Al conmemorar ayer el 105 aniversario luctuoso de Emiliano Zapata, la Coordinadora General Plan de Ayala exigió la liberación de Ángel Ajanel Vargas y Ángel Ajanel Aguas, integrantes de la organización Familia Unida para el Desarrollo Social (FUDES), así como del comunicador Marcelo Bonilla Flores, defensores de los indígenas totonakús, otomíes y nahuas atacados por el exsubsecretario de Gobernación Ardelio Vargas Fosado.
La organización Familia Unida para el Desarrollo Social (FUDES) se ha pronunciado enérgicamente contra la detención de tres de sus miembros, quienes, según la agrupación, han sido aprehendidos por motivos políticos derivados de su labor en la defensa de los derechos de las familias campesinas.
FUDES, en su búsqueda por resguardar el bienestar y los derechos de estas familias, ha lanzado una campaña de recolección de firmas, con la meta de alcanzar 10 mil rúbricas que respalden la solicitud de liberación de Ángel Ajanel Vargas, Ángel Ajanel Aguas y Marcelo Bonilla, quienes llevan ya tres meses en prisión.
La controversia se centra en la regulación de 170 hectáreas de tierra, donadas por Carlos Marroquín a familias campesinas en 2021, acción que ha derivado en un enfrentamiento legal instigado por los descendientes de Marroquín, quienes han presentado denuncias contra los encargados de dicha regulación. Teresa Aguas, miembro destacado de FUDES, ha expresado que la detención de sus compañeros representa una forma de criminalización social, subrayando que la verdadera intención detrás de sus esfuerzos es la defensa legítima de la tierra y los derechos de las comunidades campesinas.
El llamado a la acción no solo se ha limitado a la recolección de firmas; en un gesto simbólico y significativo, integrantes de FUDES se congregaron en el Zócalo de la Ciudad de México, coincidiendo con el 105 aniversario luctuoso de Emiliano Zapata, una figura emblemática de la lucha agraria en México. Este acto tuvo como propósito amplificar su demanda y alentar a ejidos y comunidades agrarias a reivindicar su derecho al desarrollo rural integral, tal como lo estipula el artículo 27 fracción XX de la Constitución Mexicana.
La organización también ha señalado que la persecución y las amenazas no se han limitado a los tres detenidos, sino que se han extendido a miembros indígenas de FUDES, exacerbando un clima de temor e incertidumbre entre aquellos que defienden los derechos de las comunidades agrarias y rurales. La situación actual plantea serias interrogantes sobre el respeto a los derechos humanos y la libertad de expresión en contextos de disputa por la tierra y la identidad cultural en México.