La Contraloría municipal del ayuntamiento de la ciudad de Puebla ha integrado más de una decena de expedientes por anomalías en el proceso entrega-recepción por presuntas anomalías, presuntamente cometidas por exservidores públicos de la administración panista de Adán Domínguez Sánchez, informó la titular de la dependencia, Dulce Lilia Rivera Aranda.
En entrevista, la servidora pública informó que las dependencias en donde se detectaron más irregularidades son Administración, Secretaría de Seguridad Ciudadana y la Tesorería.
Rivera Aranda se reservó las observaciones que hizo la Contraloría municipal para no entorpecer las investigaciones.
Asimismo, expuso que no se hacen señalamientos en específico respecto a algún exfuncionario si no en contra de quién resulte responsable.
Agregó que sigue el proceso de investigación sobre el llamado “hoyo financiero” por un monto de 547 millones de pesos, respecto al cual la Contraloría está a la espera de información que pueda proporcionar la Tesorería.
Expuso que en caso de ser necesario se iniciarían procesos de investigación en contra de exfuncionarios municipales por este faltante de recursos heredados a la actual administración municipal.
El pasado 17 de diciembre, la servidora pública subrayó que la Contraloría realizó 368 observaciones por presuntas irregularidades durante el proceso entrega-recepción.
Ese día, expuso que en caso de que no se solventen las observaciones se podrían iniciar otros procedimientos administrativos, derivados de estas presuntas faltas.
Afirmó que los servidores públicos de la pasada administración tuvieron 10 días para presentarse al ayuntamiento de Puebla para poder tener acceso a la documentación que requirieran, sin embargo no lo hicieron.
“Ya se levantó el acta correspondiente. Una vez que presenten su información se hará la revisión correspondiente y se armará un dictamen que se presentará al cabildo y una vez que se realice este proceso dentro de los dos días siguientes se emitirá la información a la Auditoría Superior del Estado”, agregó ese día.
Rivera Aranda afirmó ese día que ante las anomalías del “hoyo financiero” se abrió un proceso administrativo que podría derivar en inhabilitaciones, sanciones económicas y denuncias penales en contra de exfuncionarios si se observa que se incurrió en diferentes delitos.
Sostuvo que aunque la Contraloría tiene facultades para iniciar una investigación de facto por las anomalías, el proceso se abrió por una denuncia presentada por la Tesorería municipal que expresó argumentos técnicos que sustentan las irregularidades.