Miércoles, mayo 29, 2024

Bachoco, Bacardí y Cemex, sin permisos de la Conagua para descargar aguas residuales en Puebla

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Con datos del Registro Público de Derechos de Agua (Repda), la Coordinadora Agua para Todos denunció que decenas de fábricas en el país descargan aguas residuales sin contar con los permisos de la Comisión Nacional del Agua (Conagua) en 5 mil 964 pozos industriales y 455 tomas de agua superficiales. En el caso del estado de Puebla se trata de las empresas de Bachoco, Bacardi y Cementos de México (Cemex).

Llama la atención que dos de estas tres empresas concentran el mayor número de títulos de concesión para explotar el agua en el país, al conjuntar al menos 400 concesiones, 358 para la granja avícola Bachoco, 42 para Cementos de México, y al menos una para Bacardí.

Las 554 mil concesiones sin permisos de descarga de aguas subterráneas para uso industrial que fueron otorgadas entre 1992 y mayo de 2019.

La investigadora Elena Burns, integrante de la Coordinadora Agua para Todos, declaró a Sin embargo que debido a la falta de información fiscal al dar la concesión, no existe manera de rastrear y saber quién es y cómo cobrar los derechos de agua y vigilar los permisos de descarga.

Consideró que parte de la “impunidad” se debe a que solo hay 85 inspectores de la Conagua para vigilar las más de 554 mil concesiones de agua.

Entre las empresas locales y globales que descargan sin permiso aguas residuales en ríos, lagos y acuíferos de las diferentes regiones del país, figuran la Cervecería Cuauhtémoc, Cervecería Modelo, Tequila Cuervo, Sigma Alimentos, Herdez, Pilgrim’s Pride, Lala, Santa Clara, Sabritas, Barcel, Unilever, Procter & Gamble, Kimberly Clark, Nestlé, Embotelladoras de Femsa–Coca Cola, Jugos del Valle (Coca Cola), Bonafont (Danone), Electropura, Gamesa, Rotoplas y Cemex.

También lo hacen las estatales Petróleos Mexicanos (Pemex) y la Comisión Federal de Electricidad (CFE), a través de la refinación, producción y termoeléctricas, así como Iberdrola y Exxon Mobil, según Agua para Todos.

“Tenemos una impunidad terrible. Están envenenando los ríos, los lagos y acuíferos del país. Estamos en una carrera hacia el colapso por el manejo de las aguas superficiales y las subterráneas”, alertó Elena Burns, en una entrevista a SinEmbargo.

Incluso, refirió que la propia Conagua admitió que 60 por ciento de las aguas superficiales están “seriamente contaminadas”.

De acuerdo con la Ley de Aguas Nacionales solo exige tramitar permiso de descarga, si las aguas residuales desembocan en aguas nacionales o infiltran al suelo.

En el artículo 276 de la Ley Federal de Derechos se expone que las personas físicas o morales que descarguen aguas residuales en ríos, cuencas, cauces, vasos, aguas marinas y demás depósitos o corrientes de agua están obligados a pagar el derecho por uso o aprovechamiento de bienes del dominio público de la nación.

Alerta Burns que algunas fábricas están descargando aguas industriales a drenajes municipales

Al respecto, la Auditoría Superior de la Federación determinó que la Conagua no solo debe exigir los permisos de descarga a las compañías, sino además precisa que menos de 5 por ciento de los concesionados están obligados a pagar derechos por usar aguas nacionales.

“La única excepción sería que estén descargando en los sistemas de drenaje de los municipios, que tienen su manera de controlar las descargas. Pero cuando una industria tira su agua a través de la Conagua, no hay control en los municipios ni en las grandes ciudades. Las industrias están descargando sus aguas sin permisos, sin tratamiento”, afirmó Burns.

La académica señaló que hay fábricas que descargan drenajes en canales de riego y las mineras no se molestan en obtener permisos de descarga, aunque están infiltrando sus aguas muy contaminadas a través de presas de jales o estructuras de retención de sólidos.

En el caso de Puebla, se mantiene un conflicto social en la comunidad de Santa María Zacatepec contra las descargas de aguas industriales del Parque Ciudad Textil Huejotzingo a la red de drenaje municipal de Juan C Bonilla, lo cual ha dejado un saldo en el último mes de un enfrentamiento con la Guardia Nacional, un vehículo oficial siniestrado, la quema del campamento de la policía estatal y un poblador detenido.

En el ámbito nacional, Elena Burns citó el caso de la minera María, unidad de Frisco propiedad del empresario más rico del país, Carlos Slim Helú, en el estado de Sonora.

Asimismo, enumeró la minera Buenavista del Cobre, de Grupo México del segundo millonario, Germán Larrea Velasco; así como las mineras del cuarto empresario más rico del país, Alberto Baillères, la Penmont (de Fresnillo) y Peñoles, las cuales tampoco cuentan con permisos de descarga luego de “lavar” los minerales en agua.

Burns dijo que las empresas actúan como si la responsabilidad en cuanto al manejo de las aguas nacionales solo fuera otorgar la concesión relacionado con el punto de toma o del pozo.

En los últimos 30 años, la Conagua ha otorgado más de 554 mil concesiones de 1992 a mayo de 2019 con violaciones a los derechos humanos, y sin ningún sistema efectivo de control sobre la contaminación.

De dicha cifra, admitió que 5 mil concesiones fueron otorgadas para uso industrial y agroindustrial, de las cuales –según el Registro Público de Derechos del Agua– 30.87 por ciento ha ido para empresas como GEO, ARA, Bachoco, Sukarne, Danone, Femsa, Heineken, Lala, Cemex y Apasco, entre otras.

Esto representa al menos 1 mil 781 títulos de concesión al sector industrial desde 10, 25 hasta 50 años, y muchos de ellos prorrogados.

La Coordinadora Agua para Todos alertó que la plataforma Comisión Nacional del Agua en Línea deja vulnerables a los pueblos porque permite que cualquier empresa obtenga concesiones a sus ríos, manantiales o a las aguas subterráneas de las cuales dependen, “sin su conocimiento o consentimiento”.

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