La iniciativa de ley que turnó el gobernador Rafael Moreno Valle Rosas para fomentar a las organizaciones de la sociedad civil propone la asignación de recursos públicos e incentivos fiscales a cambio de que la administración estatal tenga un control sobre esas agrupaciones, las cuales rendirán informes periódicos sobre sus actividades y fuentes de financiamiento a una comisión que será presidida por el propio mandatario local.
La normativa, que plantea el corporativismo de las ONG, también sugiere la imposición de sanciones, y tiene prácticamente garantizado el respaldo del Congreso local, debido a que éste incorporó como uno de los objetivos de la agenda de la LIX Legislatura promover acciones sobre “derechos de la sociedad civil”.
Moreno Valle anunció la propuesta de Ley de Fomento a las Actividades Realizadas por Organizaciones de la Sociedad Civil tras enfrentar fuertes cuestionamientos de distintas agrupaciones ciudadanas por la detención de activistas y la represión de movimientos sociales.
La iniciativa, que será revisada por las comisiones unidas de Gobernación y Organizaciones no Gubernamentales, propone la creación de un registro estatal de organizaciones de la sociedad civil al que podrán ingresar aquellas agrupaciones sin fines de lucro interesadas en recibir incentivos económicos o fiscales del estado que no se precisan en el cuerpo del documento.
Para acceder a los beneficios, uno de los requisitos a cumplir es el de “proporcionar la información que les sea requerida por la autoridad competente sobre sus fines, estatutos, programas, actividades, beneficiarios, fuentes de financiamiento nacionales o extranjeras o de ambas, patrimonio, operación administrativa y financiera, y uso de los apoyos y estímulos públicos que reciban”.
Asimismo, los interesados tendrán que informar anualmente a la comisión de fomento que encabezará el gobernador sobre las actividades realizadas y el cumplimiento de sus propósitos, así como el balance de su situación financiera, contable y patrimonial.
De acuerdo con el artículo 12 de la iniciativa, la comisión de fomento tendrá al titular del Poder Ejecutivo del estado como presidente honorario; al titular de la Secretaría de Desarrollo Social como presidente ejecutivo, y como vocales a los titulares de la Secretaría General de Gobierno y de Finanzas. Dos espacios más se reservaron para representantes de la sociedad civil.
Las organizaciones podrán ser sancionadas con amonestaciones, multas de 500 días de salario mínimo (que equivale a 31 mil 885 pesos), así como la suspensión temporal o definitiva del registro si realiza proselitismo político, sea positivo o negativo; si no entrega los informes requeridos por la autoridad y si no transparenta la aplicación de los recursos públicos manejados.
Asegura PAN Ley de Salud
El Congreso de Puebla adelantó la aprobación de la nueva Ley Estatal de Salud del PAN, al incorporar dentro de la agenda de la LIX Legislatura uno de los principales objetivos que persigue ese proyecto, que es la “universalidad” de los servicios, considerada por algunos especialistas como el inicio de la privatización de ese sector público.
Las nueve bancadas que suscribieron la agenda se comprometieron a “revisar el marco normativo en materia de salud a fin de proporcionar al órgano responsable necesario, para alcanzar la universalidad de la protección a la salud”.
El proyecto de Ley Estatal de Salud lo impulsa el coordinador de la bancada del PAN y ex secretario de Salud del estado, Jorge Aguilar Chedraui, quien ha rechazado que su propuesta busque la privatización de la atención médica pública.