La exdiputada Socorro Quezada Tiempo demandó al Congreso de Puebla ampliar la denuncia penal que promovió contra la LIX Legislatura pasada por una posible malversación de recursos, para que también se investigue la entrega de “moches” de 100 mil pesos mensuales a los representantes populares que aprobaron las reformas antipopulares del entonces gobernador Rafael Moreno Valle Rosas.
Esto es que cada representante popular se habría embolsado 5.6 millones de pesos en los 56 meses que duró la anterior Legislatura.
A dos años de concluido ese periodo, recordó que nadie ha sido sancionado por ese acto de corrupción que garantizó los votos a favor de eliminar los derechos laborales de los trabajadores del Hospital del Niño Poblano, retirar el servicio del registro civil de las juntas auxiliares y crear un mecanismo irregular de expropiación, entre otras medidas que tuvieron como objetivo la supresión de derechos humanos y colectivos.
En entrevista con La Jornada de Oriente, refirió que ella tuvo conocimiento de esa “partida secreta” que manejó la extinta Secretaría General de Gobierno (SGG) en las administraciones panistas de Rafael Moreno Valle y Antonio Gali Fayad antes de rendir protesta de cargo como legisladora del Partido de la Revolución Democrática en enero de 2014, durante una reunión del grupo parlamentario del sol azteca.
Diputados triplicaron sus ingresos con la partida secreta
En el encuentro, prosiguió, dieron a conocer a los diputados electos que habría un apoyo de 100 mil pesos mensuales por los votos que se pudieran ejercer a favor de las iniciativas de Moreno Valle, quien murió cuatro años después, en un accidente aéreo ocurrido el 24 de diciembre de 2018.
De acuerdo con Quezada, el bono permitió a los legisladores que lo aceptaron triplicar sus ingresos por debajo del agua, mientras de manera pública el Congreso presumía una reducción en la remuneración oficial de los diputados de 60 mil pesos a 55 mil.
Quezada agregó que no volvió a escuchar del tema hasta marzo de 2014, cuando decidió ausentarse de las sesiones del Congreso para no participar ni apoyar las “atrocidades” que se estaban aprobando.
El actual dirigente del PRD operó la entrega de moches
“Entonces Carlos Martínez Amador, quien era coordinador de la bancada perredista, se acercó y me dijo ‘es que si tú no estás viniendo y no estás votando a favor de las iniciativas ya no va a haber otro recurso’. Yo le pregunté ‘cuál otro recurso’ y él me respondió ‘el que nos dan desde Gobernación’”, relató.
Quezada agregó que Carlos Martínez, actual presidente estatal del sol azteca, le informó que el entonces titular de la SGG, Luis Maldonado, no solo tenía conocimiento del tema, sino que le encomendó la tarea de convencerla de aceptar los 100 mil pesos y aprobar los proyectos de Moreno Valle.
“Le dije que no, que con mi sueldo me bastaba. La verdad fui muy grosera con Carlos, le hice un comentario muy vulgar que no puedo ventilar en público”, reconoció la exdiputada.
Solo dos diputados se negaron a vender sus votos
A seis años de distancia y a más de un año y medio de renunciar a su militancia perredista, Socorro Quezada aseguró que la mayoría de los 41 diputados aceptaron el trato con la SGG y que tiene certeza de que solo dos se negaron a vender sus votos: ella y Julián Peña Hidalgo, exrepresentante de Movimiento Ciudadano (MC).
Además, aseveró que la práctica de la entrega de dinero a cambio de votos no solo aconteció en la LIX Legislatura, donde el Partido Acción Nacional tuvo mayoría con Jorge Aguilar Chedraui a la cabeza, sino también en la anterior que acompañó la primera mitad del sexenio morenovallista, donde Acción Nacional, en ese entonces coordinado por Mario Riestra Piña, también superó en número a la oposición.