BlackRock Inc. es una de las empresas beneficiarias de la industria extractivista que se ha asentado en la Sierra Norte en las décadas recientes, según un informe dado a conocer por la organización Proyecto sobre Organización, Desarrollo, Educación e Investigación (PODER), llamado “Sierra de Apuestas”.
A pesar de la notable expansión de la industria extractivista en esa región del territorio poblano, el detallado análisis indica que son pocas las compañías que controlan el territorio de la región: Generadora Fénix, que ostenta la planta hidroeléctrica Sistema Hidroeléctrico de Necaxa, de unas 140 mil hectáreas; Almaden Minerals y Autlán que tienen 27 mil 576 y 17 mil 936 hectáreas, respectivamente. Esta última también es propietaria del proyecto hidroeléctrico Atexcaco, que cubre 85 hectáreas.
Agrega que Covia Holdings concentra la mayoría de las concesiones para la extracción de materiales con unas 658 hectáreas, amén de TC Energy Corporation es la dueña del gasoducto Tuxpan-Tula.
El estudio, que puede ser consultado en línea, añade que algunas de las empresas beneficiarias de la explotación de los recursos de la Sierra Norte son casi todas extranjeras: Vanguard Group Inc, Dimensional Fund, Black Rock Inc y Amundi Asset Management, los bancos Norges Bank y Bpifrance “y algunas de las personas más ricas de México y Europa como las familias Rivero González, Veyrat, Barboso y Sánchez Galán”.
A lo largo del informe la Sierra Norte de Puebla es identificada con las siglas SNP y se establece:
“Hay 12 proyectos activos en la SNP. Una sola mina a cielo abierto generalmente involucra varios títulos de concesión lo que dificulta conocer cuántos proyectos mineros amenazan la región. En la SNP hay 5 proyectos de generación eléctrica, un gasoducto en proceso de construcción y 16 campos para la extracción de hidrocarburos, de los que hay poca información sobre sus posibles impactos sociales, ambientales y en derechos humanos.
“En la SNP existen proyectos de generación de energías renovables (hidroeléctrica y fotovoltaica), de hidrocarburos (petróleo y gas natural) y de minería (metálica y no metálica). Los campos de hidrocarburos son los más extensos con 164 mil 394 hectáreas, al interior de la SNP, seguidos por los proyectos hidroeléctricos que cubren 140 mil 96 hectáreas, las concesiones de minería metálica con 54 mil 272 hectáreas, las plantas fotovoltaicas que requieren mil 901 hectáreas y la minería no metálica que tiene concesiones que cubren 676 hectáreas. La información sobre el diseño y trazo del gasoducto Tuxpan-Tula ha sido reservada y no podemos conocer la superficie exacta que ocupará este proyecto. Los datos mostrados incluyen los contratos, asignaciones o concesiones con los que cuentan las empresas analizadas, esto no se ve reflejado necesariamente en el número de proyectos”.
PODER deja claro que la información de los proyectos en la SNP es opaca y advierte, enseguida que “las comunidades se enteran de los proyectos una vez que la empresa ha empezado su operación. Las empresas usan estructuras corporativas complejas y prestanombres para ocultar a las personas dueñas de los proyectos. Aunque hay muchas concesiones mineras, la mayoría pertenece a las mismas empresas. Frecuentemente las empresas operan sin permisos y la información de los proyectos está reservada. Las actividades extractivas generan impactos sociales y ambientales significativos y han sido impuestas violentamente”.
Controladoras y ganadoras
La organización añade que “la información sobre el flujo del dinero y las beneficiarias reales que controlan los proyectos es difícil de conseguir. Poder obtuvo datos de las principales accionistas, propietarias y controladoras de las empresas que tienen proyectos extractivos en la SNP. La información no es completa especialmente cuando se trata de empresas privadas porque no tienen obligación de publicar información sobre accionistas y propiedad. Son principalmente las grandes empresas de inversión de capital como Vanguard Group Inc, Dimensional Fund, Black Rock Inc y Amundi Asset Management, los bancos de inversión estatales como Norges Bank y Bpifrance y algunas de las personas más ricas de México y Europa como las familias Rivero González, Veyrat, Barboso y Sánchez Galán quienes realmente se benefician con estos proyectos. Algunos consejos de administración de empresas también comparten miembros, como es el caso entre Almaden Minerals y Autlán”.
Defensores
Al principio del documento, PODER enlista a los colaboradores del proyecto “Sierra de Apuestas”: el Equipo de Implementación lo conforman: Samantha Camacho y Diana Alejandra Silva, Isabel Clavijo, (ex-investigadora de la organización), y Erik Post (investigador del programa de mentorías proveniente de la Public Scholar, University of British Columbia).
Asimismo, los siguientes defensores y defensoras de los bosques: Elías Hernández Martínez, del Ejido Mesa Chica; Esteban Domínguez Cruz, del Ejido Tenejaque; Ascención Rodríguez León, del Ejido El Terrero,; Tatiana Gutiérrez, del Ejido Tlacuitlapa; Berenice González Morales, del Ejido Acolihuia; Cecilia Hernández Garrido, del Ejido Ajolotla; Ana Cristina Tapia Hernández, del Ejido El Manantial; Reyna Fabiola Padilla Díaz, del Ejido Ixtlahuaca; José Maximino Rivera Mota. del Ejido Río Blanco.
Asimismo, Epifanio Gayosso Domínguez, del Ejido San Francisco Terrerillos; Anallely León López, del Ejido Sebastopol; Claudia Paola López Ramírez, del Ejido Cruz de Ocote; Lucio Romano Martínez, del Ejido Tecoltemi; José Luis Morales Flores, del Ejido Atexca; Alberto Garrido Roldán, del Ejido Atotonilco; Ana María Luna González, del Ejido Eloxochitlán; Jovani Batalla Sánchez, del Ejido Jicolapa; María Virginia Martínez Sánchez, del Ejido Poxcuatzingo; Magdalena Navarro Juárez, del Ejido Tulimán; Carlos Pérez Sebastián, de la Cooperativa Silvícola Ocote Real, y América Anayelli Olguin de la Unión de Ejidos de la Sierra Norte de Puebla miembros del Colectivo Regional en Defensa de los Bosques y el Territorio (CRDBT).
En el Equipo de Apoyo menciona a autoridades de los 19 ejidos que conforman el colectivo ubicados en los municipios de Chignahuapan, Ixtacamaxtitlán, Zacatlán, Aquixtla y Ahuazotepec. La dirección del proyecto estuvo a cargo de María Julieta Lamberti, con el apoyo de la Red Mexicana de Organizaciones Campesinas Forestales, A.C. (RedMocaf), Si No Nosotros, ¿Entonces Quién? (SINNEQ), amén de Climate and Land Use Alliance – Ford Foundation y Fondo Semillas.