Cae otro poderoso morenovallista: a Cabalan le quitan el negocio de los verificentros

Esta semana no solamente ha caído quien fue el hombre fuerte del extinto ex gobernador Rafael Moreno Valle Rosas, es decir Eukid Castañón Herrera, sino también se han trastocado los intereses económicos quien fue el consentido del morenovallismo: José Cabalan Macari Álvaro, extitular de las secretarías de Administración e Infraestructura en el sexenio de 2011 a 2016.

La clausura de 17 verificentros y la licitación de 48 nuevos centros de verificación vehicular que ayer anunció el gobierno de Luis Miguel Barbosa Huerta, es una manera de desarticular uno de los jugosos negocios privados –del orden de los 600 millones de pesos anuales– que se armaron al amparo del poder público durante el morenovallismo.

Siempre se supo que dos de los principales beneficiarios del esquema morenovallista de verificentros eran: Jorge Kahwagi Macari y José Cabalan Macari. Ambos son primos. Los dos fueron amigos de juventud de Moreno Valle. Los tres fueron parte del grupo político de Elba Esther Gordillo, cuando esta mujer parecía invencible y controlaba como patrimonio personal el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación.


Como político del ahora desaparecido Partido Nueva Alianza, en la época en que lo comandaba la otrora líder magisterial Elba Esther Gordillo, el morenovallista José Cabalan tenía una concesión de un verificentro otorgado por el gobierno de Melquiades Morales Flores.

Algunos de los propietarios de 86 verificentros de esa época recuerdan que Cabalan tenía dificultades para cumplir con las normas técnicas que dictaron los gobiernos de Melquiades Morales y Mario Marín Torres. Siempre argumentaba tener problemas económicos que le impedían mejorar su negocio.

Durante el arranque del gobierno morenovallista, sin que mediara explicación alguna, el gobierno del estado sin respetar normas y derechos les arrebató las concesiones a los propietarios de los 86 verificentros. Primero lo hizo mediante clausuras que carecían de sustento legal. Luego de plano se canceló dicho servicio público.

Para nadie fue un secreto que atrás de ese despojo a descampado tuvo como propósito el beneficiar a un grupo de particulares, que eran amigos de la juventud de Rafael Moreno Valle Rosas.

El esquema original era que Jorge Kahwagi se quedara con todos los verificentros, pues es un empresario que domina esa actividad en una parte de la Ciudad de México y en el estado de México.

Y que José Cabalan iba como socio de su primo.

El proceso de despojo de los verificentros estaba planeado para que durara los primeros meses del año 2014, pero ese proceso se amplió hasta finales del año 2015, como consecuencia de la lucha legal que dieron los verificadores.

Eso desesperó a Kahwagi, quien ya no quiso quedarse con los nuevos 17 verificentros que sustituyeron a los 86 anteriores. Al final se los dieron a otro grupo empresarial de la Ciudad de México y también consentidos del morenovallismo.

Sin embargo, al final el binomio de Kahwagi y Cabalan le fue bien. Ya que los nuevos verificadores estaban obligados a comprar los equipos en las empresas Herramientas y Equipos Industriales Quintana e Ingeniería Work, que son dos compañías que están aparentemente vinculadas a estos personajes.

Director de Registros Públicos se ha erigido en el “delator” de la 4T

Un extraño comportamiento ha desplegado Jaime Calderón, el titular de la Dirección de Registros Públicos y Notarías, quien se ha auto erigido en una especie de Torquemada, pues se dice que se dedica a hacer sendas listas de supuestos conspiradores, abiertos enemigos y personas poco leales al titular del Poder Ejecutivo, Luis Miguel Barbosa Huerta. Una labor que lo lleva a descuidar su función pública.

Hasta donde se sabe, nadie le ha dado facultades para desplegar indagatorias, fiscalizaciones o informes para “desenmascarar” a supuesto enemigos de la 4T en Puebla.

Quienes conocen de su comportamiento, dicen, que aunque nadie en el gobierno del estado hace caso a sus supuestas “investigaciones”, de manera afanosamente ha buscado hacer llegar información a las oficinas centrales del Poder Ejecutivo para desacreditar a supuestos “enemigos” del gobernador.

Una de las victimas de esas intrigas ha sido el reconocido abogado Carlos Meza Viveros, cuyo nombre apareció en un aparente informe en donde se le colocaba como alguien que fingiendo ser amigo del gobernador, se dedicaba a crear campañas negras contra el titular del Poder Ejecutivo.

El meollo del asunto es que Carlos Meza habría enfrentado diferencias con este servidor público, y ahora el segundo utiliza su cargo para cobrarse viejos agravios.

Y lo mismo estaría buscando hacer con una larga lista de litigantes, notarios públicos, funcionarios públicos, legisladores y empresarios.