Si bien en la minuta aprobada en la Cámara de Diputados sobre la iniciativa enviada por el Ejecutivo federal para reformar, adicionar y derogar diversas disposiciones de las leyes Minera; de Aguas Nacionales; del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente, y General para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos, en materia de concesiones para minería y agua presenta avances con respecto a la legislación existente, eliminó aspectos sustanciales que buscan reformar la Ley de Aguas Nacionales.
El Consejo Maseual Altepetajpianij y otras organizaciones aglutinadas en la Colectiva Cambiémosla Ya, advirtieron que el dictamen aprobado la semana pasada por la Cámara de Diputados para modificar la Ley Minera, “eliminó las reformas y adiciones a la Ley de Aguas Nacionales, con las que se posibilitaba frenar el despojo, la sobreexplotación y contaminación de enormes volúmenes de agua y limitar así los graves impactos para los pueblos vecinos a las minas”, por lo que hicieron un llamado a que el Senado corrija ese y otros aspectos nocivos de las reformas, ya que ahora se encuentra en la Cámara Alta en espera de ser discutida y votada.
La iniciativa enviada por el Ejecutivo el 24 de marzo y publicada en la Gaceta Parlamentaria el 28 de marzo de 2023, fue presentada por el grupo parlamentario de Morena y aprobada el pasado 20 de abril en la Cámara de Diputados; presenta importantes cambios a decir la Colectiva Cambiémosla Ya y la Alianza por la Libre Determinación y Autonomía, así como de otros estudiosos y ambientalistas de la problemática minera, pero deja fuera aspectos relevantes que estaban incluidos en la iniciativa.
En la versión aprobada y que el Senado debería refrendar destacan el retirar el carácter preferente a la minería sobre cualquier otra actividad; el derecho a la consulta previa, libre e informada, como mecanismo necesario para obtener el consentimiento de pueblos y comunidades indígenas o afromexicanas, antes de que se otorgue cualquier tipo de permiso o concesión sobre los territorios; la prohibición de la minería en áreas naturales protegidas y en zonas sin disponibilidad de agua o zonas en la que la actividad minera ponga en riesgo a la población; la obligatoriedad de un programa de restauración, cierre y postcierre, con obligaciones hídricas y ambientales, desde el inicio de las operaciones mineras, entre otras.
Se espera del Senado que no solo apruebe los puntos anteriores, sino que retome otros que la iniciativa establecía, ya que resulta inexplicable que se hayan cercenado de la minuta aprobada. Por tanto, se está observando el comportamiento no solo del secretario de Gobernación, sino del Coordinador Parlamentario de Morena, buscando encontrar respuestas al hecho de haber recortado los avances que presentaba la iniciativa para frenar el despojo y devastación ambiental que han sufrido pueblos y comunidades a lo largo y ancho del país, al punto de que la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales podría o debería impugnar, dependiendo de lo que finalmente apruebe el Senado.