El Congreso de Puebla aprobó con 34 votos a favor y tres en contra la reforma federal que prohíbe la comercialización de vapeadores y cigarrillos electrónicos, así como producción, distribución y enajenación ilícita de fentanilo.
La medida busca reforzar el marco legal en materia de salud pública y combate al narcotráfico, alineándose con las disposiciones impulsadas a nivel nacional, explicó la diputada Beatriz Manrique Guevara del Partido Verde Ecologista de México (PVEM).
En tribuna, la legisladora del PVEM, aliada del partido gobernante Morena, defendió la iniciativa destacando los riesgos asociados al uso de vapeadores y cigarrillos electrónicos, especialmente entre los jóvenes.
“Estos dispositivos buscan normalizar el consumo de sustancias que son aún más nocivas (que los cigarros). Según la Organización Mundial de la Salud, más de 8 millones de personas fallecen cada año a consecuencia de los cigarrillos tradicionales, y ahora estos dispositivos pueden convertirse en una nueva puerta de entrada al consumo de otras sustancias aún más dañinas”, señaló.
Manrique subrayó la urgencia de actuar para evitar que los vapeadores agraven los problemas de salud pública y presupuestarios, afirmando que los productos, aunque presentados como inofensivos, representan un riesgo sanitario significativo.
Por su parte, Fedrha Suriano Corrales, diputada de Movimiento Ciudadano (MC), criticó la reforma al considerarla ineficaz y basada en un enfoque prohibicionista.
“Creemos que esta reforma no sólo es ineficaz para alcanzar los objetivos que dice perseguir, sino que también pone en riesgo derechos fundamentales, promueve consecuencias negativas en el ámbito social y económico y perpetúa un enfoque fallido”, sostuvo.
La legisladora de oposición argumentó que el prohibicionismo ha fracasado en reducir el consumo de sustancias, fortaleciendo en cambio el mercado negro y exponiendo a los consumidores a productos de baja calidad y mayor riesgo sanitario.
La mayoría legislativa, que encabeza Morena, respaldó la reforma, destacando su carácter preventivo en términos de salud pública y seguridad.
