La salida de Blanca Lilia Ibarra Cadena de la Comisión de Acceso a la Información y Protección de Datos de Puebla (CAIP) marca el seguro inicio de la era más oscura para dicho organismo, que tiene el destino de convertirse en otra institución de ornato falaz, en la que nadie confíe, como ha sucedido con muchas otras como la Comisión Estatal de Derechos Humanos o el Instituto Estatal Electoral.
Es lamentable que las instituciones que deberían ser las de mayor integridad y confianza para la sociedad, por ser integradas por ciudadanos, sean ahora las más desprestigiadas porque sus autoridades obedecen a los deseos y la línea marcada por el titular del Ejecutivo.
En el caso de la CAIP solo hay que revisar la hoja de vida de los dos integrantes más antiguos: Federico González Magaña, fue coordinador de campaña de Josefina Buxadé Castelán, quien de ser la más importante y crítica comisionada del organismo en su primera etapa, terminó convirtiéndose en empleada del morenovallismo desde que asumió su curul en la Legislatura pasada.
González Magaña también ha prestado sus servicios a Rafael Moreno Valle como asesor electoral, pues en su pasado fue también un consejero de talante ciudadano en el Consejo General del desaparecido IFE.
Situación similar es la de Javier Fregoso Sánchez, hombre cercano a la esposa del gobernador desde antes de ser integrante de la Comisión de Acceso a la Información y Protección de Datos de Puebla y cuyo hijo fue el coordinador de los grupos universitarios que apoyaron a Moreno Valle en su campaña a la gubernatura.
La suplente de Ibarra Cadena es una funcionaria que emerge directamente del gobierno del estado, así que de su independencia poco se puede opinar.