La presidente de la mesa directiva y coordinadora de la bancada del PAN, Mónica Rodríguez Della Vecchia, avaló la reforma que el gobernador Luis Miguel Barbosa Huerta envió al Congreso local para sancionar hasta seis años de cárcel a quien discrimine a los trabajadores de la salud durante una emergencia sanitaria.
Pidió hacer acompañar la propuesta con acciones que garanticen los insumos y el equipo de protección que necesita el personal hospitalario para hacer frente a la pandemia de coronavirus, así como de aumentos salariales.
Della Vecchia afirmó que la ignorancia ha provocado actos de discriminación contra el personal hospitalario, al que se le ha negado el acceso a diversos servicios como el transporte público.
“Esta reforma por supuesto que es positiva porque debemos proteger a médicos y enfermeras y darles una certeza legal para que nadie los agreda, pero hay muchas otras acciones que se pueden llevar a cabo para respaldarlos en su labor de atender a los pacientes”, enfatizó.
La iniciativa de Barbosa, que se encuentra a la espera de ser dictaminada en la Comisión de Procuración y Administración de Justicia, propone reformar el artículo 357 del Código Penal para imponer de tres a seis años de prisión a quien incite al odio o a la violencia contra el personal médico del sector privado o público, niegue un servicio o una prestación a la que tenga derecho, lo veje o excluya y niegue o restrinja sus derechos laborales.
Pide cambiar la reforma en materia de contaminación visual
La reforma de Barbosa al Código Penal ingresó ayer con una segunda iniciativa del gobierno del estado que sugiere modificar la Ley para la Protección del Ambiente Natural y el Desarrollo Sustentable del estado, con el fin de reducir la contaminación visual que provocan anuncios espectaculares en vías de comunicación estatales y federales.
Mónica Rodríguez anunció que Acción Nacional buscará cambios en la iniciativa debido a que sus disposiciones podrían invadir la esfera de competencia de los 217 ayuntamientos del estado.
Explicó que el proyecto determina que el gobierno estatal regulará no sólo las vías de jurisdicción estatal y federal, sino también una zona adyacente de 300 metros que se contarán a partir del límite de las mismas, por lo que podría abarcar vialidades municipales.
Asimismo, indicó que la propuesta establece que la zona adyacente de las vías de jurisdicción municipal es de 100 metros, sin que se explique las razones por las cuales el tramo es mayor para el caso de las vialidades estatales y federales.