Miércoles, agosto 10, 2022

No hay ninguna intención de cambiar al auditor superior del estado: Sergio Salomón

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El gobierno del estado presentó al Congreso local una reforma constitucional que tiene como objetivo ampliar la regulación sobre la Auditoría Superior del Estado (ASE) y su titular. El presidente de la Junta de Gobierno y Coordinación Política del Poder Legislativo, Sergio Salomón Céspedes Peregrina, descartó que la iniciativa sea la antesala de la remoción del auditor Francisco Romero Serrano.   

En entrevista, Sergio Salomón Céspedes aseguró que se trata de una mejora regulatoria que “no tiene etiqueta para nadie”, ya que su único propósito es el de mejorar la rendición de cuentas del órgano responsable de auditar la aplicación de recursos públicos en Puebla. 

La iniciativa incorpora ocho “causas graves” para la remoción del auditor superior del estado, de las que destaca aceptar la injerencia de los partidos políticos en el ejercicio su función, así como abstenerse de presentar en el año correspondiente, sin causa justificada, los informes de las cuentas públicas. 

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Además, plantea la creación de una unidad técnica dentro del Congreso que coadyuve con la Comisión Inspectora en la vigilancia y evaluación permanente sobre el desempeño de la ASE, tal y como ocurre actualmente en la Cámara de Diputados.

Se busca homologar disposiciones y corregir errores, argumenta Ejecutivo 

En la exposición de motivos del proyecto, el Poder Ejecutivo del estado explica que el marco normativo local vigente contempla la posibilidad de destituir e inhabilitar al auditor superior del estado por la vía del juicio político, sin que se prevea la figura equivalente a la remoción por “causa grave” que se contempla para la Auditoría Superior de la Federación (ASF). 

A la par, señala un error en el texto constitucional de Puebla que tienen que corregirse, pues al definir el mecanismo para sancionar al titular de la ASE reenvía a un artículo que se encuentra actualmente derogado.

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Por esa razón, sugiere modificar el artículo 57 de la Constitución local para establecer que ese funcionario podrá ser removido, “exclusivamente, por causa grave”, con la misma votación requerida para su nombramiento y a través del procedimiento especial que prevea la ley del Congreso.

Las causas graves que enlista la iniciativa son las siguientes:

– Contravenir los principios a los que se debe ajustar la función de fiscalización conforme a esta Constitución y la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

– No satisfacer los requisitos o actualizar los supuestos de prohibición establecidos en el presente artículo.

– Ausentarse de sus labores por más de un mes sin que medie autorización del Congreso; 

  1. Abstenerse de presentar en el año correspondiente, sin causa justificada, los informes previstos en la ley. 

– Conducirse con parcialidad o aceptar la injerencia de los partidos políticos en el ejercicio la función de fiscalización, en el proceso de revisión de la Cuenta Pública, así como en los procedimientos de fiscalización y de imposición de sanciones.

– Obtener, sin justificación, una evaluación del desempeño no satisfactoria, a juicio del Congreso, durante dos ejercicios consecutivos.

– Incurrir en cualquiera de las conductas consideradas como faltas administrativas graves, en los términos de la Ley General de Responsabilidades Administrativas.

– Cualquier otra análoga a las anteriores prevista en la Ley y que afecte el buen despacho de la función de fiscalización y el combate a la corrupción.

Las ocho causas graves se sumarían a las que contempla la Constitución del estado vigente para imponer sanciones al auditor, las cuales son “violaciones graves a la Constitución del Estado, manejo indebido de fondos y recursos del estado, así como actos u omisiones en el ejercicio de sus funciones que redunden en perjuicio de los intereses públicos fundamentales o de su buen despacho”.

No hay mala fe en el Poder Ejecutivo, afirma Francisco Romero 

Francisco Romero coincidió con Sergio Salomón Céspedes en su percepción de la reforma presentada por el mandatario local, en una entrevista que concedió al programa Las Reporteras de La Jornada de Oriente el 11 de noviembre pasado.

Afirmó que las modificaciones se impulsan para armonizar el marco normativo del estado con las disposiciones federales, por lo que negó que exista “mala fe” o un trasfondo político.

De paso, avaló la creación de un órgano de vigilancia, porque funciona a nivel federal para la Auditoría Superior de la Federación (ASF) y “funciona muy bien”, además de que “representa un as de protección” para las tareas que desarrolla la ASE.

“Habrá una segunda opinión respecto al actuar de todo el personal de la auditoría, incluyéndome, entonces, es la oportunidad para poder determinar qué tan eficientes y eficaces somos y qué tan honrados somos. Lo cual me da gusto porque nos da seguridad jurídica.

“Es importante que exista alguien que emita una opinión de que hago bien mi trabajo, porque el determinar responsabilidades es un tema bastante delicado que puede dar lugar a sanciones para mí”, argumentó.

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