad de México, debe cesar a efecto de que esta corporación se haga presente ahí donde realmente es indispensable.

10. Monitorear estrechamente el fortalecimiento de las policías locales: la nueva Comisión Bicameral y el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública deben ejercer a cabalidad sus atribuciones para monitorear el desarrollo de policías civiles locales en todos los estados de la República. Sin esta consolidación policial a nivel local, la desmilitarización del país será imposible.

*Fragmento del capítulo de Conclusiones de PODER MILITAR La Guardia Nacional y los riesgos del renovado protagonismo castrense.2a edición noviembre de 2023.Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez A.C.

Pueblo, vanguardia y asalto al Moncada

Fernando Martínez Heredia

Fidel aclara a todos la estrategia y la táctica del asalto al Moncada: no se trata de una conspiración de un grupo valeroso que aspira a realizar sus designios aislado de las masas, sino del primer episodio de una guerra popular revolucionaria. La estrategia de lucha armada era objeto en aquel momento en Cuba de alardes propagandísticos por parte de grupos, “líderes” y sectores que la usaban como instrumento de presión política, con fines variados pero ajenos a una verdadera decisión de derribar por la fuerza a la tiranía, y aún menos de desatar una revolución.

Sin embargo, Fidel demostró que la falta de prestigio y la mentira no residían en la estrategia sino en los que pretendían medrar pasando por sostenedores de ella, y buscó los elementos revolucionarios para la vanguardia entre los miles de cubanos que ansiaban luchar con las armas contra la dictadura, muchos de los cuales habían sido ya engañados por los políticos “insurreccionalistas” o no creían en ellos.

En las condiciones de 1952-53 la lucha no podía iniciarse de otro modo que mostrándole al pueblo el camino y el objetivo mediante hechos. Pero para producirlos era necesaria la más rigurosa clandestinidad, y los futuros combatientes se entrenaron, acopiaron sus escasos recursos y prepararon y ejecutaron todas las fases de su plan con un grado de eficiencia, discreción y abnegación muy difíciles de igualar.

¿Los alejó esto del pueblo, les quitó la posibilidad de conducirlo a la revolución? De ningún modo, porque aquella organización –y esto fue lo principal– interpretó en sus fines y en sus métodos las necesidades más entrañables del pueblo cubano, su anhelo secular y su urgencia de un cauce inmediato de la lucha. Al plasmarse en el acontecimiento histórico del La noción de pueblo en La Historia me absolverá 515 26 de julio, quedó capacitada para atraer cada vez más a las masas y para ser su vehículo en la tarea tremenda de hacer la revolución y forjarse en ella.

“Solo hombres del pueblo, de las filas más humildes del pueblo, sanos, desprovistos de ambición, podían sentir aquella posibilidad, podían sentir aquella fe, podían creen en que fuera posible llevar a cabo una lucha en condiciones tan difíciles” (Castro Ruz, 1966). Fidel buscó y encontró en los humildes el grueso de la primera tropa de la Revolución, y esta incorporación se ha multiplicado a lo largo del proceso revolucionario.

Pero lo que daría sentido definitivo a esa conducción, lo que haría permanente y no fortuito el encuentro entre la Generación del Centenario y las masas –la vanguardia y el pueblo– fue la ideología decididamente revolucionaria que presidía y orientaba sus acciones. El asalto no consiguió tomar la fortaleza, pero cuarteó los muros de todas las fortalezas de la Tiranía, al mostrar al pueblo que era posible atacarlas sin el concurso de politiqueros ni de una parte del propio ejército.

El ejercicio de la violencia como método idóneo para derribar a la dictadura liberó al pueblo progresivamente del mito del ejército y de las “soluciones políticas”, y permitió a la Revolución acelerar su radicalización: los cambios sociales profundos que se perseguían no podrían proceder de transacciones con los políticos y los militares, sino de derrotarlos y destruirlos totalmente como fuerza de dominación.

“Una vez en poder nuestro la ciudad de Santiago de Cuba, hubiéramos puesto a los orientales inmediatamente en pie de guerra”. La gallarda actitud de no llamar a la lucha al pueblo antes de asegurar el cuartel con sus armas, certificaba la intención de servir al pueblo y no servirse de él. Pero no era sólo táctica guerrera la decisión de llamar al pueblo a la lucha armada. Ante la dirección revolucionaria estaba el problema crucial que define el alcance posible y la victoria o el fracaso de las revoluciones: el problema de la toma revolucionaria del poder del Estado. Y es maravillosa la profundidad leninista con que Fidel plantea la cuestión en La Historia me absolverá (ídem), a partir de los intereses del pueblo y de la participación popular.

Fragmento de  “La noción de pueblo en La Historia me absolverá” en Verde Olivo (La Habana) N° 46: 26-29, 18 de noviembre de 1973.

“La táctica imperialista de la provocación”

Por la redacción de mpr21.

Para desatar una guerra contra España, en 1898 la marina de Estados Unidos hundió el acorazado USS Maine en el puerto de La Habana, matando a 260 de sus propios soldados, de los que sólo dos eran oficiales. La prensa gringa desató la correspondiente campaña sensacionalista “exigiendo” al gobierno la entrada en la guerra.

