Más de 55 mil campesinos de la región norte de Puebla enfrentan afectaciones económicas por la falta de devolución del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS), correspondiente al último trimestre de 2024, que el Servicio de Administración Tributaria (SAT) mantiene sin saldar, por un monto total de 220 millones de pesos.
La denuncia fue presentada este miércoles por un grupo de productores provenientes de municipios como Acatzingo, Tochtepec, Amozoc, Ciudad Serdán y Xochitlán Todos Santos, quienes se manifestaron por segunda ocasión frente a las oficinas de la Delegación Norte del SAT en Puebla.
Durante una conferencia de prensa, Aldo Seguro, Alejandro Ramírez, Jovani Mirón, Enrique Rodríguez, Margarito Limón, Mario Díaz y Agustín Robles señalaron que el adeudo afecta a agricultores de 110 municipios, quienes utilizan diésel como insumo principal en sus actividades.
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Afirmaron que la situación deriva del proceder de Hilda Reyes, auditora del SAT en dicha delegación, quien les exige facturas de compra de insumos, materiales y energéticos para autorizar la devolución del IEPS, a pesar de que ese requisito no está establecido por la ley fiscal. En contraste, señalaron que en la Delegación Sur, el trámite se realiza sin trabas.
“En el campo no usamos facturas para todo. Lo que tenemos son recibos autógrafos y compras comunitarias”, expusieron. Aseguraron que, aunque ofrecieron entregar la documentación con la que cuentan, la funcionaria se negó a recibirla. “La invitamos a que vaya al campo y vea cómo se trabaja”, agregaron.
Denunciaron que las solicitudes fueron rechazadas sin fundamentos claros y fuera de los plazos legales, lo que ha forzado a los afectados a considerar acciones legales. Además, reclamaron que el SAT incurre en omisión al no reintegrar recursos ya cobrados al momento de adquirir diésel, lo que impide reinvertir en las labores agrícolas.
“Para pedir la devolución de un impuesto que no deberíamos pagar, ahora tenemos que contratar abogados e iniciar juicios costosos”, señaló Aldo Seguro. Por su parte, Alejandro Ramírez lamentó que anteriormente el reembolso se realizaba cada trimestre y ahora enfrentan “trabas ilegales”.
Los campesinos exigieron la salida de Hilda Reyes y demandaron una mesa de diálogo con intermediación del gobierno estatal, advirtiendo que continuarán con movilizaciones y recursos jurídicos si no hay respuesta.
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