Martes, agosto 16, 2022
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En lugar de desconocer las 100 bases que entregó Claudia Rivera, el alcalde Eduardo Rivera debería de enfocarse en remunicipalizar el agua: Elisa Molina

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En lugar de buscar resquicios legales para desconocer las 100 bases que entregó la exedil Claudia Rivera Vivanco, el ayuntamiento del panista Eduardo Rivera Pérez debería enfocarse en remunicipalizar el servicio de agua potable para terminar con los abusos de Concesiones Integrales, sostuvo Elisa Molina Rivera, regidora de Morena en el ayuntamiento de Puebla.

En entrevista con La Jornada de Oriente, sostuvo que es mentira que la revocación del título de concesión que privatizó el servicio en el municipio, únicamente esté en la cancha del Congreso del Estado.

Y es que recordó que el cabildo, durante el primer periodo de Eduardo Rivera, avaló el contrato de agua potable con la que es conocida comercialmente como “Agua de Puebla”.

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“Según lo que establece el artículo 105 Constitucional el servicio de agua potable es una atribución de los gobiernos municipales. No es un tema que solo esté en las facultades del Congreso del estado. Es mentira que se diga que no hay vuelta de hoja”.

Subrayó que la fracción de Morena en el cabildo seguirá empujando la revocación del contrato debido a que le ha salido muy caro al municipio, además de que se distribuye a los poblanos agua contaminada. 

Recordó que ella es promotora de las demandas colectivas en contra de la concesionaria, debido a que le cobra a los poblanos por el servicio de saneamiento que no realiza.

En otro tema destacó que recientemente impugnó el acuerdo de cabildo, por el cual se autorizó al alcalde, Eduardo Rivera Pérez, suscribir acuerdos, convenios y contratos, así como delegar estas facultades a los integrantes de su gabinete, sin pasar por el aval del cuerpo edilicio.

Manifestó que esta determinación trasgrede la ley, debido a que de esta forma las discusiones sobre acuerdos, convenios y contratos quedan a criterio de los funcionarios municipales.

Sostuvo que el acuerdo viola sus derechos como regidora del ayuntamiento capitalino, pues tiene derecho a conocer los pormenores de los acuerdos.

“Me privan de mis facultades como regidora. Se corre el riesgo de que se tomen decisiones de manera unilateral. Se trata de un proceso completamente antidemocrático. No hay que olvidar que somos la representación de los ciudadanos y quedamos en una situación de vulnerabilidad”.

Sostuvo que el riesgo de que se aplique el acuerdo tomado durante la primera sesión de Cabildo es que abra paso a la privatización de los servicios públicos sin que se tome en cuenta a los integrantes del cuerpo edilicio.

“El permitir que se firmen convenios sin estar a la vista pública es muy riesgoso. Nos puede poner en situaciones graves respecto al patrimonio de todos los poblanos”.

Por esta razón promovió un juicio para la protección de los derechos del ciudadano (JDC), el cual avanza en tribunales electorales, para exigir su derecho a ser tomada en cuenta para este tipo de decisiones.

Sin embargo, indicó que la impugnación causó tanto enojo en el grupo cercano del presidente municipal, que días después se le intentó responsabilizar de hacer caso omiso de las denuncias sobre extracción ilegal de gas en San Pablo Xochimehuacan cuando ella fue directora de Atención Vecinal de la Comuna.

“Esa acusación es una consecuencia del JDC que presenté, es un golpeteo político por haber promovido esa impugnación. Se me quiere vincular con la tragedia de Xochimehuacan pero no es más que una respuesta tras el juicio”, acotó.

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