El cierre de vialidades y carreteras se ha convertido a lo largo de los años en un mecanismo que diversos grupos y sectores sociales tienen para hacer públicas sus demandas y en muchos casos el incumplimiento a sus peticiones y acuerdos, o a la indiferencia de las autoridades de los diversos ámbitos de gobierno ante diferentes problemáticas.
Las afectaciones a la ciudadanía por el caos vial y la interrupción de la circulación que se genera son innegables y obligan a las autoridades a tratar de buscar una solución al conflicto para restablecer la circulación.
Ayer dos bloqueos en carreteras generaron un fuerte caos vial, afectando a cientos de automovilistas y transportistas que quedaron varados cuando buscaban desplazarse a distintos destinos del país. Un primer caso fue el cierre de la carretera Tlaxco–Tejocotal, que comunica a Puebla con Hidalgo y Veracruz, por campesinos de la comunidad de Acolihuia, municipio de Chignahuapan; la demanda al gobierno del estado es el pago de más de 150 millones de pesos por sus terrenos, que se ha incumplido por parte de Carreteras de Cuota Puebla.
El segundo cierre fue realizado por ejidatarios de Santa Rita Tlahuapan que bloquearon los dos sentidos de la autopista México–Puebla a la altura del kilómetro 70.4 para exigir el pago de sus tierras ocupadas para la construcción de la vía.
Hay que señalar que hubo otros dos cierres, la carretera Apizaco–Huamantla y el Arco Norte que implicó paralizar la circulación entre seis entidades, la Ciudad de México, el Estado de México, Hidalgo, Veracruz, Tlaxcala y Puebla.
La demanda central de estos bloqueos se asocia a la falta de pago de las indemnizaciones de las expropiaciones que se realizaron para construir esas vialidades y que, a la fecha, después de muchos años no se han pagado, lo cual constituye una gran injusticia. La propiedad social de la tierra mediante el mecanismo de expropiación ha servido para todo tipo de obras públicas y en muchos casos como los señalados las indemnizaciones siguen adeudándose a los ejidatarios o sus herederos que tuvieron que “ceder” sus tierras por propia decisión o presión de las autoridades para alcanzar un mayor desarrollo y que han tenido que transitar un viacrucis legal sin que a la fecha haya justicia para ellos.