Candidatos a obetener su libertad un total de 89 reclusos en Puebla, revela David Méndez

Un total de 89 personas privadas de su libertad en Puebla son candidatas a su preliberación, informó el secretario de Gobernación, David Méndez Márquez.

Manifestó que con base en la ley se hizo una revisión detallada de cada caso para confirmar que cumplieran los requisitos para obtener este beneficio.

“Se terminó esta revisión personalizada y tenemos todas las fichas de la revisión en la que  destaca que ese número de personas son candidatos al cumplir con todas las condiciones”, expuso.


Sostuvo que en los próximos días se hará el trámite correspondiente para que se lleven a cabo las liberaciones conforme lo determine el titular del Ejecutivo estatal.

El pasado 21 de mayo el funcionario estatal adelantó que se analizarían los casos de 11 por ciento del total de 3 mil 636 internos sentenciados del sistema penitenciario de Puebla para gestionar su indulto, liberación anticipada y condicionada o los sustitutivos de pena, a fin de disminuir la población carcelaria para minimizar los riesgos de contagio de coronavirus.

Se dejó claro que los reos que no podrán solicitar este beneficio son aquellos que cometieron delitos graves.

Como un acto de justicia social y como un gesto de humanismo y sensibilidad, el gobierno del estado evalúa la preliberación inicial de 406 presos en situación de riesgo o vulnerabilidad, anunció aquel día el funcionario en su calidad de presidente del Consejo Consultivo del Indulto.

En videoconferencia, el funcionario detalló que adultos mayores de 70 años, indígenas que no hablan español y enfermos graves, serán los beneficiados.

Explicó que se inició el procedimiento idóneo para lograr la libertad de las personas sentenciadas, siempre y cuando se realice el pago de la reparación del daño, así como el pago de la multa que el juzgador le impuso en la comisión de un delito y para protección de la víctima.

Este beneficio, que se alcanza tras un minucioso proceso, puntualizó Méndez Márquez, es para las personas primodelincuentes (a quienes no les pueden elevar el grado de culpabilidad), y que no hayan cometido delitos en materia de delincuencia organizada, secuestro o trata de personas.