El arranque de campaña de las candidatas a la presidencia de la república abrió, este primero de marzo, una interrogante interesante que el electorado tendrá que contestar y resolver con su voto el próximo dos de junio. La interrogante tiene que ver con el modelo de país, el tipo de sociedad que queremos construir y la orientación política de gobierno necesaria para construirla. El planteamiento inicial de campaña hecho por la candidata de la oposición, Xóchitl Gálvez, desde Fresnillo, Zacatecas, es <<se acabó la política de abrazos>>, a la que acompañó con la propuesta de creación de una megacárcel para el encierro de los delincuentes más peligrosos. Luego que el espectro opositor desarrollara toda una campaña propagandística de satanización-reducción-ridiculización de la política de combate al crimen organizado puesta en marcha por el presidente López Obrador bajo el lema “abrazos, no balazos”; que su candidata presidencial enarbole la antípoda como grito de campaña, es un desenlace lógico que se convertirá en eje temático de su propuesta electoral, resultado de una estrategia de propaganda política diseñada con mucho tiempo de anticipación.
Que con el voto se tenga que elegir entre “abrazos, no balazos” y “balazos, no abrazos” es interesante, porque es una pregunta dirigida a la ciudadanía sobre cuál es el mejor método para reducir efectivamente los problemas de criminalidad que enfrenta nuestro país y degradan la convivencia social. No se trata de una pregunta individualizable, puesto que sólo puede ser resuelta en la casilla y urna electoral. Expuesta por el jefe de estado, se convierte en política pública; y la propuesta de la candidata opositora es eliminarla. La satanización-reducción-ridiculización del esquema presidencial ha consistido, primero, en la divulgación masiva a través de los grandes medios de comunicación privados, de la idea simple de que la delincuencia organizada está fuertemente pertrechada con armas de alto poder y que, por eso, no puede enfrentarse con “abrazos, no balazos”; segundo, la propalación masiva de la acusación de que López Obrador habría recibido financiamiento de los Zetas para la campaña presidencial de 2006, que ha sido acompañada por rumores de una agencia estadunidense -la DEA- en el sentido de que existe abierta una investigación de la Casa Blanca, por ese hecho, contra el presidente mexicano. La acusación se ha visto apoyada por la publicación concertada de esa misma versión por el periodista estadunidense Tim Golden, el The New York Times, y una similar en México de Anabel Hernández, a pesar de los desmentidos oficiales de la Casa Blanca y el embajador de EU en México, Ken Salazar; y tercero, la oposición ha creado el discurso que da por sentado que tal información es cierta y, así la maneja (PAN exige a AMLO romper “pacto” con crimen organizado (msn.com). Con este hilo conductor surge la campaña “#NarcoPresidente” como sello electoral de la oposición, sus fans y la candidata.
¿Por qué elegir la elección de 2006 -18 años después- para acusar a López Obrador de supuestamente recibir dinero de la delincuencia organizada para aquella campaña? ¿Por qué esa acusación recibe apoyo de la agencia antidrogas de EU, periodistas, y medios de ese país? Porque desean presentarse como demócratas y socavar la memoria histórica de la elección fraudulenta de aquel año, que llevó a la presidencia de la república al panista Felipe Calderón, durante cuyo periodo gubernamental se dieron relaciones bilaterales con EU, marcadas por la sumisión del gobierno mexicano. Esa memoria tiene presente la Iniciativa Mérida, la reforma constitucional de 2008, la implantación del sistema penal acusatorio adversarial, la guerra contra el narcotráfico y, paradójicamente, la implementación conjunta del operativo Rápido y furioso (Recordando a “Rápido y Furioso”, el operativo de EU que armó a los cárteles de México – Cuestione). Esos antecedentes ayudan a comprender, la reciente visita de Gálvez a solicitar apoyo al gobierno de EU y a la OEA para que vigilen la elección presidencial que viene; así como su viaje a España para reunirse con el expresidente Calderón. El análisis del trasiego de armas y drogas en la frontera común tendría que pasar, ineludiblemente, por el tamiz de la memoria sobre los partidos que gobernaron los estados fronterizos de Baja California, Sonora, Chihuahua, Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas, durante todos esos años en que ambos trasiegos crecieron exponencialmente; y, su resultado, la condena de Genaro García Luna por tribunales estadunidenses.
