Lunes, abril 12, 2021

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Biestro fue omiso en la disputa territorial con Morelos; no informó del conflicto: PAN

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El diputado del PAN Oswaldo Jiménez López acusó que el presidente de la Junta de Gobierno y Coordinación Política del Congreso local, Gabriel Biestro Medinilla, sería responsable por omisión de que el Poder Legislativo de Morelos arrebatara mil 600 hectáreas al territorio poblano.  

Aseguró que Biestro incumplió su responsabilidad de informar el conflicto a los integrantes de la LX Legislatura local, por lo que no pudieron mediar en la disputa a favor de la comunidad poblana de San Antonio Alpanocan, a la que pertenece el área despojada.  

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En conferencia de medios en línea, indicó que tendrá que solicitarse la intervención del Senado de la República para echar atrás los lindes establecidos de manera unilateral por el Congreso morelense.

“La delimitación no es definitiva, porque no hubo un acuerdo entre ambos estados”, aclaró el representante popular. 

De acuerdo con habitantes de San Antonio Alpanocan, junta auxiliar del municipio de Tochimilco, Biestro conoció del conflicto en octubre pasado, por una visita que realizaron al palacio legislativo ese mes a fin de solicitar su intermediación. 

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Ante los señalamientos de los pobladores, este medio de comunicación solicitó ayer una entrevista al presidente del Congreso de Puebla y hasta la publicación de esta nota no había dado respuesta a la petición.

Senado intervendría en la búsqueda de un “convenio amistoso”

El Senado de la República se encuentra facultado para convocar a los titulares de los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial de los estados implicados en disputas territoriales a crear mesas de trabajo, con el fin de establecer los lindes en definitiva con la firma de “convenios amistosos”.

Las negociaciones se realizan en las instalaciones de la Cámara Alta del Congreso de la Unión con la participación de la Secretaría de Gobernación federal y en éstas media una comisión integrada por senadores.

El artículo 46 de la Constitución del país precisa que los arreglos entre estados no tendrán efecto sin la aprobación de la Cámara de Senadores y, de no lograrse un acuerdo, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) conocerá la controversia, la sustanciará y resolverá con carácter de inatacable.

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