Cámaras de seguridad inservibles, es uno de los principales obstáculos a los que familias de personas desaparecidas se enfrentan en la búsqueda de las mismas, Sseñaló el Colectivo Voz de los Desaparecidos, por lo que hizo un llamado a los alcaldes a invertir en esos equipos de seguridad.
Uno de los casos que más ejemplifican la situación corresponde a Amozoc, situación que quedó evidenciada durante la búsqueda del joven Raúl Guillermo López Escobedo, desaparecido en la junta auxiliar de Chachapa perteneciente a ese municipio.
María Luisa Núñez Barojas, representante del organismo explicó que durante las reuniones con el área de seguridad del gobierno de Amozoc, se puso sobre la mesa que algunos dispositivos de videovigilancia no servían.
En entrevista con La Jornada de Oriente, la activista dijo que tal circunstancia se repite en muchos municipios en los que las familiares de las víctimas han tenido reuniones con las autoridades para buscar a sus desaparecidos.
“Es importante que inviertan en los sistemas de vigilancia, de video vigilancia, porque casualmente llegamos a preguntar y resulta que las cámaras, qué conveniente, no funcionan, no graban, están fallando, es el caso de Amozoc, en donde la Policía Municipal tienen cámaras de seguridad que están fallando, y bueno, entonces a dónde se va todo ese recurso que dicen que se invierte a los sistemas de seguridad de videovigilancia”, expuso.
En ese sentido, dijo que es indispensable que desde el Congreso local los diputados realicen un llamado a los presidentes municipales para que destinen mayores recursos al área en cuestión, particularmente a circuitos de videovigilancia.
La representante del colectivo insistió en que es necesario fiscalizar de forma más estricta a los alcaldes pues es recurrente escucharlos decir que invierten en seguridad pero, en experiencia de los familiares de desaparecidos, la realidad es distinta.
Núñez hizo énfasis en que los familiares de las personas desaparecidas hacen labores de búsqueda cuando la obligación de dicha actividad es de las autoridades, en ese sentido, pidió herramientas para facilitar a las víctimas la ubicación de quienes no han podido ser localizados.
“Buscar y encontrar no es nuestra responsabilidad pero lo hacemos porque queremos demostrar que se puede, que querer es poder, y si nosotros sin recursos lo logramos, pues con mayor razón las instituciones del Estado lo deben hacer porque además de ellas sí es su obligación”, puntualizó.
De acuerdo con la actualización más reciente de la incidencia delictiva en la entidad que difunde la Fiscalía General del Estado (FGE), durante el mes de enero se abrieron 149 carpetas de investigación por desaparición de personas, cifra que implica siete casos más que las 142 dadas a conocer en el mismo mes del año pasado.