Desde el lunes 29 de enero, en su “Conferencia de la verdad”, la candidata Gálvez dio por cierto el dato de que este es el sexenio más violento de nuestra historia, pues, “en los primeros cinco años del sexenio de López Obrador asesinaron a 170 mil personas; 93 homicidios diarios entre diciembre de 2018 y diciembre del 2023”. Al inicio de campaña hizo una precisión: <<no hay comparación con El Salvador: ojalá México tuviera maras y ese fuera el problema; aquí estamos hablando de cárteles de la droga, extremadamente peligrosos>>. Que una candidata presidencial vaya a EU a pedir que el gobierno intervenga en la elección presidencial de México, es irrefrenable ambición por el poder a costa de lo que sea, o, no tener la menor idea de lo que significa poner al zorro a cuidar el gallinero.
Desde hace tiempo era posible apreciar la existencia de una embestida injerencista contra México desatada por personajes del partido republicano, la DEA, y el Departamento de Estado. A decir del senador republicano Marco Rubio <<México es un socio importante de Estados Unidos. El país, sus instituciones. Pero López Obrador no es un buen aliado. El actual presidente, desafortunadamente, se dedica a decir disparates, a interferir en la política norteamericana>>. (AMLO no es un buen socio de Estados Unidos” (msn.com). Según la candidata opositora: <<hoy, la mayor amenaza a la soberanía y la gobernabilidad es el poderío e influencia del crimen organizado. De facto, el gobierno mexicano dejó de pelear por la seguridad de la gente. En el mejor de los casos, López Obrador es débil e incompetente ante el crimen; en el peor, lo aprovecha para consolidar su poder”. (La Jornada: Xóchitl Gálvez critica al actual gobierno por no aliarse a EU). La coincidencia de objetivos políticos entre la oposición estadunidense y mexicana, en estos paralelos tiempos electorales, se expresa en que mientras allá acusan al gobierno mexicano de no hacer esfuerzos suficientes para contener el tráfico de fentanilo hacia Estados Unidos, acá se le señala de presunta colusión con el crimen organizado, lo que explicaría su política de “abrazos, no balazos”.
Sus coincidentes puntos de vista provienen de ignorar, intencionalmente, un hecho fundamental: La alta capacidad de fuego de los carteles mexicanos, tanto para el éxito del tráfico de fentanilo hacia allá, como las altas tasas de homicidio acá, la proporciona EU. (La Jornada: Provienen de EU 70% de armas que se usan en delitos violentos). Poco, o nada, suele decirse sobre el papel político, económico y social que cumple la delincuencia organizada que, precisamente por ser organizada, asume estructuras empresariales para su funcionamiento cotidiano, se provee de ligas político partidistas y judiciales para protección de su funcionamiento, y se fija objetivos sociales estratégicos de combate a la pequeña empresa, necesarios para la perpetuación de la pobreza de la población y del capitalismo como sistema económico.
