ASA denuncia en San Lázaro omisión del Congreso para frenar cortes de agua y drenaje a usuarios

Integrantes de la Asamblea Social del Agua ofrecieron este martes una rueda de prensa en la Cámara de Diputados, en la ciudad de México, donde hicieron público que el Congreso del estado de Puebla incurre en omisión y violenta sistemáticamente la Ley por permitir a la empresa Concesiones Integrales SA de CV el corte de servicio de agua y drenaje.

Desde del Palacio Legislativo de San Lázaro, la ASA también exigió la desprivatización del servicio del agua, drenaje y saneamiento en la ciudad de Puebla y 25 municipios metropolitanos.

Los declarantes fueron los abogados Omar Jiménez Castro y José Luis García Bello, respaldado por el diputado federal de Morena, Alejandro Carvajal.


Jiménez Castro informó que en Puebla desde el año 2013 con los gobiernos morenovallistas se vive una privatización de los servicios públicos que llevó a organizar plenamente a los usuarios.

Relató que el pasado 26 de diciembre se dio a conocer que el Sistema Operador de Agua Potable y Alcantarillado de Puebla (Soapap) adjudicó el contrato que privatiza el agua a la empresa Grupo Agua de México SA de CV, Epcor SA de CV y Tecnología Internacional Sapi SA de CV.

Sin embargo, precisó que el mismo día que el fallo se dio a conocer, Agua de México cedió los derechos a la empresa recién creada Concesiones Integrales SA de CV, que obtuvo la privatización por 30 años.

Entre las irregularidades, Omar Jiménez destacó que Concesiones Integrales fue una compañía que se creó 24 horas antes de ser beneficiada con la administración de los servicios públicos y, a menos de un mes, se encontraba inscrita en el Registro Público de la Propiedad y el Comercio.

Dicho proceso de licitación, denunció fue opaco y no se hizo público como lo marcan las leyes mexicanas.

El abogado de la ASA señaló que detrás de la privatización del agua en Puebla se encuentra el grupo morenovallista que continúa en el poder, la madre de Rafael Moreno Rosas, es la administradora de la concesionaria, Carlos Hank Ron, el dueño de la empresa, además de Banorte, HSBC e Interacciones, también involucrados.

Desde entonces, informó que en diciembre pasado se evidenció a través de una solicitud de información pública que el Soapap ha efectuado 45 mil 448 cortes de agua y drenaje, a través de la Unidad de Transparencia con el número de Oficio 00974519.

“Ha habido una opacidad tremenda del Congreso local de Puebla,  a pesar de ser mayoría de izquierda, que le tiembla la mano para cancelar los cortes de agua; son omisos y violentan sistemáticamente el artículo 4 Constitucional, surgida de la Revolución Mexicana”, denunció.

Ante lo expuesto, solicitaron a la Unidad de Inteligencia Financiera se investigue a Concesiones Integrales por el recurso público que maneja y que no rinde cuentas a nadie.

Jiménez Castro enfatizó que en 2014 la compañía pagó honorarios para la realización de asambleas de la concesionaria por 39.8 millones de pesos, de los cuales se desconoce su origen.

Asimismo, agregó que ese mismo año la empresa pagó por asesoría 71.5 millones de pesos, mientras que de 2015 a 2017, un total de 136.4 millones de pesos por el mismo concepto.

En tanto, para el análisis técnico y evaluación de rentabilidad del proyecto se erogaron 333.5 millones de pesos, de 2014 a 2017.

Finalmente, José Luis García Bello denunció que a raíz de la privatización del agua se fundó la ASA, que se ha dado a la tarea de tomar acciones para que se respete el derecho humano al agua en Puebla.

En respaldo a la ICELA, afirmó que reunieron 198 mil firmas que se presentaron en la Cámara de Diputados, tras enfatizar que es necesaria una nueva legislación en materia de agua.

En el ámbito local, lamentó que no avancen en la legislación local del agua, a pesar que desde el año pasado se impulsó para desprivatizar el servicio público.