El día de ayer la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), presentó el Informe Final del Plan de trabajo de su Mecanismo Especial de Seguimiento al Asunto Ayotzinapa (MESA o Mecanismo Especial), en el que resalta la investigación que se está realizando en el caso se encuentra fragmentada, incompleta y sin una directriz clara de línea de investigación, pues carece de la detención de actores estatales culpables por acción u omisión, esto en el marco de su séptima visita oficial a México.
De manera simultánea la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CDNH), en conferencia de prensa, presentó un documento de mil 266 páginas titulado “Investigación por Violaciones Graves de Derechos Humanos en el caso Iguala. Recomendación 15VG/2018”, que plantea la posibilidad de que 19 normalistas fueran incinerados en el Basurero de Cocula, así como se mostraba en la versión oficial.
Este documento fue dirigido a 16 autoridades de los tres órdenes de gobierno, resaltando al aún presidente de la república Enrique Peña Nieto, consta de 128 recomendaciones a las mismas, para la resolución del caso Ayotzinapa, ya que en el documento se considera que si las corporaciones federales y estatales hubieran actuado de manera pertinente y oportuna los ataques en contra de los normalistas no hubieran ocurrido.
Ante este documento el aún secretario de Gobernación, Alfonso Navarrete, afirmó que el Gobierno de la República aceptará las recomendaciones por violación a los derechos humanos y se analizarán para determinar si esto cambiaría la “Verdad histórica “ sobre la desaparición de los 43 normalistas.
En tanto, el futuro subsecretario de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación, Alejandro Encinas anunció que el próximo lunes 3 de diciembre el nuevo gobierno creará una comisión especial para investigar lo ocurrido en el caso Ayotzinapa, también prometió que se tomarán en cuenta las recomendaciones de CNDH, CIDH y del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) y que no se harán diferencias a los actores involucrados que se investigaran. Afirmó:
“Sea presidente municipal, sea una autoridad federal, sea un elemento de las Fuerzas Armadas, porque no va a haber aquí solapamiento de ninguna autoridad en los actos ilícitos en los que se haya incurrido, en Ayotzinapa y en cualquier otro”.
Informe Final del Plan de trabajo de su Mecanismo Especial de Seguimiento al Asunto Ayotzinapa (MESA o Mecanismo Especial)
Para desarrollar este informe la CIDH, durante los últimos dos años realizó seis visitas oficiales lideradas por las y los Comisionados y el Secretario Ejecutivo, cinco visitas técnicas del personal de la Secretaría Ejecutiva de la CIDH, cinco reuniones de trabajo y cuatro audiencias públicas, elaboró cinco cuestionarios dirigidos al Estado Mexicano con los que indagó el avance de la investigación y la revisión de 618 tomos remitidos por la Procuraduría General de la República (PGR) que contienen su proceder hasta julio del 2018.
En el informe la CIDH externo su preocupación que a más de cuatro años de la desaparición forzada de los 43 normalistas de la escuela Normal Rural de Ayotzinapa no haya un cambio en la narrativa oficial en relación con la línea de investigación del basurero de Cocula, a pesar de lo señalado por la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas Para los derechos Humanos (OACNUDH), el GIEI y el Equipo Argentino de Antropología Forense (EAAF).
Asimismo, en el documento se indica que existen importantes elementos probatorios, como telefonía y balística que permiten establecer la presencia de policías de Huitzuco en escenas de los hechos, razón por la que es importante que se presente nuevamente acción penal por el delito de desaparición forzada en contra de estos policías. Sobre la telefonía, en el informe se indica que la PGR identificó nueve celulares de los estudiantes desaparecidos que habrían tenido actividad posterior a los hechos del caso y dos de ellos habrían estado en manos de autoridades municipales y estatales. En cuanto a Balística se señala que es necesario que se determine la responsabilidad respecto a la destrucción de dieciséis fusiles de la policía municipal de Iguala y se profundice la investigación de nueve fusiles adicionales relacionados en el caso.
En el informe se recomienda que, en relación a la Policía Federal (PF), se contraste la información de las declaraciones con la obtenida en los análisis telefónicos de la PGR y continuar con las acciones de investigación para esclarecer el actuar de tres elementos de la PF y otros de la Policía Ministerial de la Procuraduría Local.
En cuestión de irregularidades cometidas por las autoridades en el caso, la CIDH destaca que sigue pendiente de resolverse un recurso de amparo interpuesto por los familiares ante la conclusión emitida por la nueva titular de la Visitaduría respecto a las irregularidades en las diligencias realizadas en Río San Juan, así como sobre la actuación de un funcionario de la PGR que conforme a lo expresado por uno de los supuestos líderes de Guerreros Unidos, estaría vinculado con grupos criminales.
La CIDH espera que su informe contribuya a orientar la implementación de sus recomendaciones y del GIEI para determinar el paradero de los estudiantes y avanzar hacia una investigación que determine los hechos.