Para justificar el desencadenamiento de la Segunda Guerra Mundial, en 1939 un grupo de soldados hitlerianos vestidos con uniforme polaco asaltaron una estación de radio desde la que emitieron un mensaje antialemán en polaco para justificar así la posterior invasión.

Para justificar su entrada en la Segunda Guerra Mundial, en 1941 Estados Unidos permitió que Japón atacara la base naval de Pearl Harbour y matara a 2.300 soldados de sus propias tropas. Previamente habían sacado del puerto a los portaviones para que no sufrieran daños.

Para justificar un ataque contra Cuba, en 1960 el Pentágono aprobó la Operación Northwoods para desencadenar actos de terrorismo en suelo estadounidense capaces de conmover a la opinión pública para que diera su apoyo a la agresión. El plan incluía población civil estadounidense acribillada a tiros en las calles, navíos con refugiados de Cuba hundidos en alta mar, personas acusadas de atentados que no cometieron y el secuestro de aviones comerciales. Uno de los planes era un accidente en el que un avión cubano atacaba y derribaba a un avión lleno de estudiantes universitarios norteamericanos. Kennedy rechazó el plan, por lo que sumó puntos para ser asesinado.

Para justificar la agresión contra Vietnam, en 1964 Estados Unidos simuló un ataque contra el destructor USS Maddox en el Golfo de Tonkín ampliamente divulgado por la prensa de todo el mundo. Medio siglo después se desclasificaron los documentos confidenciales en los que se detallaba la preparación del simulacro.

Para justificar el golpe de Estado en Indonesia, en 1965 la CIA y el ejército local inventaron otro golpe de Estado previo dirigido por el Partido Comunista. Los comunistas no fueron los victimarios sino las víctimas: un millón de ellos fueron asesinados.

Para justificar el golpe de Estado de Pinochet, en 1973 la CIA y los fascistas chilenos inventaron el Plan Zeta por el que el gobierno de Allende se disponía a dar un autogolpe de Estado. En 1999 los archivos desclasificados de la CIA demostraron que tal Plan jamás existió y que su divulgación a los medios fue una operación de guerra psicológica.

Para justificar el rearme de los talibanes en Afganistán y Pakistán, en 1979 la CIA esparció a través de los medios la infamia de una supuesta ‘invasión’ de Afganistán por el ejército soviético. La URSS fue el primer país del mundo en firmar en 1923 un tratado por el que se reconocía a Afganistán en un plano de igualdad y su ejército siempre estuvo presente allá a petición del propio gobierno porque, al formar parte de los no alineados, no recibía ayuda militar de Estados Unidos.

Para justificar la agresión a Irak, en 1990 una supuesta enfermera de Kuwait compareció ante el Congreso (y la prensa) estadounidense para denunciar, en medio de un mar de lágrimas, que el ejército iraquí había entrado en su hospital, sacando a los niños de las incubadoras para arrojarlos al suelo y dejarlos morir allí. En todo el mundo se desató una ola de indignación. La enfermera no vivía en Kuwait en el momento de los hechos. Era hija del embajador de Kuwait en Washington y pertenecía a la familia real kuwaití.

Para justificar los bombardeos sobre Yugoslavia y la Guerra de Kosovo, en 1999 la OTAN inventó la masacre de Raçak en la cual la policía había asesinado a 46 civiles. Era mentira. De ellos 37 eran mercenarios kosovares de la UÇK que tenían restos de pólvora en las manos, es decir, que habían disparado armas de fuego, y todos los cadáveres habían recibido los disparos a distancia, esto es, en combate.

A partir de 1980 la CIA financió de manera encubierta la contrarrevolución en Nicaragua y otros países latinoamericanos con la venta masiva de drogas en Los Ángeles y otras ciudades de Estados Unidos, para lo cual apoyó a los cárteles colombianos de la cocaína y sembró Afganistán de opio.

Para justificar la invasión de Afganistán, en 2001 Estados Unidos simuló un ataque de varios aviones comerciales dirigidos por fundamentalistas árabes contra tres edificios en Nueva York, así como contra el Pentágono, en los que miles de sus propios ciudadanos fueron asesinados.

Para justificar la invasión de Irak, en 2003 el general Colin Powell presentó en la ONU las “pruebas” del programa de armas de destrucción masiva de Irak, acusando a Sadam Hussein de comprar uranio en Níger y albergar a terroristas de Al Qaeda. Absolutamente todo era falso.

Para justificar una agresión contra Siria, los imperialistas atacaron la ciudad siria de Ghuta con armas químicas, asesinando a 1.300 personas. Las ONU calificó los hechos como un “crimen de guerra” que la prensa mundial, Human Rights Watch, las ONG, los “defensores de los derechos humanos” y los pacifistas aprovecharon para desencadenar la correspondiente campaña de intoxicación responsabilizando al gobierno de Siria.

Las propias milicias opositoras confesaron luego a la agencia Associated Press que ellos eran los responsables del crimen, aunque lo atribuyeron a un accidente. También reconocieron que las armas procedían de Arabia saudí.

www.elzenzontle.org

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