El gobierno estatal a cargo del panista Rafael Moreno Valle exhibió por enésima ocasión su opacidad e incongruencia, pues en un solo día se conoció el veto que hizo a una solicitud de información sobre la represión que la Policía Estatal perpetró sobre vecinos de San Bernardino Chalchihuapan el 9 de julio pasado, pretextando que se pondría en riesgo la estrategia de seguridad pública.
No obstante, ante la presión social desatada en redes sociales y medios de comunicación independientes, la administración morenovallista terminó por revelar en un comunicado algunos datos, nunca suficientes, sobre la forma en que se realizó la operación de desalojo en el kilómetro 14.5 de la Puebla–Atlixco.
Hay datos que pueden resultar importantes sobre la versión oficial, pero la verdad es hace falta mucho más información, pues no es para nada creíble que un directivo policiaco haya tenido la capacidad de autoridad para ejecutar una operación de las magnitudes y repercusiones que tuvo la de Chalchihuapan.
Es evidente el afán del gobierno estatal por deslindar al gobernador, al secretario General de Gobierno y al titular de la Secretaría de Seguridad Pública de su responsabilidad en los hechos, pero a pesar de esa censura oficial y los intentos vanos de confusión a la opinión pública, emergen todos los días nuevos datos sobre la represión injustificada y sobre la violencia innecesaria y brutal que se ejecutó contra la gente de San Bernardino.