Atlixco. Este domingo se llevó a cabo en esta ciudad una reunión de líderes campesinos de la región con el fin de analizar la aún vigente problemática representada por el artículo 27 constitucional, el cual afecta severamente a miles de productores del campo en México.
“Este artículo sólo demuestra una cosa más: el neoliberalismo no está del todo desmantelado en México, a pesar de la llegada de un gobierno de izquierda”, coincidieron los asistentes en entrevista con La Jornada de Oriente.
El 27 constitucional señala: “La propiedad de las tierras y aguas comprendidas dentro de los límites del territorio nacional corresponde originariamente a la nación. Y se tiene el derecho de transmitir el dominio de ellas a los particulares, constituyendo la propiedad privada”.
Te recomendamos: En 40 años, México perdió 7 millones de tierras en las que se producían alimentos: Cocyp
José Jacobo Femat, presidente de la Central de Organizaciones Campesinas y Populares (COCYP), respondió varias preguntas a este diario. De entrada señaló la principal preocupación es una: el artículo 27 de la Constitución mexicana sigue dañando el programa agrario emanado de la Revolución de 1910.
“Se canceló el derecho social de la gente a trabajar la tierra. Se termina la propiedad social, y con ello se eliminan los aspectos de atención agraria. No existe un marco jurídico actualizado al respecto”, afirmó.
Esto, dijo, deja en la indefensión a millones de ejidatarios, comuneros y campesinos. “Además no hay una actualización de los padrones agrarios. En el país tenemos una base social con más de 50 años de antigüedad. Eso es muy grave”, lamentó.
Más claro: al seguir vigente el artículo 27 la tierra se convirtió en una mercancía. Se abre el mercado de tierras, y en ese contexto, organismos como el Registro Agrario Nacional (RAN) y la Procuraduría Agraria (PA) se ponen al servicio de inmobiliarias y empresas mineras. Sin olvidar al Programa Nacional de Certificación Ejidal (Procede), antecedente directo el cual permitió el dominio pleno y la privatización de recursos.
“Se están acabando en México derechos constitucionales conseguidos con sangre durante la Revolución. Y eso es la tierra. El gobierno federal canceló ese derecho de un plumazo en 1992, en la época de Carlos Salinas de Gortari. Y eso derivó en malos negocios con parcelas y ejidos”, compartió. Según los líderes campesinos, hoy están rotas todas las capacidades para tomar acuerdos agrarios. “No tenemos el apoyo de ninguna institución de los tres niveles de gobierno”.
“Apoyamos el reciente cambio político en el país, pero la transición no está completa. Y no estará mientras el pacto social con los campesinos no se modifique. La esencia del modelo neoliberal sigue viva a través del artículo 27”.
Finalmente señaló si se mantienen los privilegios de privatización de tierras, agua, minas y playas, no se terminará con el neoliberalismo. Por ello, diversas organizaciones campesinas y sociales lograron un acercamiento con legisladores federales de Morena para iniciar cambios y dejar de ser “mozos y sirvientes del gran capital”.
También te puede interesar: Investigadora advierte riesgos de desaparecer o subordinar a la gestión comunitaria, por reforma aprobada al 27 constitucional; hay una embestida fuerte, señala