En enero pasado, el Fondo Monetario Internacional (FMI) publicó sus consideraciones sobre los efectos económicos de la delincuencia organizada entre la población. El estudio se basó en lo que ocurre en Honduras, El Salvador y Guatemala, pero las conclusiones ayudan a esclarecer los motivos racionales de existencia de la criminalidad en sociedad. El FMI asocia a la actividad delictiva generalizada como causa del cierre de empresas, falta de oportunidades de empleo y pérdida de PIB. Y, explica: <<Más del 95% del total de firmas que existen en el país, son microempresas, es decir, negocios como panaderías o tiendas de propiedad familiar que no tienen más de 10 empleados. Son ellas precisamente las que se encuentran más expuestas a una situación de vulnerabilidad frente a la delincuencia>>. <<…la actividad delictiva generalizada está costando a estos países 16% del PIB, 13% directamente debido, por ejemplo, a cierres de empresas>>. ¿Cuál podría ser el objetivo central de organizar a la delincuencia? Un sistema económico que se erige sobre la acumulación de capital con base en la explotación del trabajo asalariado crea, para su perpetuación, una “preferencia”, “una elección social”: <<la gente se preocupa más por la delincuencia que por desempleo y desigualdad del ingreso>>. Es decir, en consulta o encuesta, la gente opinará invariablemente eso, y los grandes sectores empresariales vivirán de plácemes. Y, continúa: <<Entre los costos indirectos cabe señalar la reducción de las oportunidades de empleo, el aumento de la emigración, la erosión de las instituciones y la corrupción. A su vez, todas estas consecuencias exacerban la delincuencia, generando un círculo vicioso>>. Sus conclusiones son demoledoras: <<El tráfico de drogas, la disponibilidad de armas de fuego y la violencia juvenil suelen citarse como causas de estos altos niveles de delincuencia>>; <<Si las personas pueden elegir entre actividades productivas y delictivas, la delincuencia se convierte en una característica de equilibrio de la economía y no una característica exógena de las personas>>. (https://blog-dialogoafondo.imf.org/?p=12726). Cualquier análisis sobre delincuencia, nunca debe perder de vista esto: la delincuencia como equilibrio de la economía.
El 2 de junio el pueblo mexicano se juega, internamente, su destino como nación independiente, o volver a ser el patio trasero de EU. Mientras el presidente López Obrador y la candidata presidencial de Morena, Claudia Sheinbaum, sostienen como bandera de acción gubernamental la soberanía de México; la candidata opositora, rebate: <<Y para quienes hablen de soberanía, aquí les digo lo siguiente. Prefiero una colaboración bilateral respetuosa y transparente con Estados Unidos que seguir permitiendo que los cárteles controlen regiones cada vez más grandes del país. Morena defiende la soberanía de los cárteles. Yo defiendo la soberanía de los mexicanos>>. (La Jornada: Xóchitl Gálvez critica al actual gobierno por no aliarse a EU). Debe conocerse la historia del surgimiento y consolidación de los cárteles de la droga para saber de quién es la responsabilidad social de su alta criminalidad. La teoría política y del derecho definen a la soberanía como “Poder político supremo que corresponde a un Estado independiente”; si la señora Gálvez habla de la “soberanía de los cárteles” y defiende la “soberanía de los mexicanos”, quizá, se deba a que no comprende ese concepto.
Los ataques al presidente, provenientes del exterior, tienen otra explicación sencilla: intentar echar abajo el modelo de política económica, impulsado por un gobierno de izquierda, que ha hecho de México un modelo exitoso a seguir y mantiene colocado a López Obrador como el segundo mejor presidente del mundo. Elegir la opción de los balazos implica salir de ese modelo; es optar por volver a hacernos dependientes del país que vive del armamentismo, que hace florecer su economía generando guerras por todo el mundo, que obtiene riquezas a costa de la muerte, dolor y sufrimiento de los pueblos; que arma a su propia población mediante la adquisición libre de armas, a pesar de los horrores de las frecuentes matanzas colectivas que se suscitan en su sociedad; y, que, en México surte de armamento moderno, sofisticado y letal a los cárteles de la droga. EU se queja de que los cárteles introduzcan fentanilo a su territorio, y desde allá se amenaza a México con una intervención militar, aun sin consentimiento del gobierno, para combatirlos. El planteamiento pacifista de “Abrazos, no balazos” tiene que verse como una postura humanista de Estado, frente a la proliferación de la violencia de las armas en el mundo, y no, bajo el absurdo que lo quiere presentar cual si fuera la técnica sugerida de confrontación con la delincuencia organizada. Votemos el 2 de junio.
Heroica Puebla de Zaragoza, a 04 de marzo de 2024.
JOSÉ SAMUEL PORRAS RUGERIO
